Hola, soy Elena García Cuevas, profesora del departamento
de servicios sociales y fundamentos histórico
-jurídicos, vamos a hablar hoy de sistemas,
servicios sociales y de algo muy importante,
que es la necesaria coordinación en esa red plural
de administraciones públicas.
Nos estamos refiriendo,
como podéis imaginar, a la Administración General del Estado,
a la autonómica y a la local, pero antes de entrar en ello
os quiero recordar algo que es en el manual,
y es que al comienzo de casi todos los capítulos tienes
unas referencias constitucionales.
Pues bien, en el marco de esas referencias
vamos a detenernos.
Un segundo en los principios rectores de la política social
y económica que, como sabe,
allí se contemplan en los artículos 39,
52 de la Constitución.
Por lo tanto, ahí estaría la tercera edad, la discapacidad, la infancia,
familia bueno y con arreglo al artículo 53.
3, también de la Constitución.
Es verdad que estos principios rectores
tienen un carácter informador, no continúen derechos fundamentales,
propiamente nichos, sin embargo, aunque esto ya se dijo en otro foro,
tenemos que recordar que, aunque tienen esa naturaleza
de no configurar derechos directamente exigibles, sin embargo,
tienen un valor normativo muy claro.
Por qué?
Pues porque son parte integrante de la Constitución,
y, por tanto, poseen un valor jurídico indiscutible.
Pues bien, en la nsa, continua tarea descentralización que ha sufrido
nuestro estado autonómico cobra un especial interés y relevancia,
y ese fuerte impulso
que las distintas comunidades autónomas han otorgado
al bienestar social en cómo sabéis las sociedades democráticas modernas
se distinguen, por lo que sería una definitiva preocupación
por esa reducción de las desigualdades de las personas
y la mejora de las condiciones de vida.
La verdad es que a este China estos objetivos,
las administraciones públicas van a poner en marcha poderosas
políticas sociales,
y es un poco lo que vamos a ver.
En este curso se ha transferido, como sabéis,
las competencias, funciones y servicios del Estado
a favor de las comunidades autónomas,
lo que va a exigir, como he dicho al principio,
una extraordinaria labor de coordinación.
De hecho, la provisión de los servicios
y lo que serían prestaciones públicas ligadas al estado de bienestar
ha sido el principal cometido transferido
a las Comunidades Autónomas con arreglo a nuestra Constitución.
También, como sabéis, los poderes públicos
deben realizar una función clarísima de promoción del bienestar.
Son años, si bien tan solo se localiza una referencia expresa,
como sabe si tenéis en el manual de la asignatura
a los servicios sociales en el artículo 50,
con motivo de la tercera edad, los que son los servicios sociales.
Bueno, los servicios sociales
son uno de los sistemas del estado de bienestar,
conjuntamente con la Seguridad Social,
el sistema de salud, el sistema educación, las políticas de vivienda
y otras actuaciones públicas.
En definitiva,
son un instrumento para favorecer la autonomía de las personas,
mejorar las condiciones de vida importantísimo,
eliminar situaciones de injusticia social
y favorecer la inclusión social.
Bueno, esta definición que dado aparece en el preámbulo
de algunas de las leyes y servicios sociales
y las comunidades autónomas,
y todo ello a través de lo que serían las estructuras y servicios públicos
de la administración del Estado, de las comunidades autónomas
y de las corporaciones locales.
Esa red plural y administraciones que he mencionado
al principio y el denominado sistema de servicios sociales
y teniendo en cuenta la amplitud de estos términos,
se configura atendiendo a dos objetivos.
Yo lo reduciría a dos objetivos,
como también ha hecho la doctrina muy importante, es el derecho social
de los ciudadanos a la protección social
y la articulación de competencias en materia en esta materia
en el marco de las comunidades autónomas.
Podríamos definirlo entonces, como el conjunto integrado
y coordinado de programas, recursos, prestaciones, equipamientos
destinados a la atención social de la población y gestionados,
y esto es muy importante por regla general,
por las administraciones autonómicas y locales valle,
de ahí que insistamos tanto en ello en el manual
puede estructurarse, además, como también tenéis en el libro,
en servicios sociales básicos o primarios
y especializados,
y o específicos.
Estos últimos, como su nombre indica,
requieren una especialización técnica o la disposición de unos recursos
determinados.
Como sabéis, en el artículo 148
la Constitución se contemplan las competencias atribuidas
a las comunidades autónomas y en el 149 el siguiente.
Las competencias exclusivas del Estado.
Pues bien, el artículo 148,
en el apartado primero, en la competencia, 20, ya se indica
que las comunidades autónomas podrán asumir competencia
en materia de asistencia social.
Esto ha sido matizado por los respectivos estatutos
de autonomía, como es natural,
y por sus leyes de servicios sociales.
En ese proceso de descentralización que he mencionado
se han ido transfiriendo,
lo que serían las materias de servicios sociales
y asistencia social a todas las comunidades autónomas
con carácter de competencia, casi exclusiva,
reservándose el Estado la regulación de las condiciones que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos
y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.
Así reza el artículo 149.
1, en la primera competencia.
Bueno, por supuesto, el Tribunal Constitucional
ha ratificado la competencia que poseen las comunidades autónomas
en materia de asistencia social.
En consecuencias corresponde a las comunidades autónomas
en el ejercicio, por supuesto, de sus sus competencias,
referidas a la asistencia social.
Estamos tratando la potestad legislativa y reglamentaria,
así como la función ejecutiva,
porque no olvidemos que la comunidad autónoma
será el ámbito propio de inacción de los servicios sociales,
tanto a nivel de planificación genere,
bueno, en este caso regional, gestión de centros especializados,
también la prestación de asistencia técnica, las corporaciones locales
como de coordinación y supervisión en su respectivo territorio.
En esto también ha insistido la doctrina.
De este modo se da cumplimiento a una serie de artículos
de la Constitución que voy a recordar someramente.
El artículo nueve de la Constitución,
que se refiere a la igualdad,
a la libertad, igualdad reales y efectivas.
El artículo 10, 1.
Que se refiere a la dignidad de las personas,
el artículo 14 se refiere, por supuesto,
a la igualdad jurídica.
Igualdad ante la ley, el artículo 39,
que se refiere a la familia; infancia;
el artículo 49 a la discapacidad el artículo 50 la tercera edad etc
etc y a su vez el artículo 148, apartado primero, en la competencia,
17 dispone que la ejecución de los servicios
de la Seguridad Social será asimismo competencia
de las comunidades autónomas.
Por último, hay que recordar la Ley,
siete marra en 1985, de dos de abril,
reguladora de las bases de régimen local,
porque está asigna a los municipios competencias en materia de prestación
de servicios sociales y promoción y reinserción social,
siempre dentro del marco de la legislación del Estado
y de las comunidades autónomas por 100.
Intentaremos grabar una video clase sobre la ley reguladora
de las bases de régimen local,
que creo que es puede interesar muchísimo.
Las leyes de servicios sociales
pretenden potenciar el avance del modelo de Estado social
que consagra la Constitución, buscando el compromiso de los poderes
públicos para obtener los recursos necesarios
que precisan fijarnos lo que os digo,
un sistema universal garantista y de calidad de servicios sociales.
De este modo, la Constitución incorpora a los principios
contenidos en la Declaración Universal de Derechos
humanos de las Naciones Unidas de 1948,
al situar los derechos sociales y económicos al mismo nivel
de importancia que los derechos civiles y políticos.
Los principios que informan las leyes,
servicios sociales también han tenido en cuenta la carta social
europea de 1961.
Esto lo podéis encontrar en los plic ámbolos
y en las exposiciones de motivos de la mayoría
de las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas,
la mayoría de los cuales de las cuales como muy bien sabéis
y hemos insistido en ello en los foros,
han sufrido modificaciones como consecuencia del paso del tiempo
y las nuevas realidades que vive la sociedad en cada comunidad.
Por ejemplo, estos factores entre estos factores,
estaría el envejecimiento de la población,
el riesgo de desigualdades personales o colectivas
las situaciones de dependencia cambios invocando laboral etc
etc otras en cambio se han creado ex novo
o sea que son nuevas promoviendo una red de equipamientos
y también servicios que han hecho posible la implantación
y el desarrollo de los servicios sociales
con distinto alcance en todo el territorio del Estado.
Se observa en todas ellas
la presencia de unos principios inspiradores,
que yo creo que es importante destacar tenemos
el principio de universalidad responsabilidad pública coordinación
solidaridad igualdad globalidad calidad y cómo no descentralización
en concreto el principio de universalidad evoluciona
hacia una nueva consideración de los servicios sociales.
Como derechos subjetivos de las personas.
El principio de igualdad se proyecta hacia el objetivo
de garantizar un nivel mínimo de prestaciones homogéneas
en el principio de igualdad,
y el principio de globalidad permite integrar la acción social
en una dimensión global de quehacer colectivo.
Por eso se habla de una política global
o de un proyecto global, todo ello conduce
a considerar los servicios sociales como esos instrumentos
en orden a conseguir mayores cotas de bienestar social
de los ciudadanos.
Esto también lo podéis encontrar en el Preet
los preámbulos de algunas leyes de servicios sociales.
Por lo demás, como he dicho al principio,
la idea de coordinación y cooperación interadministrativa.
La respectiva comunidad autónoma,
ha sido incorporada y sus leyes de servicios sociales.
Esto era necesario con la intención
de garantizar unas prestaciones mínimas homogéneas
en todo el territorio de esa comunidad
y obtener la máxima eficacia en funcionamiento del sistema
de servicios sociales.
Por este motivo
es importante la regulación de las fuentes de financiación,
un aspecto preocupante, como sabéis,
y los principios generales de coordinación y cooperación
que han de informar la actuación administrativa
de estas leyes autonómicas,
se infieren los objetivos fundamentales
de los servicios sociales.
Solo vamos a destacar algunos, por ejemplo,
el desarrollo pleno y libre
de los derechos de las personas y los grupos,
la garantía en la cobertura de las necesidades sociales
y, por último, la prevención de todas las circunstancias,
de todas aquellas circunstancias que originan la marginación.
Dicho de otro modo, se trata de garantizar la igualdad,
adaptar el sistema de bueno, adaptar todo este sistema
a los procesos de cambio de la realidad social
y promover la plena inserción de las personas y grupos
en la vida comunitaria.
Por eso, en los foros hemos insistido en que se están produciendo
y se van produciendo cambios también en la normativa estatal,
autonómica y local,
debido precisamente a esas las nuevas realidades
que van surgiendo en la sociedad.
Pero lo más importante, las leyes de servicios sociales
o uno de los detalles más importantes,
las leyes y servicios sociales
han sido el resultado de un gran esfuerzo de integración,
de las aportaciones realizadas por los distintos agentes implicados,
haciendo o buscando ese consenso político y social
y también la cohesión y la justicia sociales.
Queda clarísimo que las leyes de servicios sociales
de las comunidades autónomas establecen las competencias
que los distintos estatutos puntos recogen sobre esta materia.
Además, poseen el carácter de ley formal dictada, por tanto,
por la correspondiente cámara legislativa autonómica,
siendo además objeto
de abundante legislación de desarrollo,
y fijaros que hablo de su correspondiente
cámara legislativa autonómica en olvidéis,
que incluso algún autor ha hablado de que existen 17 parlamentos.
Como tenemos 17 comunidades autónomas bueno,
solamente quería recordar esto para que entendiera
es como corresponde a esta cámara legislativa
con el como le informal se incluye expresamente el concepto de cartera,
el concepto de cartera o catálogo de servicios sociales
como instrumento que determina el conjunto de prestaciones
económicas y tecnológicas de la red de servicios sociales
de atención pública,
supuesto, y hemos hablado hace un momento de esas modificaciones
que se han ido observando en estas leyes servicios sociales,
pero también los decretos,
por los que se establecen esos catálogos
y en concreto, ya que lo mencionamos muy recientes,
han sido dos créditos en 2000 veintitres.
Por lo tanto, no se ha podido recoger en el libro
porque esto es muy reciente y hilo y decreto de Extremadura
y de Canarias
por el que se establece ese catálogo de servicios sociales muy interesante
y, bueno.
Por lo demás, hay casi todas las comunidades autónomas
ya disponen de ese catálogo y las que no disponen de ellos
es porque cuentan con una ley de servicios sociales
con amplias prestaciones.
Es importante también recordar
que a partir de la publicación en el diario oficial
y de la Unión Europea en 2014 de nuevas directivas
en concreto fueron las directivas veintitres y 24
de 2014 ha tenido lugar un importante movimiento legislativo, autonómico,
encaminado, arde definir las fórmulas de prestación de servicios sociales,
y el cambio es muy significativo y afecta de lleno
a esa figura tradicional de colaboración privada
con el sistema público de servicios sociales.
Estamos hablando
o nos estamos refiriendo al concierto, el concierto social,
y los aspectos más relevantes de esta reforma
son que se ha acuñado una nueva denominación,
porque ahora se habla de conciertos sociales,
una expresión que casi todos los legisladores autonómicos
han hecho suya y luego la idea de sin fines de lucro.
Este esta idea irrumpe como elemento clave de esta remodelación
de los sistemas sociales autonómicos.
Esa remodelación ha exigido la reforma
de las correspondientes leyes autonómicas, de servicios sociales,
como materia, competen como competencia exclusiva
de las comunidades autónomas, y ese concierto social
es una nueva fórmula para gestionar los servicios sociales.
Y en qué consiste?
Bueno, pues sería el instrumento por medio del cual se produce
la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública
a través de entidades cuya financiación acceso y control
sean públicas públicos.
En en este sentido, nuestra leí nueve barras, 2017, de 8,
de noviembre, de contratos del sector público
supone la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico
español de estas directivas, y esta misma ley,
en 2017 reconoce la competencia en las comunidades autónomas
para la prestación de servicios de carácter social.
Como sabéis, bueno, pues es la figura del concierto social,
se contempla ya en casi todas las comunidades autónomas
como es natural bueno
pues canarias andalucía extremadura navarra valencia bueno
pero hablando ahora de leyes de servicios sociales
y de los cambios que van sufriendo.
También tenemos que mencionar una importante novedad
que tampoco se se ha podido recoger en el libro,
puesto que ha entrado en vigor en enero de 2000 veintitres.
Bueno, pues todos sabéis que se ha aprobado
la ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid
y, de tal manera que se deroga la que teníamos con anterioridad,
que en 2003, en efecto, al amparo de la establecido
en la disposición adicional cuadragésima novena
de esa ley de 2017 de contratos del sector público
y además siguiendo la estela de otras comunidades autónomas,
la ley 12 barra 2000 veintidos, de 21 de diciembre,
de servicios sociales de la Comunidad de Madrid,
que, como he dicho antes,
está vigente desde enero de 2000 veintitres.
Bueno, en concreto, el 11 enero de 2000 veintitres
incluye la primera regulación de conciertos social en Madrid
que antes no estaba como fórmula de prestación indirecta
de servicios sociales.
En este sentido, la profesora lazo Vitoria
es la que destaca todos estos aspectos.
Esta ley de 2000 veintidos reemplaza,
como he dicho y deroga a la Ley 11 barra 2003 de servicios sociales
de la Comunidad de Madrid que teníamos con anterioridad,
la cual no contenía no contenía mención alguna a esta figura
del concierto social.
En el preámbulo de la actual ley de 2000 veintidos insiste en la idea
de que esta modalidad se introduce con el propósito de encontrar,
con un instrumento de colaboración
que permita una mayor estabilidad en lo que es la prestación
de los servicios que redunde siempre en la calidad del sistema público,
que esto es lo que se busca en ellas.
Se destaca que el concierto social,
como ya he dicho antes, insistiendo en poco,
es un instrumento no contractual en sintonía
con lo que establece la ley ni de 2017 de sector público,
contacto al sector público, es decir,
se incorpora la acción concertada como vía contractual perdón
como vía no contractual para la prestación de servicios
a la persona
y sí asume un modelo que excluye el beneficio industrial.
Por eso he dicho antes que está presente la idea
y de sin ánimo de lucro.
Bien entonces vuelvo a insistir que se incorpora esa acción
concertada como vía no contractual,
bien y luego, cómo no, ya que estamos hablando
de novedades.
El proyecto de una ley estatal, como sabéis en el libro,
se menciona de una forma muy acertada que hubo un intento
fracasado en 1983,
de elaborar una ley general que dotara de cierta uniformidad
a los servicios sociales en todo el Estado y bueno,
lo que provocó como también se indica en el propio libro,
provocó detenció que cada comunidad autónoma
promulgara su propia Ley de Servicios Sociales.
Pues bien, como también habréis podido leer.
Es cierto que el gobierno aprobó en enero de 2000 veintitres
la primera ley estatal de servicios sobre servicios sociales,
la cual fija unos mínimos comunes en todo el país
para evitar en la mía lo posible desigualdades bien,
es verdad que falta la tramitación parlamentaria,
pero es muy importante hablar de ello.
Bueno, en síntesis,
y ya para finalizar, podemos decir que la compleja estructura
territorial del estado español se ha traducido en una rural red
de administraciones públicas, central, autonómica y local,
en la que se impone la exigencia de establecer unos mecanismos ágiles
de cooperación interadministrativa ojo,
hablamos de cooperación voluntaria
y en la aplicación de las políticas sociales,
la cual, pues, debe conseguirse entre la comunidad autónoma
y las entidades locales
y ambas administraciones con la Administración General del Estado,
en aquellas materias ojo!
En las que este ostente competencia,
artículo 149 de la Constitución,
olvidéis bueno, y asimismo para ir terminando,
las administraciones públicas deberán fijar mecanismos de coordinación
que permitan dotar al sistema público de servicio gracias
de la coherencia y eficacia necesarias.
Cuando hablamos de coherencia nos referimos a coherencia
de la acción pública en el territorio y también obtener un desarrollo,
podríamos decir, equilibrado de las prestaciones
que garantice la homogeneidad en las oportunidades de acceso
a dichos servicios.
En este sentido, han actuado los conciertos sociales.
Bien, yo siempre repito a esta frase de un autor que es Jordi Sevilla,
un ciudadano, tres administraciones.
Bueno, aquí es donde se ve claramente la importancia
de los conciertos sociales.
Bien, por lo demás, y a modo de de cierre,
podemos decir que la oferta de los servicios sociales
adolece todavía de una heterogeneidad acusada por comunidades autónomas.
Ya nos gustaría que no fuera así pero lo es.
Además, estas han realizado esfuerzos económicos
muy diferentes en el ámbito de las actuaciones
encaminadas a prevenir esa exclusión social
y en combatir la pobreza, lo que de alguna manera
puede encontrar su justificación en la desigualdad,
presencia de estos colectivos en algunos territorios.
Bueno, pues muchas gracias y espero que haya
sido de utilidad para la preparación de la asignatura.