Mi nombre es.
Carlos Hernández Esker.
Soy profesor de Derecho Constitucional.
En el departamento de Derecho Político de la UNED
y en esto ha habido clase,
voy a explicar la composición del Tribunal Constitucional.
Por lo que se refiere al sistema de elección de magistrados,
recogido en el artículo 159 de la Constitución,
en su primer apartado el Tribunal Constitucional
está compuesto por un total de 12 magistrados,
todos ellos nombrados por el rey,
aunque este es un acto de debido refrendado
por el presidente del Gobierno, de esos 12 magistrados,
cuatro magistrados no son a propuesta del Congreso de los Diputados,
que deben proponer a esos cuatro magistrados por mayoría
de tres quintos.
También son cuatro los magistrados propuestos por el Senado,
por la cámara alta de nuevo, por mayoría de tres quintos,
y aquí hay que introducir una precisión,
porque desde la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional
del año 2007 la designación que hace el Senado
debe hacerse entre los candidatos propuestos previamente
por los 17 parlamentos autonómicos, que tienen capacidad
para proponer cada uno de ellos hasta un máximo de dos candidatos,
por parlamento.
En tercer lugar,
dos de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional
son a propuesta del gobierno de la nación
y, por último, dos de los magistrados restantes
son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial,
también por mayoría de tres quintos.
Dentro de ese órgano de esta, de este sistema de selección
de este sistema de elección de los 12 magistrado,
el Tribunal Constitucional se pueden deducir varias notas importantes.
La primera de ellas es que participan en la conformación
de la composición del alto tribunal de alguna forma,
los tres poderes del Estado poder legislativo
a través de los cuatro del Congreso y los cuatro del senador poder
ejecutivo a través de la propuesta de dos magistrados por parte
del gobierno y de alguna forma también el poder judicial,
aunque no en un sentido estricto con dos magistrados,
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial,
que, si bien no es un órgano estrictamente perteneciente
al poder judicial,
si es el el, el órgano de gobierno de del Poder Judicial,
el órgano de gobierno de los jueces y magistrados.
Otra de las notas que hay que destacar es que son, digamos,
las mayorías reforzadas que se establecen especialmente
para la designación de magistrados por parte de el congreso y senado,
mayorías de tres quintos,
mayorías cualificadas, que es su objetivo,
es el de que las principales fuerzas políticas representadas tanto
en el Congreso
como en el Senado sean capaces de proponer candidatos, aceptables,
magistrados aceptables por las distintas
y las principales fuerzas políticas representadas en las cámaras.
Este es el objeto, ese es el objetivo,
este es el espíritu que está detrás de estas mayorías
cualificadas, que sin embargo con el paso del tiempo hemos visto
que en cierta medida se han ido pervirtiendo porque lo que sea esta
lo que se ha ido instalando es un sistema de cuotas entre partidos,
un sistema en el que los principales partidos
para poder alcanzar las mayorías de tres quintos,
en lugar de consensuar candidatos aceptables y de prestigio juristas
de reconocida competencia aceptables para los principales partidos.
El sistema de cuotas lo que consiste
es que se reparte el número de magistrados a nombrar
entre los principales partidos en función del peso parlamentario
que en cada momento tengan cada uno de ellos,
de forma que lo que se digamos se evita el establecimiento de vetos
mutuos y cada fuerza política propone los candidatos más cercanos
sin que la otra fuerza política.
Vete esos esas propuestas, no de alguna forma.
Este proceso de nombramiento se ha ido pervirtiendo
con el paso del tiempo.
En cuanto a los requisitos para ser magistrados
del Tribunal Constitucional recogidos en él fundamentalmente
en el segundo apartado del artículo 159 de la Constitución,
los miembros del Tribunal Constitucional
deben ser nombrados
entre personas que regulan cumulativamente simultáneamente.
Las siguientes tres condiciones en un primer lugar
deben ser.
Deben pertenecer a una determinada extracción profesional,
deben ser o bien magistrados o bien fiscales,
profesores de universidad, funcionarios públicos
o abogados.
Realmente han predominado dos categorías,
no la de profesores de universidad y magistrados,
sin perjuicio de que haya habido también nombramientos
puntualmente de abogados.
Por ejemplo, si bien en un primer momento
predominaban los profesores de universidad.
En las últimas renovaciones cada vez es más habitual
la presencia de magistrados de miembros del Poder Judicial
entre los nombrados como miembros del Tribunal Constitucional.
El segundo requisito, la segunda condición
para ser magistrado del Tribunal Constitucional,
es contar con más de 15 años de ejercicio profesional
en cualquiera de esa de esas profesiones, que es
un requisito que para algunos es quizás demasiado poco tiempo
no podría haberse sido más exigente en cuanto al número
de años para, digamos, garantizar una dilatada trayectoria profesional
por parte de los miembros del Tribunal Constitucional,
y en tercer lugar está el requisito de que deben ser juristas
de reconocida competencia, y esto es como se suele denominar,
un concepto jurídico indeterminado.
No está claro o podía haber discrepancias
en torno a qué es ser, qué significa ser un jurista
de reconocida competencia,
y esto es una condición que en realidad a otros,
a bastante margen de maniobra
a cualquiera de los órganos constitucionales que participan
en la propuesta de magistrados del Tribunal Constitucional.
En cuanto a la duración del mandato de los magistrados
y del presidente del Tribunal Constitucional
y sus renovaciones.
Aquí la regulación se encuentra en el tercer apartado del artículo
159 en el artículo 160 de la Constitución Española.
Los miembros del Tribunal Constitucional
son designados por un periodo de nueve años.
Ese es el mandato y la duración del mandato general
de cualquier magistrado
que pasa a formar parte del Tribunal Constitucional.
En cuanto a su renovación, el Tribunal Constitucional
se renueva por terceras partes, por tercios,
es decir, cada vez que se produce una renovación
son cuatro de los 12 magistrados los que están afectados
por esa renovación, y esto sucede cada tres años.
Hay un tercio que corresponde a renovar al Congreso,
otro tercio al Senado,
y, por último, hay un último tercio que comparten Gobierno
y Consejo General del Poder Judicial
al designar cada uno de estos dos órganos constitucionales,
dos magistrados cada uno de ellos forman parte del mismo tercio
y debe proceder a renovación simultáneamente a la.
También puede suceder,
y de hecho es ha sido habitual en la práctica del tribunal
que se produzca aunar un retraso en la renovación que los órganos
encargados de proponer la renovación de magistrados.
Se retrasen en esa tarea y en ese caso lo que sucede
es que se prorrogan las funciones de los magistrados del tercio
que debería ser renovado; continúan ejerciendo como magistrados
en plenitud de facultades y, una vez se produzca la renovación,
una renovación, digamos, con retraso.
Con posterioridad a la fecha,
que en principio debería haberse producido la renovación,
esos nuevos magistrados designados a esos
se les va a restar de su mandato, de esos nueve años,
el tiempo que haya durado el retraso en la renovación,
es decir, si un determinado tercio se renueva
con pongamos por caso dos años de retraso,
los nuevos magistrados se verán reducido su mandato
en dos años en lugar de 9, tendrán un mandato de 7.
Por lo que respecta al presidente del Tribunal Constitucional,
este va a ser nombrado entre los miembros
entre los 12 magistrados que conforman el Tribunal Constitucional
por el rey como un acto debido,
pero a propuesta del pleno del tribunal
es el pleno del tribunal, los 12 magistrados,
los que van a encargarse de nombrar proponer presidente,
que lo será en principio por un periodo de tres años.
Por último, en cuanto a lo que se refiere
al estatuto de los magistrados del Tribunal Constitucional,
aquí tenemos que atender a los apartados cuarto
y quinto del artículo 159 de la Constitución,
y lo primero que hay que decir es que los miembros
del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles
en el ejercicio de su mandato.
Esto significa que no pueden ser destituidos
o suspendidos salvo por las causas legalmente previstas
en la ley orgánica del Tribunal Constitucional
y esto es obviamente una garantía de independencia
disfruta además de un régimen de incompatibilidades muy parecido
al de los jueces y magistrados que integran el poder judicial,
bastante similar,
condición del miembro del tribunal del Tribunal Constitucional.
Va a ser incompatible con, y aquí sí que encontramos una diferencia
respecto a lo que sucede con los jueces y magistrados
del Tribunal Constitucional.
Va a ser incompatible con el desempeño de funciones directivas
en un partido político o en un sindicato
y con el empleo al servicio de los mismos,
mientras que jueces y magistrados del Poder Judicial
no pueden pertenecer a partidos políticos,
quieren restringidos ese derecho de asociación
los magistrados del Tribunal Constitucional?
Si pueden llegar a ser afiliados a partidos políticos,
lo que no pueden es desempeñar funciones directivas
en partidos políticos y sindicatos o estar tener un empleo al servicio
de esos partidos.
De hecho,
ha sucedido que ha habido magistrado del Tribunal Constitucional
afiliados a algún partido, algún partido político,
cosa que para algunos es algo criticable
en la medida en que puede cuestionar la imagen de imparcialidad
de esos magistrados en asuntos que afecten directa o indirectamente
a esos partidos políticos.
También la condición de miembro del Tribunal Constitucional
es incompatible con cualquier tipo de mandato
representativo en distintos niveles de representación a nivel nacional,
autonómica, local.
Es incompatible con cargos políticos administrativos.
Desde luego.
También es compacta, incompatible con el ejercicio
de las carreras judicial y fiscal y por último,
con cualquier otra actividad profesional o mercante o mercantil.
Hasta aquí la ha habido clase.