Un saludo a todos.
Mi nombre es María Salvador Martínez.
Soy profesora de Derecho Constitucional
en el departamento de Derecho Político de la UNED
y con esta villa clase
quería ofrecerles algunas algún apoyo,
alguna explicación para el estudio de la lección decimotercera
del programa de Derecho Constitucional,
tres en el grado de derecho que está dedicada
a las comunidades autónomas,
pero puede servir también espero que sirva también de ayuda o de apoyo
a cualquier estudiante que quiera saber un poco más sobre este tema.
La clase que están viendo tiene por objeto a explicar
algunas ideas fundamentales que puedan ayudar al estudio
de las comunidades autónomas,
que son las entidades territoriales que componen,
o que expresan la descentralización política en el estado autonómico,
que es la forma de organización territorial que nos hemos dado
a partir de la Constitución de 1978.
Sobre estos entes territoriales vamos a explicar dos cosas,
o nos vamos a centrar en dos aspectos.
La organización y la financiación.
Sobre la organización de las comunidades autónomas,
la idea fundamental que debe presidir el estudio de la organización
de estos entes territoriales es la idea de autonomía organizativa,
la autonomía política que la Constitución
concede al estos entes territoriales significa no solo autonomía
para ejercer determinadas competencias,
sino también autonomía para decidir cómo organizarse.
Para el ejercicio de esas competencias
la decisión organizativa condiciona el desempeño de las competencias.
Por eso forma parte del ámbito de autonomía
que la Constitución reconoce a los entes territoriales.
Veamos cuáles son las previsiones constitucionales
sobre esa autonomía organizativa en bueno,
la prostitución contiene, en primer lugar,
la presupuesto de que serán las comunidades autónomas
las que definan, decidan, diseñen sus propias instituciones
a través de los estatutos de autonomía.
Eso es lo que se deduce de de los que las de los artículos
de la Constitución,
que se refieren a esta cuestión,
y, una vez reconocida esa autonomía organizativa,
lo que la Constitución contiene son simplemente
dos previsiones concretas que,
si condicionan el ámbito de autonomía de las comunidades autónomas,
si que lo lo delimite, lo limitan de alguna manera.
La primera previsión limitadora que contiene la Constitución
se refiere a las comunidades autónomas
debía rápida.
Estas son las las comunidades que desde el primer momento
pudieron acceder al nivel más alto de competencias
y que lo hicieron a dame,
además aprobando un estatuto de autonomía
por un procedimiento diferente al de las comunidades autónomas,
autónomas, de régimen general o también llamaradas,
debía lenta.
Qué ocurre con estas comunidades autónomas?
Estas comunidades desde el primer momento
podían acceder al máximo nivel de competencias,
lo que incluía necesariamente, con seguridad,
acceso a competencias legislativas.
Eso significa que si hay competencias legislativas debe existir un órgano
diseñado para el ejercicio de competencias legislativas,
es decir, debe existir una asamblea legislativa.
Por eso, respecto a estas comunidades autónomas debía rápida
la Constitución, exige que en los estatutos
de autonomía se diseñe una asamblea legislativa,
un consejo de gobierno y un presidente,
es decir, órganos legislativos y órganos ejecutivos,
que serán, que son los necesarios para poder ejercer de manera
adecuada competencias legislativas y ejecutivas.
La segunda previsión que contiene la Constitución
es la exclusión de la función jurisdiccional,
la lista de competencias que las comunidades autónomas
pueden asumir.
La función jurisdiccional
está atribuida por la Constitución de manera exclusiva al poder judicial
y el poder judicial además es único
a lo largo de todo el territorio,
de manera que no cabe que las comunidades autónomas
asuman funciones jurisdiccionales ni diseñen órganos que ejerzan
funciones jurisdiccionales, Poder Judicial,
pero también órganos de tipo, Tribunal Constitucional o órganos
similares, como se ha desarrollado el modelo de organización territorial
a partir de estas previsiones constitucionales.
Bueno, pues en las primeras las los primeros estatutos de autonomía
de las comunidades autónomas debía rápida.
En efecto,
diseñaron un modelo que atendía a las previsiones constitucionales.
Asamblea consejo de gobierno, presidente,
y con asumiendo una relación entre estos órganos,
que es característica o típica del de una forma de gobierno parlamentaria,
de un modelo parlamentario.
Este modelo se extiende a las demás comunidades autónomas,
en los pactos autonómicos de 1981 se consolida también en las reformas
de los estatutos que tienen lugar a finales de los años 80 90.
El resultado es que en todas las comunidades autónomas
el modelo organizativo es el propio de la forma
de gobierno parlamentaria.
Asamblea legislativa, órgano ejecutivo
relación de colaboración y control entre ellos.
La excepción la representan las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla.
Por otra parte, tienen un régimen diferentes,
son ciudades autónomas, no comunidades autónomas,
tienen competencias diferentes,
fundamentalmente administrativas y, por lo tanto,
su modelo organizativo es distinto, el más más propio
de una entidad territorial con autonomía administrativa
y no con la autonomía política.
Veamos a continuación muy rápidamente los órganos
de las comunidades autónomas,
sobre todo para ver las diferencias que presentan respecto
al modelo de organización de los órganos centrales del Estado,
porque, como acabamos de decir finalmente,
aunque la Constitución reconocía a una margen muy amplio de decisión
a las comunidades autónomas a la hora
de que estas decidiesen el diseño de sus instituciones, finalmente,
las comunidades han adoptado un modelo que prácticamente es igual
al de los órganos centrales del Estado.
En relación con las asambleas parlamentarias,
la primera diferencia importante es que tienen
una estructura unicameral.
Mientras las cortes generales tienen otras cámaras
porque, bueno, existe una segunda cámara,
que es la cámara de representación territorial,
y estos en estas asambleas no tiene sentido.
Segundo elemento importante.
El sistema electoral, el sistema electoral
de las asambleas parlamentarias autonómicas,
debe ser un sistema proporcional en el que se reflejen
de manera correcta la representación de los diferentes territorios.
Esa es una de las de las dos exigencias específicas que contienen
la Constitución sobre la organización de las instituciones parlamentarias.
Esta es una de las todas las siguientes.
La mencionaremos al hablar del presidente.
La Constitución
lo que exige es un sistema electoral proporcional
que atienda o que respete la representación
proporcional y plural de los distintos territorios.
Pero más allá de eso,
el resto de decisiones distritos sistema de atribución de escaños,
tipo de listas quedaba a la libertad de las, de las de los estatutos
de autonomía de las comunidades autónomas,
que podrían haber establecido otros sistemas electorales,
pero que en la práctica son muy, muy, muy similares al sistema
que se utiliza para las elecciones al congreso.
El estatuto de los parlamentarios muestra un de diferencias
con el estatuto de los diputados y senadores.
La inmunidad está limitada, excluye la necesidad de suplicatorio
para procesar a los parlamentarios y los aforamientos también tienen.
Presentan alguna diferencia
y están desapareciendo en las reformas
de algunas comunidades autónomas.
En organización y funcionamiento no hay prácticamente diferencias,
siquiera mencionar la existencia de subgrupos
e intergrupos parlamentarios, pero no tienen una trascendencia,
un reflejo decisivo en la actividad de las asambleas autonómicas
y en cuanto al ejercicio de las funciones,
quizás la única diferencia es la que se deriva de las algunas
de formas que se han producido en los últimos años
en algunos estatutos de autonomía,
que permiten una mayor participación de los ciudadanos,
no solo a través de las iniciativas legislativas,
sino también a través de la presentación de enmiendas
o participando a través de la presentación de preguntas al gobierno
y, bueno, algunas posibilidades similares.
El presidente de la comunidad autónoma,
bueno, es también muy similar al presidente del Gobierno,
la investidura es el proceso a través del cual se elige al presidente,
y en este caso, a diferencia del presidente
del Gobierno, hay, existe un requisito
y es que el presidente debe ser también parlamentario.
Este es, junto con el sistema electoral proporcional,
la segunda exigencia que contiene la Constitución
respecto a la forma de organización o de diseño del presidente
de la comunidad autónoma y otras diferencias,
pues en el proceso de investidura no interviene,
el Jefe del Estado sino el presidente de la asamblea,
y también hay algunas comunidades autónomas,
algunas pequeñas diferencias para evitar la disolución
anticipada.
Si en dos meses no se consigue una investidura
y evitar así la disolución de la Cámara Cámara,
hay limitación de mandatos en alguna comunidad autónoma
que no existen.
En relación al presidente del Gobierno,
y en cuanto a las funciones, sí que merece la pena.
Sí que deben entender que hay una diferencia importante
con la figura del presidente del Gobierno,
porque el presidente de la comunidad autónoma,
además de asumir la función de dirigir el gobierno autonómico
y la administración autonómica,
cumple una una doble función representativa.
Es por un lado,
el supremo representante de la comunidad autónoma
de la represente, ejerce la función de representación
de la entidad territorial de la comunidad autónoma
y al mismo tiempo también ejerce otra tarea que es,
digamos, la, la, la otra cara es el representante del Estado
en la comunidad autónoma tiene.
Cumple esa doble representación.
En relación al gobierno autonómico,
pues prácticamente no hay ninguna diferencia en su diseño
y en su las normas que regulan su funcionamiento.
Como cabe mencionar la vamos, a diferencia sustantiva
de que el gobierno autonómico dirige la administración autonómica,
que es el entramado administrativo
autónomo diferente de la Administración General del Estado,
no a través del cual se ejercen las competencias ejecutivas autonómicas,
pero que, no obstante, está sujeta a las mismas principios
que la Constitución establece para todas
las administraciones públicas y casi bueno,
como de manera anecdótica en el País Vasco,
mencionar en el País Vasco.
Existe una moción de reprobación que permiten cesar a algún miembro
del gobierno diferente del presidente del presidente,
si se aprueba una moción de reprobación, que es,
digamos, una pequeña moción de censura de consejero
y existen además otros órganos que establecen
los estatutos de autonomía, que son también similares
a los órganos centrales Defensor del Pueblo,
tribunal de cuentas, agencias de protección de datos
y que tienen también un diseño muy similar.
Segundo aspecto al que quería referirme,
la financiación.
Aquí otras cuestiones.
La primera, los principios constitucionales, que son 3,
autonomía financiera.
La autonomía política
decíamos al principio supone también autonomía organizativa
y debe suponer también autonomía financiera.
No tiene sentido reconocer autonomía política y competencias
a unas entidades territorial si luego no van a poder disponer
de los medios necesarios para ejercerlas.
Por eso, la autonomía incluye también autonomía financiera
que significa.
Significa suficiencia de recursos,
debe tener suficientes recursos para ejercer las competencias,
no significa competencia para decidir sobre los propios recursos
y significa también autonomía de gasto y libertad para decidir
cómo se gastan esos recursos, principio de coordinación,
imprescindible entre la, por la, sin por el simple hecho
de que van a existir diferentes haciendas,
Hacienda, central, haciendas autonómicas
y la coordinación se desarrolla sobre todo a través del consejo
de política fiscal y financiera
y principio de solidaridad.
En el ámbito
de la financiación, que es el reflejo del principio general de solidaridad
y que se concreta en la existencia de diferentes mecanismos de compensación
económica, estos principios se han proyectado sobre,
se han proyectado
y de ellos ha resultado un determinado sistema
de financiación de las comunidades autónomas,
que en realidad son dos regímenes de financiación,
un régimen como un régimen general que cuenta con diferentes ingresos,
pero en el que principal.
La idea es que los principales tributos son,
corresponden al estado central,
que los ha cedido en parte y hay un régimen especial,
sin embargo para Navarra y el País Vasco,
que deriva de la existencia de los derechos históricos
recogidos en la propia Constitución,
que responde a una lógica precisamente distinta.
Aquí sí que se produce una gestión propia
de los tributos en esos territorios
y hay además una compensación al Estado
por los servicios que el Estado presta.
Es el conocido cupo vasco o la aportación navarra.
El régimen de financiación ha,
no está, no se encuentra en la Constitución,
como todos los elementos del modelo se ha ido construyendo
a medida que se construía el estado autonómico
y ha sufrido diferentes reformas, y es y es un sistema
que constantemente está sujeto a revisión.
De manera que es posible
que en los próximos años sufragar también reformas importantes.