Hola como están, espero que bien.
Mi nombre es Patricia Nieto Rojas, soy profesora de derecho del trabajo
y de la seguridad social en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Educación a estancia
y formó parte del claustro docente de máster de Derechos Humanos.
El objeto de este vidrio es una clase sobre el derecho
a la asistencia sanitaria de los extranjeros residentes
en España en situación administrativa irregular,
que se enmarca dentro del bloque
de la asignatura de derechos sociolaborales de los extranjeros.
Pues bien, para enmarcar cuál es el marco regulador
del derecho a la asistencia sanitaria, que es una concreción
o una dimensión del derecho a la salud,
hay que partir de un dato básico,
y es que toda la normativa internacional,
el derecho internacional de la protección social
reconoce a la salud como un derecho humano fundamental
e indispensable para el ejercicio de los más de los demás derechos.
Así lo hace y en esos términos
concretamente el artículo 12 del pacto internacional
de derechos económicos, sociales y culturales de la.
Por tanto, el acceso al sistema nacional
de salud en condiciones de equidad y de universalidad
es un derecho primo primordial de toda persona.
La garantía del ejercicio de este derecho
y la protección efectiva
de la salud de la ciudadanía cobra aún más importancia
cuando quienes se ven privados de una asistencia sanitaria
normalizada son colectivos de una especial vulnerabilidad,
amenazados muchas veces por la exclusión social,
como es el caso de la población extranjera
no registrada ni autorizada a residir en España.
Seguidamente, es relevante enfatizar en que el España
como parte de la Unión Europea
tiene que observar el ordenamiento jurídico supranacional,
y en el artículo 35 de la Carta de derechos fundamentales
de la Unión Europea se reconoce el derecho
de toda persona a la prevención sanitaria
y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones
eso sí establecidas
por las legislaciones y prácticas nacionales.
Al tiempo insta que cuando se hayan de definir
y ejecutar todas las políticas y acciones de la Unión
se ha de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana.
Además, tengan en cuenta que el artículo 11
reconoce el derecho de toda persona a beneficiarse
de cuantas medidas le permitan gozar un mejor estado de salud al tiempo.
El artículo 13
reconoce que toda persona que carezca de recursos suficientes
tendrá derecho a asistencia social y médica
y claramente interrelacionado con la carencia de recursos.
El artículo 30 de la carta social europea
reconoce el derecho de toda persona a la protección contra la pobreza
y a la exclusión social.
Interpretando estos derechos el comité de derechos sociales
europeos afirmó que la protección debía extenderse también
a las personas que estuviesen en situación administrativa
irregular, pero, como ustedes bien saben,
el modelo constitucional de reconocimientos de derechos,
tanto en lo que hace a la Seguridad Social,
como lo que hace a la protección de la salud,
se contienen respectivamente en el artículo 41 el artículo 43
de la Carta Magna,
y así se configuran como principios rectores
de la política social y económica en el estado social y democrático
de derecho, en el que se configura el Estado Español.
En lo que hace a la Seguridad Social se mandata al desarrollo legal
de un modelo público de Seguridad Social
que atienda situaciones de en ese cese edad,
significadamente ante la pérdida de empleo,
un derecho por tanto de estricta configuración legal,
siendo decisión del legislador tanto la intensidad
como el acceso a las prestaciones creadas para la protección
de esas situaciones de necesidad entre las que se desarrolla
el derecho a la asistencia sanitaria.
Y qué ocurre con el derecho a la salud?
Se reconoce en el artículo 43
que el derecho a esa protección de la salud
y compete a los poderes públicos.
Señala el apartado segundo del artículo 43
organizar.
Hay tutelar la salud pública a través de medidas preventivas
y de las prestaciones y servicios necesarios.
La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
Finalmente, termina el apartado tercero de este artículo 43
con un mandato hacia los poderes públicos tendente
a fomentar la educación sanitaria, la educación física
y el deporte.
Asimismo, facilitará la adecuada utilización del ocio,
entendiendo la salud desde una perspectiva integral
u holística.
Qué ocurrirá con la concreción normativa en el marco legal
del derecho a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras
en situación administrativa irregular?
Como ustedes saben, el artículo 12 de la ley orgánica de extranjería,
aprobado a través de la ley orgánica cuatro 2002 reconocía el derecho
a todos los españoles y extranjeros en territorio nacional
vinculaba el derecho a la estancia en el estado español,
que ocurrió que dos años después hubo un importante,
una importante modificación normativa
en el tema que aquí estamos explicando.
Esa modificación se produjo a través de un real decreto
-ley, norma de extraordinaria y urgente necesidad
para hacer frente a las disposiciones presupuestarias
aprobada en el año 2002
concretamente a través del real decreto ley 16 2012,
de 20 de abril,
tendente a establecer un una batería de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad económica del sistema nacional
de salud y mejorar la calidad y seguridad,
seguridad de sus prestaciones.
Y cómo afecta esta modificación legislativa
a los extranjeros en situación administrativa irregular?
Pues afecta de manera notoria
toda vez que se modifica la condición de asegurado,
regulada en la Ley 16 2003,
añade en el artículo tercero que aquellas personas extranjeras
no registradas ni autorizadas como residentes en españa
recibirán asistencia sanitaria exclusivamente en casos de urgencia,
por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica
y se asistirá al embarazo, parto y postparto
y, en todo caso, se garantiza el derecho a asistencia sanitaria
a los extranjeros menores de edad.
Esta modificación, realizada en el 2012
revertida a través del real decreto
-ley 7, 2018, de 27 de julio,
sobre el acceso universal al sistema nacional de salud,
que señala su exposición de motivos,
que trata de reconducir el derecho a la protección de la salud
y a la atención sanitaria en nuestro país,
a la vía de la universalidad veremos cómo esa universalidad
declarada en la exposición de motivos no se materializan
no ni verse salidas en lo que hace al ámbito subjetivo
del derecho tengan en cuenta, y esta idea es relevantísima,
que habida cuenta que tanto la asistencia sanitaria
como prestación del sistema público es seguridad social,
artículo 41 de la Constitución, como la protección a la salud,
en el artículo 43 se configuran como principios rectores
de nuestro modelo socioeconómico son.
Estamos hablando de derechos, de estricta configuración legal
y, por tanto,
es el legislador el que modula la intensidad del derecho.
Tengan en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
en las sentencias 236, 2007 o 139, 2006, el derecho a la protección
de la salud y a la asistencia sanitaria
en tanto que derecho de configuración legal
es a susceptible de ser modulado ve por tanto es posible
que en su aplicación se limite a los extranjeros
por la normativa vigente que normativa vigente,
la interacción entre la legislación de extranjería y la legislación
de Seguridad Social tengan en cuenta que en nuestro ordenamiento es
el Instituto Nacional de la Seguridad Social el organismo competente
para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria,
habida cuenta que la Seguridad Social es una legislación cuya competencia
radica en el Estado y, por tanto,
ese lis el que reconocerá el derecho a la asistencia sanitaria
a las personas, bien en su condición de asegurado,
bien en su condición de beneficiario.
Ahora bien,
la interacción entre el derecho a la asistencia sanitaria
y el derecho a las salud y el reparto con potenciales,
lo que hace a la sanidad nuestro estado autonómico,
hace que sean los servicios de salud gestionados en el ámbito autonómico,
los que acreditan el derecho emitiendo la asistencia sanitaria.
Tengan en cuenta que con la entrada en vigor del real decreto
-ley 7, 2018 se establece un entramado complejo
en el que el Ministerio de Sanidad,
dependiente de Gobierno de España, es el organismo competente
para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria,
aunque los derechos vinculados a la prestaciones de salud
se gestionen por las comunidades autónomas.
Pues bien, avanzando en el marco normativo
del derecho a la asistencia sanitaria,
a los extranjeros en situación administrativa irregular,
el marco regulador se contiene en el artículo
que ven en su pantalla.
Concretamente, el artículo tres del real decreto
-ley 7, 2018 nos refiere, que son titulares del derecho
a la protección de la salud todas las personas con nacionalidad
española y aquellas personas que sean extranjeras,
pero que tengan establecida su residencia
en el territorio español.
Ahora bien, los extranjeros tendrán derecho
en las mismas condiciones a la asistencia sanitaria
que las personas con nacionalidad española
siempre que cumplan algunas condiciones que condiciones,
por un lado no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria
de la prestación sanitaria
por otra vía bien en virtud de lo dispuesto
en el derecho la Unión Europea y en el reglamento de coordinación
o bien en los convenios bilaterales
suscritos por españa con terceros países.
De igual modo, tendrán derecho a la asistencia sanitaria
sufragada a cargo el sistema nacional de salud,
si no pueden exportar, el derecho de cobertura sanitarias
de su país de origen o procedencia o en tercer y último lugar,
si no existe un tercero obligado al de la lectura del precepto referido
en la transparencia anterior.
Convendrán que el derecho se vincula a la residencia en España
en lo que hace a los extranjeros.
Ahora vean ese derecho a asistencia sanitaria.
También puede estar reconocido a otras personas que sin residir
habitualmente en el territorio español
han reconocido el derecho a la asistencia sanitaria en España
por cualquier otro tipo, jur?
Otro título jurídico tal sería los que quedan incluidos
en la acción protectora de la Seguridad Social
y en el reconocimiento que esta hace al derecho a la asistencia sanitaria
o como ocurría con los trabajadores y pensionistas
a los que el real decreto ocho 2008, de 11 enero,
por el que se regula la prestación por razón de necesidad
a favor de españoles residentes en el exterior y retorno retornados,
toda vez que esa normativa reconoce a estas personas el derecho
a la asistencia sanitaria.
Qué ocurre?
Que la supuesta universalidad con la que el real decreto
-ley sí dictada en el año 2018
titula el derecho a la asistencia sanitaria
se condiciona en realidad a la residencia en España
por un período superior a 90 días.
Tanto es así que la atención a las personas extranjeras
sin permiso de residencia en situación denominada
de estancia temporal esto es menor de 90 días establece un derecho
a la asistencia sanitaria con una clara limitación,
toda vez que para poder reconocer el derecho a esas personas,
es decir, a las personas extranjeras
que se encuentran en situación de estancia temporal
de acuerdo con lo previsto en la legislación de extranjería,
será preceptiva, es decir,
obligatoria la emisión de un informe favorable de los servicios sociales
que reconozca a estas personas el derecho de asistencia sanitaria
y, y tan importante es saber cuál es el ámbito subjetivo
y cómo se reconoce el derecho a asistencia sanitaria
a las personas extranjeras en situación administrativa irregular
en nuestro marco normativo y el importante impulso
que a este derecho se contuvo con el real decreto ley siete 2018,
como saber cuál es la financiación de este derecho,
tengan en cuenta que la modificación que se hace en el año 2012
se se hace con un ánimo de contención del gasto sanitario
para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud.
Tanto es así que en la reforma que se hace a ese ese marco normativo,
a través del real decreto ley 7, 2018, se establece
una cierta tipología de cautelas en lo que hace a la financiación.
Por tanto, la asistencia sanitaria
irá sufragada con cargos públicos siempre que, en primer lugar,
no exista un tercero obligado al pago.
En segundo lugar, no se tenga la obligación
de acreditar la cobertura obligatoria por otra vía,
y en tercer y último lugar, no se pueda despertar.
El derecho de cobertura sanitaria desde el país de origen
del extranjero que le pudiera reconocer hipotéticamente ese derecho
y la capacidad de exportar esas cautelas, son necesarias,
pero es importante saber que con el marco normativo vigente,
aprobado a través del real decreto ley siete 2018,
que no pueda acreditar por ninguna vía el derecho
a la asistencia sanitaria,
tendrá reconocido nuestro ordenamiento
el derecho a la asistencia sanitaria y serán las comunidades autónomas
las que gestionando los servicios públicos de salud están determinando
el procedimiento de expedición de la tarjeta sanitaria,
que permite a los extranjeros en situación administrativa irregular.
Acreditar su derecho al acceso gratuito
a la asistencia sanitaria.
Esto ha dado lugar de facto a una situación territorial
muy fragmentada, con 17 sistemas sanitarios autonómicos,
que muchas veces establecen requisitos administrativos
diferentes.
Esa complejidad,
la gestión del reconocimiento y ejercicio del derecho
es una consecuencia de nuestro modelo competencial,
lo que hace a la asistencia sanitaria en el que converge parte de normativa
de la Seguridad Social, habida cuenta que la asistencia sanitaria
es una de las prestaciones posibles
que reconoce la legislación de Seguridad Social;
y otra parte, una referencia vinculada al desarrollo del derecho
a la salud,
contenido en el artículo 43 de la Constitución
y cuya competencia han asumido las comunidades autónomas
en un estado descentralizado como es el Estado Español.
Pues bien, termino ya,
el objetivo de estabilidad clase era que conociesen,
como el derecho internacional de la protección social
reconoce el derecho a la salud, como un derecho fundamental
del que penden el ejercicio de otros derechos,
y también así lo reconoce la normativa comunitaria que España
tiene que aplicar.
Ahora bien, habida cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico
tanto el derecho a la Seguridad Social
como el derecho a la salud se regulan en la Carta Magna,
en el artículo 41 en el artículo 43 estamos hablando de un derecho
de estricta configuración legal.
Por eso hemos asistido en estos últimos 15 años
a diferentes formas de reconocimiento del derecho en algunos limitando
el acceso a la cobertura a los personas extranjeras
en situación administrativa irregular y en el vigente marco normativo,
regulado a partir del Real Decreto Ley siete 2018,
que, aunque ciertamente reza en su título,
el acceso universal al sistema nacional de salud,
hemos visto que el ámbito subjetivo
que reconocerse real decreto no alcanza esa nuevas salidas,
toda vez que deja en el limbo jurídico
a las personas extranjeras en situación administrativa
irregular, que permanecen en territorio español,
un periodo inferior a 90 días
y que no han obtenido el preceptivo informe de servicios sociales,
toda vez que se esas personas no tendrán reconocido el derecho
a la asistencia sanitaria en nuestro sistema público
de protección social.
Termino con estas últimas reflexiones esta vídeo clase
y quedo a su disposición
por si tuviesen cualquier duda o aclaración adicional
que gustosamente resolveré en el foro de la asignatura.