Pues muy buenas tardes a todos.
En este momento va a dar comienzo
la mesa titulada al principio de oportunidad del seminario
hacia un nuevo modelo de justicia penal,
en la que se enmarca en el ámbito de cuatro instituciones,
como son el Ministerio de ciencia
innovación el Instituto de criminología
de esa sección Sevilla la Facultad de Derecho de la UNED
y la literal bolquer, clubes.
La ley, los tres proyectos del ministerio que hacen
posible la celebración del Día de de esta jornada
son los siguientes.
Transición digital de la justicia, el acceso a la justicia
de las personas vulnerables y ejes de la justicia.
En tiempos de cambio
y estoy aquí acompañado de tres amigos,
vamos a disertar hablar y a compartir opiniones
sobre el principio de oportunidad.
Voy a hacer una breve presentación.
Aquí a mi derecha tengo a don Jacobo baja de Quiroga,
es amigo y maestro, es magistral al Tribunal Supremo
y además es el presidente de la sala de hormiguitas,
del Tribunal Supremo, a mi izquierda
tengo a don víctor moreno catedrático de derecho procesal
de la Universidad Carlos tercero de Madrid,
y allí a mi derecha también.
Tengo a don vicente Guzmán que es catedrático de derecho procesal
de la Universidad, Pablo a la vida de Sevilla,
y yo aprovecho para presentarme.
Soy Miguel Ángel final y soy magistrado y coordinador
del gabinete técnico de la sala de lo penal del Tribunal Supremo
sin más preámbulo en el orden que hemos establecido,
sin perjuicio de que pagábamos cuando queráis cortarnos,
establecer un debate,
queríamos conocer la opinión Jacobo, en primer lugar,
y queríamos en este ámbito del principio de oportunidad,
saber qué opinión te merece la posible transferencia
de investigación en el ámbito penal al ministerio fiscal.
Cuanto jako, gracias Miguel Ángel.
Bueno, en primer lugar me gustaría sentar alguna base, alguna,
alguna cuestión, y es que hay que reparar.
En España.
En 1.805 tenemos la novísima recopilación,
la dicta Carlos, la ordena,
la proclamada; promulga Carlos cuarto;
esa novísima recopilación a su vez hace referencia
a la nueva recopilación,
la cual hace referencia a las ordenanzas que se hicieron
en la época de la reina Isabel la Católica,
desde 1.805.
En adelante lo que tenemos son guerras
de la guerra, independencia etc.
Las guerras carlistas, etcétera.
Lo que en Francia era la ilustración,
las ideas de valor, traer, etc. Aquí nunca la hemos tenido.
El problema que tenemos es que no hemos pasado los trajes.
Ese es un problema grave,
porque si nos vamos a mirar después en el año, en 1900,
ya viene la la dictadura de Primo de la Segunda República,
después la dictadura,
y hasta 10 años después de la Constitución
nos ha empezado a darse cuenta de que algo tenía que cambiar,
es decir, que llevamos un poquito de retraso
y ese retraso se nota mucho en las dificultades
para afectar al principio de oportunidad
y para afectar que el que tiene que investigar
es el ministerio fiscal.
Misterio fiscal.
Digo no.
El juez de instrucción es una pieza que procede de la época inquisitiva,
procede de toda esa de todo lo anterior
y como tal pieza inquisitiva, es, algo que el propio a los Martínez,
cuando hace la Ley de Enjuiciamiento Criminal
quiere erradicar, pero lo deja para la instrucción.
Quiere meter el principio acusatorio?
Lo mete ya en la en lo que es el juicio oral,
pero todo lo que es instrucción es puramente inquisitivo,
y eso no se conforman
y no se compagina con nuestra Constitución.
Nuestra Constitución establece de manera muy clara
el principio acusatorio así lo ha dicho también
el Tribunal Constitucional,
que tenemos que ir a un sistema acusatorio.
Pues bien, el sistema acusatorio exige una diferencia
entre la persona que instruye la persona que va a juzgar,
y además exige que la persona que instruya tenga
que no sea la persona que realiza las injerencias
en los derechos fundamentales.
Si nos fijamos en la Constitución, el artículo 117
nos dice en el apartado tercero que le corresponde a los jueces
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Ahí no se habla de instrucción, y en el apartado siguiente
en el apartado cuarto, lo que se dice
es que esta función la cumplen con exclusividad,
lo cual significa que efectivamente los constituyentes
no estaban pensando en un juez de instrucción,
en mantenimiento de un juez de instrucción.
Por junto a eso y por otra parte,
el juez de instrucción,
que lo ha habido en toda Europa ya ha desaparecido
en casi toda Europa lo ha habido mi Italia ya no lo hay,
la ha habido en Alemania hasta el año 1974,
que tampoco lo hay;
en Francia,
tímidamente quisieron quitarlo, y se armó bastante barullo;
todavía se mantiene, pero con ciertas modificaciones,
porque el juez que instruye no es el que tiene que adoptar
las medidas o dar el plácet para las medidas de injerencia,
y eso es precisamente la base principal
de por qué tiene que investigar el ministerio fiscal
en el momento en el cual el ministerio fiscal
investiga y tiene que solicitar las medidas de injerencia
a otra persona que es al juez tendrá que explicarle muchas cosas
y, por lo tanto, así se garantiza más la la, la, la injerencia en derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Por el contrario, ese es el propio juez,
el que realiza la la propia investigación,
es el mismo el que adopta las medidas,
y eso eso se compagina mal como un sistema acusatorio
y como un sistema que sea respetuoso
con los derechos fundamentales.
Por lo tanto, yo creo que el primer paso
tiene que ser el de darle la instrucción a los fiscales.
El siguiente paso, que es el que el del principio de oportunidad
no cabe en en realidad un principio de oportunidad.
Si no le damos la instrucción a los fiscales principio
de oportunidad exige que no.
En todo caso tengan los fiscales que ejercer la acción penal
en todos los casos en los que haya una apariencia de tipicidad.
El propio 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
ya dice que es de donde sacarlos,
que dicen que no cabe el principio de oportunidad.
No es así; el 105 dice que los fiscales ejercicio
ejercitarán las acciones penales en aquellos casos
en los cuales consideren conveniente.
Es decir, no hace falta cambiar 105 para meter el principio
de oportunidad.
Lo que pasa es que hay reticencias.
Frente al principio de oportunidad.
Claro que las hay, las hay, por un lado ideológicas
y, por otro lado, porque, como dije al principio, perdón,
como dije al principio, estamos un poco atrasados,
atrasados, por toda la historia que llevamos encima
y porque ni siquiera somos capaces de ver lo que están haciendo
en otros lados desde hace tiempo.
Entonces decía que el principio de oportunidad el es un principio
que tiene su su faceta ideológica.
Efectivamente, esa faceta ideológica se muestra claramente
en que en aquellos casos en los cuales se quiere
que ningún funcionario sea parte de lo que está taxativamente
establecido en la ley, no se quiere dar ningún margen.
Entonces es necesario no poner el principio de oportunidad
y el a elevar a la máxima la máxima conceptuación,
lo que se llama el principio de legalidad procesal.
Eso significa una, un un miedo
a que los jueces en algún momento
se puedan separar precisamente de ese eso que está más marcado,
pero eso es muy importante en las dictaduras,
pero no en las democracias,
precisamente cuando se discutió en España,
en al principio de la dictadura,
sobre el mantenimiento del principio de oportunidad,
algunas voces muy conocidas dijeron que de ninguna manera,
pésima oportunidad.
No podía entrar porque si no, los funcionarios
no iban a acatar totalmente la ley y, por otra parte,
creo que estoy en tiempo.
Por otra parte,
otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta también
en relación a la discusión de si aceptamos o no
al principio de oportunidad que, desde mi punto de vista,
el principio de oportunidad no es discutible,
y voy a explicar por qué no es discutible.
No es posible que nosotros en el, en el ámbito puramente penal,
digamos que las penas tienen que tener un fin.
Eso ya lo dijo en su momento, precisamente en el programa,
además, rumbo Fole.
En 1.882, en la misma época,
que aquí se estaba redactando la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Si nosotros decimos que las penas tienen que tener un fin
y lo dice la Constitución, la resocialización, etcétera,
si las penas tienen que tener un fin,
no puede establecerse procesalmente un sistema que sea rígido,
porque entonces no se va a conseguir la finalidad de la pena.
El derecho penal material y el derecho procesal
tienen que ir unidos y, por lo tanto,
sin el derecho procesal se defiende,
y hoy día nadie defiende teorías retributivas.
Sin el derecho penal mantenemos unas teorías
que no son retributivas.
El derecho procesal tiene que establecer mecanismos
precisamente para que esas teorías penales que se mantienen
puedan llevarse a cabo; es decir,
que se pueda establecer cuáles son los fines de la pena
y en función de esos fines ejercer la acción
no ejercerla, perdón, establecer condiciones,
porque el principio de oportunidad no, no significa
que no se puedan poner determinadas condiciones en Alemania,
que lo tienen de forma discrecional, tienen condiciones.
Por lo tanto, se pueden imponer condiciones,
pero para mí lo importante es dejar claro que, desde mi punto de vista
esa distinción mente, principio oportunidad,
principio de legalidad no es correcta.
No es verdad.
La oportunidad no va.
Contra la legalidad
y que además la oportunidad es necesaria, igual
que otras cuestiones que es necesario introducir nuestra, nuestra ley
vetusta ya otras cosas que es necesario introducir,
pero en cualquier caso tienen que ir paralelo
lo que se dice el derecho penal lo que se predica en el derecho penal
tiene que ser posible ejercitarlo en el derecho procesal penal
y, tal como está el derecho procesal
penal hoy día como una ley tan rígida,
tan rígida que tenemos como unas visiones del principio
de oportunidad tan, tan gatas, tan pequeñas,
tan escuálidas, eso no es posible, y eso más,
junto con la, lo que me preguntabas sobre la investigación
del ministerio fiscal muy bien jako por muchas gracias,
y siguiendo con las consideraciones de Jacobo Víctor,
nos gustaría saber tu opinión sobre cómo en un sistema
regido por el principio dispositivo se llevaría a cabo el ejercicio
de la acción penal acusación pública privada popular particular etcétera
muchas gracias vamos a ver hay una discusión ya antigua entre debate
entre el principio de legalidad y el principio de oportunidad;
es decir, si hay que someterse a los dictados de la ley,
si solamente se puede actuar obedeciendo escrupulosamente
la literalidad de la ley o cabe o hay un margen a la discrecionalidad
y a la oportunidad,
de tal manera que, sobre todo en el ejercicio de la acción penal,
en el momento en que la acusación ejercita la acción penal
tiene que estar sometida, como digo,
a la ley o hay un campo para la oportunidad.
Esta tensión entre el principio de legalidad y oportunidad
viene de antiguo en España.
Esta discusión, al menos en la época moderna, postconstitucional
desde los años 80, se viene produciendo
y se viene debatiendo los partidarios del principio de legalidad imbrican
y hacen depender de la Constitución directamente.
Ese principio de legalidad dicen
no al principio de legalidad del ejercicio de la acción penal,
depende o bien establecido, viene impuesto por la Constitución.
Si uno lee el artículo 25 de la Constitución
dice otra cosa distinta.
Dice exactamente que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones
que en el momento de la comisión no constituyan delito,
es decir, la concepción constitucional
es una garantía del ciudadano, no una imposición al actor público,
a quien tiene que ejercitar la acción penal,
es decir, el principio de legalidad,
o la ley es una garantía.
El principio de legalidad es una garantía
y no una amenaza para el ciudadano, no una imposición del cumplimiento.
Eso no es no depende de la Constitución,
no deriva directamente de la norma constitucional.
Deriva de la ley que efectivamente sí que lo establece.
Hay un principio inicialmente de legalidad.
Artículo 105,
al que sufrían de Jacobo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dice que el fiscal de verdad ejercer la acción penal en los casos
en que lo considere necesario, conveniente o pertinente.
Por consiguiente, esa correspondencia delito de ejercicio
de la acción penal pública tiene una relevancia legal
en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
de la norma procesal,
y no directamente de la Constitución.
A mí esto me parece que es importante,
es importante destacarlo porque en la Constitución,
no en vano el artículo 25 está incardinado
en los derechos fundamentales de los ciudadanos,
es decir, no es algo contra los ciudadanos,
no está regulado con,
como el ejercicio de los poderes del Estado
respecto de la ciudadanía,
sino el ámbito de protección del ciudadano
frente a los poderes públicos.
Esto de un lado de otra parte.
El el principio de oportunidad viene establecido,
viene asumido por la práctica totalidad
de los ordenamientos jurídicos por una serie de razones
muy muy evidentes, de un lado,
por la gravedad de la conducta en que en ciertos casos
conductas que se considera penalmente menos relevantes,
que afectan a bienes jurídicos menos importantes,
se puede asumir por parte del acusador público,
no ejercitar la acción penal,
detrás de otra parte o de otro lado, por razones de utilidad,
yo tengo que traer a colación lo hago con cierta frecuencia
cuando dos que hablar de oportunidad
en el caso de 2001 del pastor granadino,
es decir, hubo un procedimiento penal en Granada.
Por qué un pastor que vivía en la montaña en Sierra Nevada
a 2.300 metros dice la sentencia a 2.300 metros con su esposa,
y dos hijos,
que se dedicaba al pastoreo que arranca unas matas de manzanilla
que resulta que era una especie especialmente protegida
o de?
Es acusado, hay un procedimiento penal,
es acusado por el ministerio fiscal,
que solicita para ir la imposición de una pena de dos años
y tres meses de prisión y una multa finalmente es absuelto
por el juez de lo penal de Granada.
Bueno, esto me parece que es indicativo de supuestos
en que la aplicación estricta, rigurosa, literal de la ley,
puede dar lugar a grandes injusticias.
Esto, como otros muchos casos que uno se puede imaginar,
pero este es un caso real.
Quiero decir ejemplos.
Uno puede imaginarse mucho este es un caso real de 4.000 1,
que es o que fue muy conocido en aquella época.
La la aplicabilidad del principio de oportunidad,
sin embargo en nuestro país puede complicarse
porque hay que acudir a la titularidad del ejercicio
de la acción penal tenía diferencia
de la inmensa mayoría de los países europeos,
de la práctica totalidad de los países de Europa europeo.
Aquí puede ejercitar la acción penal,
cualquier, en principio por la mayoría de los delitos,
salvo los semipúblicos y los privados,
pero la mayoría de los delitos pueda ejercitar la acción penal.
Cualquiera, cualquiera tiene la legitimación procesal
para constituirse en parte acusadora y formular la acción penal,
con lo cual hay unos intereses públicos
que inicialmente defiende el ministerio fiscal,
como se cede la acción pública en todos los países del mundo,
pero aquí también le damos entrada de un lado a la víctima
como acusación particular,
que defienden sus propios intereses legítimos,
pero los suyos los intereses suyo; no los intereses generales,
no aquellos a los que atiende la tipificación
de las conductas delictivas dice.
Estos bienes jurídicos
están especialmente necesitados de protección
o son especialmente sensible la vida,
incluso la propiedad privada, la confianza legítima.
Estos bienes son importantes de preservar, no, no, aquí
el acusador particular defiende sus propios,
reitero, legítimos intereses y luego un actor popular
que defiende intereses en ocasiones públicos,
en ocasiones muy singulares.
En ocasiones es una vía instrumental
para defender unos intereses relativamente bastardos,
es decir, hay de todo.
Esta pluralidad de acusación de titulares de la acción penal.
Hace mucho más difícil encajar en la aplicabilidad
de un principio de oportunidad esto de aula
por los distintos intereses en juego.
Los distintos intereses
que se pretenden ejercitar en el procedimiento
en el procedimiento penal de otra parte,
por la enorme pluralidad de conductas,
no los tiempos del Código Penal, el libro segundo del Código Penal
tiene una amplitud de una diversidad de cuestiones
en las que atienden bienes jurídicos
que pretende proteger con la norma penal, que es muy difícil,
compartimentar y y en enraizar en un estricto principio de legalidad,
diciéndole al acusador donde puede modular la la acusación
donde puede abstenerse de acusar; y, en tercer lugar,
porque tenemos una tradición en España del mecanismo
de la conformidad, que nunca ha funcionado hasta el año 88,
cuando se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional
de junio de ese año de impedirle al juez que instruye,
que pueda dictar sentencia.
Ahí se modifica y una gran modificación
del procedimiento abreviado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
y luego, con la reforma del 92, otra vez,
cuando la conformidad aparece como una, como fruto
de una negociación, cuando se permite que el acusado firme
el escrito de acusación con el fiscal y presenté un escrito conjunto.
Es evidente que un escrito conjunto no se puede hacer
si no se ha hablado antes, es decir,
el efecto conjunto, digamos, se pacta esto,
que es asumido y por parte de la comunidad jurídica española,
científica y judicial es asumido sin mayor renuencias,
mayor reticencia, bueno, introduce sin duda
criterios de oportunidad en el panorama procesal,
y la última modificación, la importante
en la última modificación a 2015,
pues en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
acompañando la reforma del Código Penal,
la supresión de la faltas ha introducido juicios
por delitos leves, lo dice el fiscal.
Oiga, si usted ve que el asunto poco trascendente,
porque no hay interés social en la persecución,
te pidan sobreseimiento, y indica más
o menos veladamente que el juez lo hace hacer o lo tiene que hacer,
porque la valoración depende del del acusador público,
del fiscal,
porque el principio de verdad del de la acción penal
lo que tiene que traducir es un interés público a la persecución.
Eso significa una acción,
una opción política siempre y engarzo con lo que decía
y decía muy bien Jacobo con anterioridad
que comparte el ministerio fiscal.
Tiene o asume el ejercicio de la acción penal pública?
Porque es un interés público el que ha de defender
si hay un interés público, la apreciación de dónde llega,
cuál es la medida del interés público es una decisión política
de política criminal, es decir,
qué acciones se llevan a acusación y enjuiciamiento,
porque lo dice el ministerio fiscal, cuál es?
Porque el ministerio fiscal considera que no son,
digamos, acreedoras a esa acusación o mite o pide el sobreseimiento
vomité en el actual estado de cosas.
Otra cosa será más de forma más evidente
cuando esperemos que pronto el ministerio fiscal
asuma la investigación de los delitos, pero bueno,
en el estado actual de cosas pida el sobreseimiento
y no formule acusación la vinculación que eso implica para el Tribunal
de decisión, para el tribunal,
que tiene que dictar la sentencia una vez que se ha abierto
el juicio oral o, con anterioridad,
el propio juez de instrucción, dictar el auto de sobreseimiento.
Pero a lo que tiene que haber un interés público
y ese interés público lo tiene que manejar,
tiene encomendado su administración o su gestión el ministerio fiscal.
El problema de esto
es que si nos apartamos del principio de legalidad,
que me parece más que evidente que hay cazarlo,
porque la legalidad estricta conduce a una enorme injusticia,
puede conducir a una enorme justicia y consideramos,
como la mayoría de los países que pueden entrar en juego
un cierto principio de oportunidad, con ciertas reglas,
oportunidad pura o sometida luego alguna condición
o algún tipo de penas alternativas, etcétera.
Es una, hay muy multitud de ejemplos
y de modalidades del ejercicio de la oportunidad,
pero si es el ministerio fiscal
quien puede hacer eso llevando a la práctica la política criminal,
en ese caso aparece clara la necesidad de exigencia
de responsabilidad.
Es decir, si yo le encomiendo como en este momento
porque es parte de la política interior,
la política criminal está en manos del ejecutivo,
digo.
Está sometido al escrutinio de responsabilidad política
por la política criminal que esté llevando por la misma razón
si es el fiscal que asume la ejecución de la política criminal
a través de la oportunidad diciendo
o decidiendo si tal o cual acción inicialmente cubierta
o sometida al Código Penal con encaje en un tipo penal.
Va a juicio, se acusa por el o no depende del fiscal?
En ese caso tendrá.
Tendremos que articular mecanismos de exigencia de responsabilidad,
que es una parcela del que de la que poco se ha hablado,
y me parece que será importante que vinculemos de alguna manera,
el ejercicio del principio de oportunidad,
que comparto, comparto plenamente con exigencia
de responsabilidad por ese principio de oportunidad,
bien o mal, especialmente cuando está mal ejercitado.
No sé si con esto me imagino que luego tendremos oportunidad
y ya me he excedido un poco en cierto todos Muchas gracias, Víctor,
y aprovechando la mención que hacía la conformidad Vicente,
queríamos saber tu opinión sobre el estado actual
que opinan que merece la regulación actual de la del Instituto
de la conformidad.
Bueno, en primer lugar, yo no en la línea
de las personas que me han precedido en la intervención,
ya que es importante recalcar que cuando hablamos del principio
de oportunidad y la conformidad como una manifestación del ejercicio
del principio de oportunidad estamos hablando
de algo que pertenece al poder de regulación del legislador,
legislador tiene dentro de la política criminal
que corresponde al gobierno y que ejerce
a través de la legislación.
Se pueden establecer mecanismos que determinen que en algunos casos
no hay razón para proceder criminalmente contra una persona,
bien sea porque esa esos casos no ese interés público
en el ejercicio de la acción penal, en la persecución del delito,
bien sea porque se deja la discrecionalidad del acusador,
que lo aprecié en los casos de delitos de pequeña entidad,
como sucede actualmente en la ley,
ha dicho Víctor o bien porque cuando la entidad del delito
sube las penas son más grave,
porque la ley determina una serie de casos
en los que se puede posibilitar que la acción penal no se ejercite
o si se ejercita, que se puede llegar a un acuerdo con el acusado
para establecer unas consecuencias penales menores
o, en su caso,
incluso para no establecer ninguna consecuencia penal.
Esto pertenece al campo del legislador
y por lo tanto, es oportuno que se haga.
Yo creo que sí; yo creo que sí pero siempre
cuando se entienda qué principio de oportunidad en general
y de la conformidad en particular se entienda qué el proceso penal
no debe regularse en ninguna de sus instituciones
sobre la base de que se esas instituciones
colaboran a una mayor eficiencia, eficacia o celeridad,
o descarga de trabajo de los operadores del proceso penal.
Ese fin único, esa idea única
que muchas veces subyace dentro del principio de oportunidad
de la conformidad.
Esa idea por sí solas no sería suficiente.
Desde mi punto de vista tendrían que sumarse otras dos ideas
una ya mencionada aquí no me extiendo que es la concurrencia
de ese interés público en la persecución de las conductas
o cuando se puede entender que no concurre ese interés público
y, por lo tanto dejar de vivir o alcanzar una conformidad,
pero también no perder de vista el valor justicia.
Está claro y vaya por delante que la celebración del juicio oral
no va a garantizar nunca al 100 por 100;
nunca lo ha hecho, no lo hace, y no lo hará
que las personas culpables efectivamente sean que actividades
de que las personas inocentes efectivamente se dan la suelta.
Eso no garantiza nada al 100 por 100,
pero sí es verdad que el proceso penal
debe debe tender naturalmente en la medida de lo posible.
Del instrumento deben orientarse a facilitar que las personas
que resulten culpables serán merecedoras de reproche penal,
es el imponga en las casas inocentes?
Pues serán absueltas.
El juicio oral debe tener esa esa tendencia.
Esa tendencia del valor justicia decía.
Con la conformidad debería pasar lo mismo.
Es la conformidad, debería estar orientada también
no solo ni exclusivamente por.
También debería estar orientada a alcanzar ese valor justicia
para que, para evitar que a través de la conformidad
se puedan producir situaciones poco deseables
que deseen una posición de práctica indefensión
o de poca alternativa de actuación a la persona acusada
que puede verse, digamos, encarrilada a aceptar una conformidad
por unas razones que no tienen que ver exactamente
con ese principio de justicia.
Piensa por la celeridad, por la eficacia,
por la eficiencia, por el economicismo
o por otras funciones, que es uno de los grandes problemas
que aborda la conformidad actualmente en Estados Unidos
no, y por eso es una institución en entredicho en Estados Unidos,
en el sistema federal y los sistemas estatales.
Por lo tanto, hay que conjugar esos tres elementos.
No procurar la eficacia del proceso penal;
hay que tener en cuenta la el interés en el ejercicio de la acción penal
o cuando puede no haber ese interés y hay que tener en cuenta
la justicia.
Dicho lo cual, si tres elementos se coordinan adecuadamente
la regulación actual quizá tenga no digo el problema,
pero sí tenga que plantearse,
como ha hecho el anteproyecto último,
hasta qué punto es positivo mantener un límite en la penalidad
hasta la que se puede uno conformar.
No eso quizás haya que planteárselo
y aquí los modelos comparados son muy, muy diversos.
No están los modelos tipo estadounidense
en el que no hay límite ninguno de de ni de tipología del delito,
por la que cabe la conformidad a o hechas los modelos
como el italiano o el portugués,
limitan a Patella, miento, ampliado limitan a cinco años,
o en Portugal a tres año hago una circunstancia
también pueden llegar a ser cinco años en Alemania o en Francia,
que quizá pues tenga un una amplitud de penalidad más amplia
a la hora de la conformidad.
Es decir, que hay muchos modelos distintos
que seguir, pero quizás esa es la pregunta
o la necesidad que habría que responder, porque en la práctica
se sabe lo los la jurisprudencia doctrina lo ha puesto de manifiesto
que se producen situaciones de conformidad
más allá de los seis años que están previstos.
En la ley no porque cuando hablamos de penalidades pequeñas
no incluso con esa conformidad premial
eso parece que es bastante razonable,
que esté regulado incluso que tenga esa ese componente premial,
no de la rebaja de la pena.
Desde ahí creo que eso está razonablemente regulado,
pero la pregunta es si podíamos ir más allá de ese límite
de los seis años, porque en la práctica
sucede en ocasiones no, y entonces se están practicando
conformidades que están no muy legales,
pero sí a legales si no tienen un régimen
reconocido como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
y yo creo que eso podría plantearse podría ser positivo
dentro de lo que se está explicando aquí de dar al ejercicio
de la acción penal una capacidad de responder a las necesidades reales
de persecución y de imposición de penas
en los casos estrictamente necesarios y de poder
no hacerlo cuando se revele, que no es necesario,
con independencia de la gravedad de la pena?
Eso yo creo que podría ser planteable,
sería aceptable siempre y cuando se pusieran
algunas condiciones que se establecen en otro ordenamiento jurídico,
porque nuestro proceso penal es decir no podemos medirlo.
En comparación, por supuesto, conectado unido
o con el proceso de los países de Gran Bretaña,
pero ni siquiera con Alemania o comunitaria,
porque la presencia de otros acusadores
es extraordinariamente limitada, decidiendo pensar anglosajones.
No existe, en Alemania está muy, muy limitada,
y en Italia prácticamente tampoco existe.
Digo como como un protagonismo penal,
no como acusación particular, es decir,
unos supuestos muy pequeño, muy excepcionales,
pero en España si tenemos incorporado al acusador particularidad,
acusador popular,
entonces para realizar una conformidad en España
se tan presente, todo eso acusador en un proceso penal,
necesitan que se pongan de acuerdo
todos esto ya un elemento que es propio de nuestro derecho no,
y en principio eso incluso, pues no, no tendría mucha relevancia,
digamos negativa porque porque era la acusación particular,
representa a la víctima.
Entonces, lo que estamos diciendo
es que la víctima participa también del proceso de conformidad,
no es algo estrictamente entre la fiscalía y el acusado,
sino que la víctima también tiene un una participación
y, con su anuencia la conformidad está dando,
respaldando este sistema de de composición del conflicto
en el proceso penal,
participando como ve, tema, y me parece también que es positivo,
es más difícil poner de acuerdo a todos los acosadores,
pero cuando sucede yo creo que es positivo.
Refleja un poco más ese valor de justicia de que estamos hablando?
No?
Y, por lo tanto, eso tiene en la medida
en que tenemos acusación particular.
Pues eso puede facilitar la composición
cuando pasamos al delito por encima de los seis años,
obviamente aquí tenemos que tener en cuenta dos factores.
Primero, que no todas las víctimas constituyen
como acusación particular.
Entonces hay víctimas que quedan fuera del proceso penal,
a las que sin duda yo creo
que cuando la pena va a ser más grave,
sin duda yo creo que habría que darle una participación,
una cierta participación, un cierto conocimiento,
una cierta posibilidad de entender y saber qué es lo que está pasando.
Ahí por la gravedad de la pena de lo que estamos hablando,
superando esos seis años,
y esto tendría también que encauzarse tenerse en cuenta por el legislador
y también tendrá que tenerse en cuenta
otros dos factores.
Primero, que las víctimas serán acusación particular
o no saben acusación particular.
También deben tener algún tipo de consideración entre comillas
Premial de la conformidad, cuando son penas de más gravedad,
premial en el sentido de la garantía de la reparación del daño
o la garantía de un tipo de reparación del sometimiento
de la persona a los sistemas de rehabilitación
que fueran pertinentes según el tipo de delito
de que se trate
y garantizar la víctima que eso se va a producir también,
como como parte de la conformidad,
teniendo en cuenta cuenta que hablamos ya de delitos
más graves, no, y por último también habría que plantearse
si que sí si ese escenario de conformidades
por encima de los tres años sin límite
incluso pudiera regularse, y puede ser razonable que salga así
pero también podemos plantear, como sucede en Italia,
con hacer patella, miento, gato.
Si determinados tipos delictivos deberían estar excluidos en todo caso
de la conformidad de delitos sexuales,
por ejemplo, por poner un ejemplo, como sucede en Italia,
o si determinados tipos ha sido siempre unas limitaciones
objetivas en función del tipo delictivo,
no tanto de la pena,
sino de un tipo delictivo concreto de algunos tipos delictivos,
no deberían ser susceptibles de conformidad,
una limitación objetiva o también incluso la limitación subjetiva.
Yo no, no la veo tan clara, pero también está regulada en Italia
que la conformidad no puede alcanzar aquellos delincuentes, por ejemplo,
que son reincidentes.
Entonces, con todos estos elementos ese sí
sí se limita y se regula con unas condiciones razonables.
Que participen los acosa, que se faciliten los acuerdos,
no en el que todo el mundo saque un beneficio en términos penales,
no.
Yo creo que se podría intentar regular la conformidad
más allá de los actuales seis años y creo que sería algo positivo,
siempre con esta cautelas, que trataba de explicar con rapidez
que quizá luego puedan ampliar un poco más,
pues muchas gracias Vicente por tu opinión
y, bueno, en realidad ahora tenemos también un problema añadido,
porque en toda esta situación en la que nos estamos moviendo,
pues el legislador decide en el año 2010
introduce un nuevo sujeto del derecho, que es la persona jurídica
y con unas luego reforma importante
en el año 2015, entonces, en relación con la, el principio de oportunidad
de la persona jurídica se plantea lo siguiente,
y es, desde el punto de vista sustantivo,
hemos impuesto a las personas jurídicas que establezcan
modelos costosos, de autoorganización,
para ver si efectivamente se están organizando de manera
adecuada para prevenir los delitos que se cometen en su sede,
por parte de las personas físicas, prevenir, detectar y sancionar,
que son los famosos programas de cumplimiento normativo
modelos de compliance, etc. Etc.
Etc. Y nos encontramos con una situación que genera
cierta inquietud en las empresas y es que implantan esos modelos,
realizan su seguimiento, detectan delitos
y proceden a sus investigaciones internas correspondientes
y cuando en un material que puede ser incriminatorio no solo
para la persona física que es trabaja para ella por su cuenta
y que por tanto pueden utilizar contra esa persona en su caso
sino que es auto incriminatorio, se plantean qué hacer
con ese material que evidentemente puede dar lugar
a su propia responsabilidad penal.
Entonces, lo que sucede aquí
es que las empresas no saben dónde acudir.
No saben si tienen que acudir al juez si tienen que acudir a fiscal,
si tienen que acudir a la policía con el añadido de que precisamente
las empresas que han hecho todo su esfuerzo son las que digamos
se están comportando conformado que la verdad en el ordenamiento
les exige, están siendo buenos ciudadanos corporativos,
se cuentan con la incertidumbre donde tienen que acudir
y además cuando acuden a esa al a la ventanilla
como yo digo que deciden finalmente no encuentran tampoco un incentivo
respecto a aquellas otras empresas que no se comportan adecuadamente.
Es decir, aquí no se distingue entre la empresa que se comporta bien
una vez que evidentemente ha detectado un delito,
es decir, hay delito,
hay y la empresa que se comporta digamos, menos bien o mal se plantea
dónde acudir, sobre todo también porque no hay un mecanismo
que evite el proceso penal con lo que supone para las empresas
en materia de Lesbos reputacional y demás.
Yo creo que en este punto,
en este momento quizá más a mí me parece
que donde debe acudir la empresa es al fiscal,
porque la circular como ya sabéis,
que interpreta la responsabilidad penal de la persona jurídica,
dice a los fiscales
que tengan en cuenta que la empresa que sea autodenuncia
o que no, aunque no utiliza esas palabras,
está demostrando una cultura de cumplimiento del derecho
y que incluso los fiscales pueden pedir
la exención de responsabilidad por artículo 39 del Código Penal.
Es cierto que esto no evita el proceso,
porque la empresa que ha acudido al fiscal y si el fiscal dice.
Yo no te voy a acusar le voy a hacer nada.
Nos encontramos con que luego había una acusación popular o particular
que se puede iniciar el proceso,
pero por lo menos la empresa ya tiene de su lado al fiscal
o se supone que puede tener de su lado al fiscal en ese proceso.
Por eso yo creo que donde debe acudir en este momento yo creo
es al fiscal, sin perjuicio de que al final
posiblemente todo esto acabe en el juzgado correspondiente,
pero por lo menos en ese proceso penal
podrá tener del lado al fiscal.
Por eso yo creo que deberíamos ser valientes,
sobre todo en materia de responsabilidad para la persona
jurídica y admitir que en materia de responsabilidad
tiene que haber una instancia distinta del juez,
que valore esos modelos de cumplimiento,
que para mí tiene que ser fiscal,
que haya monopolio por parte del fiscal del ejercicio
de la acción penal,
por lo menos en materia de pasarela pena de la persona jurídica,
y que luego sea posible que el fiscal y las personas jurídicas
alcancen acuerdos y alcancen acuerdos o bien de no presentar acusación
o bien de presentarla con condiciones.
Ya hemos hablado de la conformidad.
Se ha hablado del derecho estadounidense
ya sé que aquí el ejemplo que siempre se pone de acuerdos entre empresas
y autoridades es Estados Unidos y se pone de ejemplo en general,
sobre todo en materia de responsabilidad penal de la persona
jurídica para decir que es un sistema que tiene muchos fallos,
porque en Estados Unidos no hay control judicial.
lo que hace es controlar la vida de las empresas
a través de los acuerdos que alcanza con ellas,
sobre todo porque coloca la figura del monitor, que es un figura
que el fiscal coloca en la empresa correspondiente,
y lo que hace es que el monitor rinde, digamos, cuentas a la fiscalía
y a nadie más.
Entonces es una, es una opción muy intervencionista
en el ámbito de las empresas, pero lo curioso
de todo esto es que este modelo no es único,
lo tenemos sobre todo en materia de corrupción
y en materia de corrupción de agente público extranjero
lo tenemos en Reino Unido desde 2013 en Francia,
que es la cuna del juez de instrucción
y del llamado derecho continental.
Los códigos napoleónico lo tenemos desde 2016,
que han implantado un sistema similar al estadounidense
en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica,
con la diferencia de que tanto en Francia
como en Reino Unido hay un control judicial del acuerdo
al que puede llegar la fiscalía con las empresas,
cosa que en Estados Unidos no pasa.
El Tribunal Supremo federal dijo que el juez
no tiene que decir nada en el acuerdo que hay entre empresas,
fiscalía, sin embargo en Francia
y en Reino Unido sí que hay ese acuerdo
o esa posibilidad de control judicial.
Yo creo que este sistema,
que supone cambiar radicalmente todo el modelo procesal español,
tiene una serie de inconvenientes para tenerlos,
pero para mí tiene una serie de ventajas
y es la ventaja de que sobre todo las empresas,
ahora, cuando sienten que tienen una presión
de determinadas legislaciones, especialmente la estadounidenses que
en materia de corrupción de agente público extranjero
es muy exigente las empresas ahonde, acuden a intentar alcanzar acuerdos.
Sobre todo, es a las autoridades estadounidenses, a la fiscalía
y a la sec, que sería la equivalente a nuestra comisión nacional
del mercado de valores.
Es decir, a quien tome las empresas de todo el mundo,
sobre todo a las grandes y las que cotizan en Estados Unidos,
esa es a las autoridades estadounidenses.
Hay un ejemplo que es el de Telefónica
no digo nada que no se sepa por noticias de prensa que en un momento
determinado en relación con la copa del mundo que se celebra en Brasil
de fútbol, a la que estamos en un momento de fútbol
también en todo el mundo,
sintió que podría haber hecho alguna práctica no muy adecuada
en materia de regalos de entradas a funcionarios públicos,
y curiosamente donde fue a poner de manifiesto
esta práctica regular
o que ya entendía que puede desear irregular.
No fue a España empresas española Telefónica sin ninguna duda
o que insignia, sino que se fue a las autoridades estadounidenses.
A mí esto me llamaba mucho la atención
porque decía que hace Telefónica diciendo a las autoridades
estadounidenses que posiblemente se haya comportado mal en Brasil
cuando lo que se viniera a las autoridades españolas.
Porque tenemos jurisdicción por el artículo veintitres
para perseguir estos estudios en el extranjero
y poner de manifiesto que se había comportado mal.
Bueno, pues porque temen a las autoridades estadounidenses
y Francia y Reino Unido no acogen el modelo estadounidense
con condiciones,
porque de repente consideren que es el mejor,
sino porque la fiscalía estadounidense estaba monitorizando
a esto, que era el buque insignia francés.
Entonces lo que deciden es copiar ese modelo
para poder llegar a un sistema procesal similar
que permita a las empresas acudir a distintas jurisdicciones,
entre ellas la suya propia, que será lo lógico que las empresas
acudieran a su jurisdicción nacional para poder alcanzar acuerdos.
Por eso yo creo que esa necesidad de reforma
del sistema procesal español, desde mi punto de vista, es acuciante
en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica,
porque entiendo que producirá efectos beneficiosos
y producirá efectos beneficios beneficiosos para la empresa,
que quiere cumplir el derecho,
porque la puerta seguridad jurídica, sin ninguna duda,
efectivamente tendrá que pagar sus sanciones,
es decir, no va a la empresa, no va a salir libre,
sino que tendrá que pagar sus sanciones y multas
sus indemnizaciones sus devoluciones de beneficios etc etc
etc pero yo creo que también a través del control judicial.
Producirá también un elemento importante
y es la protección de las víctimas y de los perjudicados,
porque uno de los requisitos que se tendrá
que introducir es sin ninguna duda, que el acuerdo al que se llega
entre fiscalía y empresas satisfaga y proteja adecuadamente los derechos
de las víctimas.
Bueno, pues es parece por el tiempo, ya nos vamos a alargando.
En relación con lo que teníamos pautado y me gustaría hacer.
Es una última pregunta muy pediría que fuera casi telegráfica
y es es sin perjuicio de que damos dicho y estamos hablando de ello,
y yo ya he manifestado una cierta línea de futuro
que creo que se deben plantear en materia de responsabilidad penal
de la persona jurídica.
Es que potencie la idea de futuro?
Le veis al principio de oportunidad en España,
así que si queréis seguimos el orden de principio Jacobo.
Cuando tú pones al hilo de todo lo que se está diciendo,
me gustaría dejar claro que en España las conformidades son, tal como está
como es muy rígido es esto y no hay más.
No sé no se puede.
No puede haber una grandes discusiones,
porque si el fiscal ha pedido la pena mínima,
ya es muy difícil llegar a un acuerdo
entonces o se mete el principio de oportunidad,
o eso las conformidades.
Por eso, no hay grandes conformidades en España,
no hay muchas conformidades,
y cuando han metido el legislador lo ha metido
de una manera tan escasa, tan escasa,
que además limita y dice exactamente
qué pena se tiene que bajar
y cuánto de penas se tiene que bajar, es decir,
que es un sistema con un corsé tremendo.
Así no se puede funcionar.
Entonces, si la pregunta es que va a haber de futuro,
me gustaría ser optimista,
pero realmente estoy un poco pesimista,
porque se ha hablado de la necesidad de una ley de enjuiciamiento criminal
desde hace muchos años.
No tiene ningún sentido que se pase de una dictadura a una democracia
y no se cambie la ley procesal, la ley procesal,
que, como dije antes, procede de una época muy antigua
que además no estaba ya sin perjuicio de la gran labor
que hizo.
No son Martínez.
Esa ley ya nacía bastante anticuada, para lo que era las ideas que había.
En Europa,
en aquel momento entonces me parece que seguir arrastrando esa ley
y no hacer una nueva ley me parece que y hasta ahora
no lo han conseguido.
Legislador ha habido varios intentos,
pero nunca salen para adelante.
Entonces, en ese punto soy un poco pesimista
en cuanto a la posibilidad de meter el principio de oportunidad,
también, porque hay muchas reticencias al principio
de oportunidad que no hemos explicado a fondo,
y en cuanto a las conformidades me parece que un sistema de conformidad
sin una principio de oportunidad, bien regulado, tampoco tiene futuro,
con lo cual en ese punto yo me muestro un poco pesimista.
Gracias a esto yo creo que la modifica.
La reforma.
La aprobación de una nueva ley de enjuiciamiento criminal
es una tarea, es un reto que está encima de la mesa
desde hace muchos, que ha habido gobiernos de mayorías absolutas
que no han conseguido abordar de una vez por todas una ley orgánica
de enjuiciamiento criminal, código procesal penal
o como se le quiera llamar, que establezca las nuevas bases
ajustadas a la Constitución para un nuevo procedimiento penal,
el que está ahora.
El sistema actual hace aguas
por todas partes, es imposible manejar,
tememos como modelo un procedimiento,
que es el sumario que se aplica a 8.000 casos al año en toda España,
8.000 pico, que eso es una porcentaje absorben absolutamente ridículo
de 2, 3.000.000 pico de diligencias que se abren;
es decir, en este momento es absolutamente imprescindible
aprobar de una vez por todas un nuevo código procesal penal,
una nueva ley de enjuiciamiento criminal.
Ahora bien, si con las mayorías absolutas
que hemos tenido esto no se ha logrado,
lo que parece que nos espera en los próximos años
de gobiernos de coalición de inevitablemente pactos
con otros partidos que sostengan por fuera o dentro del Gobierno,
me parece que va a ser todavía más difícil,
pero el reto está ahí y el reto, y yo creo que la sociedad española
no se merece tener una ley de 1.882.
Con estas carencias,
en donde vamos trampeando con el tema de la conformidad
lo que se hace es un poco trampear.
Se modifican la relato de hechos y las calificaciones
en el momento inicial del plenario.
Los días antes del plenario se aceptan determinadas
circunstancias atenuantes, algunas.
El fiscal la considera como muy cualificada,
con un único objeto único,
objeto de realizar una conformidad de poder conseguir la conformidad
y la aplicación que, en definitiva en la práctica,
en la realidad del principio de oportunidad,
pero otro lo estamos viendo cada día,
es decir, hay muchas conformidades que no responden a la pura y simple
aceptación del acusado de la situación de hecho
que había enunciado el fiscal en su escrito inicial de acusación.
No hay modificaciones, como digo, sobre la marcha,
con la apreciación de circunstancias,
desde las dilaciones indebidas que sirve para todo,
pero que rebaja en un grado 2º grados muy calificado,
grado en la pena y tal, que nos conducen a un panorama
de efectiva, desleal, aplicación de un principio
de oportunidad que no es tan ley más que para los delitos,
pero no para el conjunto de los hechos delictivos,
de manera que,
conviviendo como estamos conviviendo con un principio real,
con la aplicación real de un principio de oportunidad,
con las dificultades que eso genera de negociación a varias bandas
claro hay que tener en cuenta que es lo que dice el acusador particular,
que es lo que dice el actor popular.
Con qué plan de pago se conforma la víctima afectado por el delito?
La acusación particular,
cómo articulamos la reparación para poder apreciar
una atenuante reparación del daño inmediatamente anterior etc
etc es decir son muchas circunstancias las que yo creo
que la comunidad jurídica sí que tiene asumida la aplicación
de la oportunidad de principio de oportunidad, por más que la ley,
que tiene que adecuarse, que tiene que adaptarse
no lo haya interiorizado, haya incorporado como norma más
que en el juicio por delitos leves.
Muy bien visto.
Muchas gracias.
Por diferente cuando quieras.
Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho hasta ahora.
Me gustaría recordar que todos los anteproyectos
que como tales han sido raptada de forma completa
en la última década,
no el anteproyecto del centro de enero de 2011, de 2013,
el de 2020, 21.
Todos optaron por regular, con más, hacer todo, con menos acierto,
pero todos apostaron por la introducción del principio
de oportunidad.
Todos apostaron por regular la conformidad de una manera mejorada
como está regulada actualmente;
ninguno de ellos hábitos de alum ninguno.
Esperamos que vaya a ver la luz
por la circunstancias que ha explicado Víctor,
y eso muestra que si hay una inquietud importante
no solamente en la doctrina sino cuando se proponen
las legislaciones, recogiendo la jurisprudencia,
recogiendo el sentir de los operadores jurídicos,
si hay como una necesidad de implantar el principio
de oportunidad de implantarlo con una cierta amplitud,
no tampoco de una forma que lo haga inoperante en la práctica,
porque entonces no tendríamos no tendría mucho sentido
que se modificara la ley en ese aspecto.
Entonces, lo único que habría que pedir es sencillamente
el momento actual.
La conformidad a veces funciona para determinado tipo de delito,
para otros no, como se ha dicho, decir,
pero no hay un régimen claro de aplicación.
No hay una flexibilidad, no hay una capacidad de asumir,
de tomar decisiones, de negociar,
de plantear una auténtica oportunidad,
hecho, tendría que mejorarse en una nueva ley,
y yo lo único que pediría, por no extenderme mucho,
es que cuando el legislador tome decisiones,
si van a tener después impacto en la práctica,
que lo haga con un poco de sentido común,
porque a mí yo, con todo respeto a mí que en el anteproyecto
ahora se proponga que cuando la conformidad sea con penas superiores
a los cinco años el juez tenga que apreciar
indicios racionales de criminalidad
ni esa expresión me chirría mucho debía empleats otro tipo de presión,
porque esa es la expresión que se utiliza en la ley
para el auto de procesamiento.
Entonces, entonces parecería que estamos fijando una pena
por todo el acuerdo que se quiera por toda la negociación
es que se quiera, pero al final fiándonos
exclusivamente en lo que se ha trabajado la instrucción
y mostrándole al juez los las diligencias de investigación
como si fueran pruebas, no?
Y entonces ya estamos ya ya eso decir.
Yo entiendo que a juicio oral no tenga que salir de verdad
siempre que no es bueno que se celebre siempre,
pero tampoco debemos desvalorizar tanto el juicio oral
haciendo que utilizando este tipo de expresiones,
cuando se pueden emplear otras diferentes,
no la apreciación de pruebas de elementos de prueba
que la fiscalía pueda mostrar pueda estimar razonablemente conducentes
a ratificar la conformidad o a decir,
pero si lo vamos a hacer hagámoslo bien, con sentido común
y sobre todo que un principio oportunidad sea operativo y útil,
en la práctica útil para la fiscalía, útil,
para la sociedad, útil, para la víctima y útil
para el acusado puedes ir si si volvemos otra vez a un sistema
en el que todo eso se confunde y no hay claridad ni luz
y taquígrafos sobre las reglas que soberana entonces mejor
no quedamos como estamos.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres
ha sido un placer compartir este debate con vosotros
y cerramos aquí el debate con el agradecimiento a los proyectos
e instituciones que la han hecho posible y con el deseo compartido,
de que sea provechoso para todos los profesionales del derecho
y para la sociedad.
En su conjunto, muchas gracias.