A día de hoy, más de 30 millones de niños y niñas en el mundo
se han visto obligados a huir de sus hogares
y a desplazarse hacia otro país.
Muchos, emprenden el viaje sin la protección de un adulto
o sufren esta separación
durante largos periodos de tránsito por países ajenos.
Son la infancia en movimiento.
Niños, niñas y jóvenes que huyen de situaciones de pobreza,
conflictos armados
y vulneraciones de los derechos humanos,
en sus países de origen,
y son discriminados, criminalizados y arrojados
a un sistema sin garantías, en los países de destino.
Llegué a finales del 2015, con 16.
He entrado a Ceuta una mañana de jueves era,
y me quedé con unos chavales ahí en Ceuta,
he pasado, más o menos, tres semanas en la calle, en Ceuta,
intentado colarme en los vehículos que están en el puerto de Ceuta,
he tenido suerte y he logrado cruzar el estrecho de Gibraltar.
Colarse en el puerto bastantes veces, no es a la primera,
sino es una práctica que estuvimos intentando, no sólo yo,
incluso hay gente que estaba ahí más pequeña que yo, por supuesto.
Desde Amnistía Internacional,
el trabajo que llevamos haciendo de investigación
de la situación de los derechos humanos en nuestro país,
hemos podido constatar claramente cómo el sistema
no está protegiendo adecuadamente a los menores no acompañados,
niños y niñas adolescentes que llegan a nuestro país,
especialmente en la frontera sur.
Como organización independiente
en la defensa de los derechos humanos,
lo primero que hacemos es nuestras propias investigaciones,
de manera imparcial,
en las que hablamos con las personas afectadas,
con las autoridades, con todas las partes,
para constatar de primera mano cuál es la situación
y señalar que incumplimientos se producen,
teniendo en cuenta el marco de obligaciones legales
de derechos humanos internacionales y estatales.
Cuando una persona llega a España,
en la mayoría de las ocasiones llega sin documentación.
Para esos supuestos, el artículo 35 de la LODILE,
de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España,
prevé qué si existen dudas o existe apariencia
de que la persona podría ser menor de edad,
entonces, hay que someterla
a un procedimiento de determinación de la edad.
El procedimiento de determinación de la edad
puede ser de distintos tipos.
Los organismos internacionales
hablan de la necesidad de someter a las personas
a un procedimiento holístico,
pero en España no utilizamos este procedimiento holístico,
sino un procedimiento exclusivamente médico
y, fundamentalmente, a través de pruebas radiológicas.
El Comité de Derechos del Niño,
ha instado a España a modificar estos procedimientos,
por considerarlos no apropiados para los menores de edad.
También ha recordado que, en dicha evaluación,
ha de evitar toda violación de su integridad física y moral,
de sus intereses como menores y de otras consideraciones de género,
y ha de responder a criterios científicos
de seguridad e imparcialidad.
Es necesario un proceso de identificación, desde luego,
pero el primer contacto, desde luego es muy violento
y da a entender como una detención,
porque has cometido un crimen por migrar.
Porque hay una cooperación de control,
yo lo veo como de control de movimiento,
de cómo la entrada de estos niños es como una detención,
no es una acogida, al principio.
El primer paso que tiene que hacer un menor extranjero no acompañado
es entrar dentro de la categoría de extranjero,
tiene que pasar por una comisaría,
tienes que pasar por un montón de momentos burocráticos,
en los que encima algún chaval, algún joven,
ha tenido que pasarlos solos y solas,
sin ningún apoyo de ninguna institución.
Por lo tanto, toda la ley de extranjería
es la que actúa sobre el menor extranjero no acompañado,
dejando de lado asuntos más importantes,
que tienen que ver más con la infancia
y no con la otra categoría, que es del origen.
Como cualquier ciudadano español y del mundo,
sin un documento de identificación,
los niños y niñas migrantes
no pueden ejercer sus derechos fundamentales.
A la espera de las pruebas de determinación de la edad
y de la gestión de su documentación,
a la que la ley obliga,
pueden quedar varados durante meses
en un limbo jurídico y existencial.
Con esas pruebas que insta la fiscalía,
que es la fiscalía quien pide que se hagan bien en un hospital,
bien a través de un médico forense,
se establece una horquilla, se determina una edad posible,
que puede tener esa persona.
Si se determina en esas pruebas médicas
que la persona tiene menos de 18 años,
entonces queda bajo los sistemas de protección,
que en España son competencia de las comunidades autónomas.
Si en ese procedimiento, ese decreto que dicta la fiscalía
establece que la persona es mayor de edad,
entonces queda fuera del sistema de protección
y es una persona susceptible de ser devuelta,
de ser expulsada del territorio nacional.
Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan estos menores,
es la práctica casi rutinaria del ministerio fiscal
de instar la realización de estas pruebas,
incluso para niños y niñas
que llegan con documentación acreditativa de su minoría de edad.
Y hay un problema adicional, también grave,
que es que el Tribunal Supremo ha dicho en unas sentencias ya,
que empezaron el año 2014, hace ya tiempo,
que no se puede someter a pruebas a las personas que,
en algún momento del procedimiento, tengan indocumentación, es decir,
el niño llega a España sin documentos,
pero luego los consigue, los pide a través de su consulado,
la familia se los manda, el procedimiento que sea,
una vez que esa persona tiene un documento
no debería sometérseles a pruebas,
porque ya existe prueba fehaciente de la edad que tiene.
El sesgo que más me llamaba la atención era que los fiscales,
en relación con ciertos documentos de identidad que tenían
los menores extranjeros no acompañados, si los presentabas,
pues, bueno, tenían la peregrina idea de decir
que, bueno, que cómo se podían fiar ellos
de que un documento de un país africano,
donde podían haber dicho simplemente
"pues tengo 14 años de edad",
es decir, yo ahí veo un sesgo de tipo xenófobo.
Esta lógica de la sospecha invalida con demasiada frecuencia
documentos de identidad de países no comunitarios,
sin tener pruebas concluyentes de su falsedad.
Una práctica con consecuencias a veces fatales para los menores que,
al no ser identificados como tal,
tendrán que seguir los mismos procedimientos
que los adultos migrantes.
Algunos serán recluidos hasta 60 días,
en un centro de internamiento para extranjeros.
Lugares cuestionados por su funcionamiento altamente arbitrario
y cuya desaparición es reclamada de forma persistente
por las organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos.
"Ese es un espacio
donde más de un centenar de personas están encerradas por,
simplemente, no tener un permiso de residencia y haber migrado"
La experiencia de más de ocho años
como juez de control del CIE de Madrid-Aluche,
me permite calificar a los CIEs, no solo al CIE de Madrid,
como centros de sufrimiento
y espacios de opacidad y de impunidad policial.
La estructura carcelaria,
es cierto que no permite concluir que sean centros penitenciarios,
pero la estancia de hasta unos posibles 60 días como máximo,
dentro de esa estructura
de un modelo policial de intensidad en el control,
me permite calificar a los CIEs en ese sentido.
He encontrado, concretamente, una niña menor de edad,
y unos 15 o 16 niños menores de edad.
Pero, yo tuve la suerte de qué en el juzgado,
el forense era un médico especializado, precisamente,
en los mecanismos de determinación de la edad
y con un bagaje cultural,
que a su vez le permitía no ceñirse a esas tablas que están pensadas,
me refiero a tablas para la determinación de la edad,
que están pensadas más bien
para los blanquitos, cristianos, occidentales,
y no para los africanos.
Según la Fiscalía General del Estado, en enero de 2020,
había más de 12.000 menores extranjeros no acompañados
en situación de tutela o acogida
de los servicios de protección en España.
El 90% eran varones de entre 15 y 17 años,
en su mayoría procedentes de Marruecos y Argelia.
Estas cifras oficiales no incluyen, sin embargo,
a los chicos y chicas cuya minoría de edad no ha sido identificada,
a los que no han sido detectados a su llegada a España,
a los que abandonan voluntariamente los centros de acogida,
ni a las niñas que caen en las redes
de explotación sexual y de trata.
Tampoco dan cuenta
de la heterogeneidad de situaciones que vive el colectivo,
dado que, a pesar de la obligación de las administraciones,
de tramitar en un máximo de nueve meses
los documentos de los menores bajo su tutela,
tan solo el 21% cuenta con una autorización de residencia en vigor.
El hecho de ser menor de edad no supone que no se pueda devolver
a las personas menores de edad a su país de origen, eso es posible,
pero hay una serie de garantías muy rígidas que hay que respetar,
precisamente por el hecho de que son menores de edad,
y todo eso está perfectamente definido
en el Reglamento de Extranjería,
en el artículo 35 de la Ley Orgánica
de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España,
y, no solo eso,
en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
que ha sido desarrollado y explicado de manera suficiente
por el Tribunal Europeo,
pero también los artículos 3 y 20
de la Convención de Derechos del Niño.
Tenemos un marco jurídico clarísimo,
y eso me lleva lamentablemente a decir que sí la normativa está clara,
aquí el problema ha sido de aplicación
y de respeto de esa normativa.
En mayo de 2021,
en el contexto de la crisis diplomática
entre España y Marruecos,
muchos de estos menores fueron usados
como peones de juego político por el gobierno alauí.
Al abrir el paso por tierra hacía Ceuta y Melilla
y por mar hacía las islas Canarias,
cientos de jóvenes llegaron a España,
provocando una crisis humanitaria que sigue en vías de solución.
Amnistía Internacional,
Save the Children y otras organizaciones
de defensa de los derechos de la infancia migrante,
han denunciado la persecución de estos menores,
la falta de asistencia letrada
y las devoluciones colectivas a Marruecos,
sin tener en cuenta las normas internacionales
que priorizan el interés superior del menor.
Acabamos de realizar una misión de investigación en Canarias,
en la que se ha podido constatar el caos y el colapso allí,
cómo hay menores que están esperando durante más de un año
para una prueba de determinación de la edad,
cómo en España se está practicando de manera generalizada
pruebas de determinación de la edad,
cuando ni siquiera corresponde hacerlas,
cuando hay documentación
y está totalmente acreditada su minoría de edad,
y hay niños que llevan,
incluso decenas, hay 1.100 en estos momentos,
esperando pruebas solamente en Canarias,
y decenas que llevan más de un año a la espera.
Esto supone estar a la espera de que sean plenamente reconocidos
los derechos que les corresponden,
de acuerdo con la Convención Internacional de Derechos del Niño
y de acuerdo con las leyes que protegen
a los niños y niñas en nuestro país.
Y se han vulnerado los derechos de los niños
reconocidos en todas estas normas que os he citado
y, fundamentalmente, el derecho a que sean escuchados,
porque ha sido intentada su devolución sin haberles escuchado,
lo que es fundamental para definir cuál es su interés superior, digamos,
en algunos casos puede ser volver con sus familias,
volver a sus países de origen
y, en otros, puede ser quedarse en España,
pero si no les preguntamos, no les escuchamos,
no podemos identificar ese interés superior y, además,
no se les ha prestado la debida asistencia jurídica,
que también es un derecho fundamental
reconocido también en la Constitución Española.
Procedimiento legal, tenemos.
Procedimiento legal, no ha sido respetado en este caso.
Cuando el retorno a sus países de origen no es posible,
algo que sucede en la mayoría de los casos,
son enviados a un centro de primera acogida.
Allí volverán a esperar
a que la Administración decida una solución más duradera
hasta que cumplan la mayoría de edad.
Una espera en condiciones no siempre aceptables,
puesto que muchos de estos centros, de gestión privada,
no cuentan con los recursos humanos y económicos necesarios
para garantizar la tutela de los menores
conforme a los estándares internacionales.
Cuando se trata de menores extranjeros no acompañados,
actualmente, como que hay un aislamiento,
como que hay un perfil de centro
de menores extranjeros no acompañados,
estamos como privatizando el colectivo,
y eso perjudica mucho en su integración, inclusión, etc.
Y lo vemos en muchas ciudades que los centros están en las afueras,
eso también dificulta el proceso de uno de conocer la ciudad, etc.,
y como que esa gente es rara,
y ya vemos que desde los medios
se habla abiertamente criminalizando al colectivo.
Y eso es responsabilidad, claramente, del que tiene la tutela,
las comunidades autónomas,
que no actúan y no protegen la infancia migrante
cuando tiene que ser protegida, por supuesto.
"¿Qué piensas tú de los MENAS?
¿Qué habría que hacer con los MENAS?"
"En mí opinión, los MENAS extranjeros,
los menores no acompañados extranjeros que entran ilegalmente,
lo que hay que hacer es expulsarlos"
En la pasada campaña electoral madrileña,
los menores extranjeros no acompañados
saltaron involuntariamente a la arena política,
al ser mostrados en un cartel de propaganda electoral
del grupo parlamentario VOX.
Una retórica racista y xenófoba,
a veces legitimada desde las propias instituciones,
que va calando en ciertos sectores de la sociedad
y de los medios de comunicación,
propiciando un aumento de los delitos de odio
contra este colectivo.
Para la infancia migrante también tuvo un impacto muy fuerte,
en el sentido de llevar al Congreso de los Diputados
o a cualquier zona política,
pues argumentos discriminadores, racistas,
hacía colectivos migrantes,
pero vimos que acentuaban esa discriminación
hacia la infancia migrante.
Es una infancia marroquí, es una infancia subsahariana,
que tiene que sufrir el racismo ya de por sí de la sociedad
y se ha normalizado ese racismo en la sociedad,
porque los representantes que se supone que son de la sociedad
y que están en la esfera política,
pues tienen esos argumentos racistas, xenófobos, islamófobos,
que criminalizan a estos menores y esta juventud
que tiene que ser defendida, no por colectivos tan humildes
o tan pequeños como puede ser el nuestro,
sino por gente más importante, por gente que se le escuche su voz,
que salga en defensa de los menores,
porque no son menores de allá, sino son menores que están aquí,
por lo tanto, son menores de la sociedad española,
son menores de España.
Yo creo que la ultraderecha
y ciertas partes de las derechas duras,
llevan ya años agitando y alentando las pulsiones xenófobas y racistas
existentes en la sociedad de España.
Y, entonces, esas campañas agitan
y, precisamente, incrementan esas pulsiones racistas y xenófobas,
mediante discursos, que unas veces se estructuran más bien,
dentro de lo que podríamos definir como odio hacia el migrante,
y una concepción que pretende trasladar a la sociedad española,
que estamos siendo invadidos por los migrantes,
diciendo que atentan o van a atentar,
o van a devastar nuestra identidad cultural.
Yo no puedo concluir
la existencia de un sistema que, estructuralmente,
pueda ser calificado de expresivo de racismo institucional
dentro del sistema de detección de menores,
es decir que, estructuralmente, yo no puedo concluir esa afirmación.
Ahora bien, con demasiada frecuencia
y, especialmente, a través del subsistema policial,
cuando el subsistema policial entra en contacto,
cuando los menores llegan, etc.,
ahí sí que he detectado demasiadas prácticas que, precisamente,
sí pudieran ser calificadas como expresivas de racismo institucional
y de xenofobia, también, por parte de los agentes.
A un menor extranjero,
siempre se le va a exigir una mejor conducta,
se le va a exigir que dé razones para que se le dé una ciudadanía,
para que se le dé un permiso de residencia.
Entonces, ya estamos actuando con ese menor,
no desde la profesionalidad de la educación,
sino desde, meramente, trámites administrativos.
Por lo tanto, un menor se ve cohibido,
se ve siempre presionado,
su salud mental deteriora a niveles demasiado rápidos,
por esta presión que viene de la Ley de Extranjería
y que muchos profesionales, desgraciadamente,
usan para intentar cambiar el futuro de los niños.
Podemos entender que no es la forma
de crear un nuevo proyecto de vida con estos menores.
Efectivamente, somos personas migrantes,
somos de otra cultura, hablamos otro idioma,
tenemos otras costumbres,
y el objetivo es que estemos en manos de profesionales
que hagan que estas personas se adapten de la mejor manera
y que se integren en esta sociedad, y ese es el objetivo de todos.
Entonces, cuando no cuentas con estos profesionales,
que están bien preparados y tal,
lo que pasa es que vemos que los niños están un tiempo,
ni siquiera aprenden el idioma, y esto prácticamente es un fracaso.
"Ejercer el derecho a moverte,
para más tarde darnos cuenta de que no es un derecho universal.
Nos preguntamos
¿dónde está nuestro protector cuando atentan contra nosotros,
cuando nos juzgan desde materia del mismo sistema?"
ExMENAS nace como una asociación que venía de un colectivo de jóvenes,
que recién acababan de cumplir los 18 años
y se veían en una situación de desamparo total, de abandono,
y señalizados por gran parte de la sociedad y de partidos políticos.
Entonces, nosotros y nosotras,
desde la asociación, decidimos apropiarnos de este nombre,
para que pongan caras a los niños, a los jóvenes,
para que digan "estamos hablando de estos"
y no, simplemente, de las campañas de politización
que llevan a cabo los medios de comunicación,
partidos políticos y diferentes entidades.
Es un fracaso del propio sistema,
y el fracaso también de quién está más perjudicado,
el propio niño,
porque ni siquiera ha sido capaz de adaptarse en el centro de menores
y cuando sale del centro y se encuentra en la calle,
no es capaz de adaptarse a la sociedad.
"He de comentarles, también, un Real Decreto,
por el que se modifica el Reglamento de Ley
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España
que, fundamentalmente, hemos trabajado en colaboración
y con la ayuda de las Comunidades Autónomas"
En este sentido, las reivindicaciones
de casi 300 organizaciones y colectivos
de defensa de los derechos humanos,
dieron su fruto el pasado 19 de octubre,
con la aprobación del Real Decreto
que reforma el Reglamento de Extranjería,
precisamente en el régimen jurídico de menores y extutelados,
para favorecer su integración.
A partir de ahora, los niños y niñas extranjeros
que llegan solos a España podrán trabajar,
con determinadas condiciones y circunstancias,
a partir de los 16 años,
lo que va a servir muy positivamente
para su integración social y su integración laboral.
Y, después, se establece un régimen
mucho más ajustado a la realidad de las vidas de estos niños,
para conseguir el permiso de residencia
una vez que cumplen los 18 años de edad.
Este reglamento va a ayudar a que esa integración sociolaboral
sea mucho más sencilla.
¿Las dificultades?
Pues las dificultades van a ser, sobre todo,
de ejecución y de implementación,
el reglamento deja algunos conceptos jurídicos un poco abiertos
y dependerá su real aplicación de lo que los sistemas de protección
y, también, el Ministerio del Interior,
decida hacer a la hora de ejecutar el reglamento,
pero las bases que se han puesto, desde el punto de vista normativo,
son extraordinariamente buenas.
Es fundamental, en este ámbito recordar,
qué es imprescindible que exista una coordinación estable
entre las autoridades de carácter estatal, autonómico y local,
y señalo lo de estable, porque esto es una situación,
la migración, la movilidad de personas
y la protección de la infancia, es una necesidad permanente,
y no puede ser que cada vez que se produzcan llegadas sean abordadas
como si se tratase de una crisis puntual.
Las obligaciones de Derechos Humanos
y el resto de legislación de nuestro país,
obliga de manera permanente,
y esos mecanismos de corresponsabilidad y coordinación
se tienen que poner en marcha.
Guiados por el sueño europeo,
los menores extranjeros no acompañados
que logran atravesar los muros externos de la Europa fortaleza,
se encuentran con los muros internos de los países de llegada,
con un sistema de protección que les discrimina,
que niega su infancia y su adolescencia
y que les deja solos y mal acompañados.