Estimados alumnos, vamos a abordar la última sesión correspondiente
al tema 14 de la serie instituciones de la Unión Europea que recae
sobre la garantía jurisdiccional del derecho de la Unión,
en las que estamos abordando los distintos recursos
cuya competencia se atribuye al Tribunal de Justicia
para garantizar el derecho europeo.
Vamos a ver en esta sesión la cuestión prejudicial.
Pues bien, como ustedes saben, todo ordenamiento jurídico
se sustenta sobre la idea de su unidad
porque la unidad, un ordenamiento jurídico,
es lo que va a garantizar la igualdad en la aplicación de la ley.
Esta igualdad no significa que solamente que existan,
que estén vigentes unas mismas normas,
sino que esas normas sean interpretadas de una manera uniforme
por los operadores jurídicos y se apliquen de esta manera uniforme
a todos los sujetos que forman sujetos de ese ordenamiento jurídico
en un ámbito territorial determinado, pues bien,
cómo se garantiza esta unidad de un ordenamiento jurídico?
Saben?
En los Estados miembros existen unos tribunales de casación,
que son los que se encuentran en la cúspide
de la organización judicial,
que son los encargados de garantizar esta uniformidad en España.
Sería el caso del Tribunal Supremo.
El ordenamiento jurídico de la Unión Europea
también tiene que ser aplicado e interpretado de manera uniforme
para que sea el mismo, sea único para todos
los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea.
Pero, como hemos visto,
el sistema jurisdiccional de la Unión Europea
no se asienta sobre una armonización judicial única,
sino que es un sistema que se comparte
entre el Tribunal de Justicia
y los órganos jurisdiccionales nacionales,
pues, pues bien, corresponde al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea garantizar la unidad del ordenamiento jurídico
de la Unión,
y no lo va a hacer a través de un recurso de casación,
como ocurre en los Estados en los ordenamientos jurídicos
nacionales,
sino a través de un mecanismo específico de cooperación judicial
con los órganos jurisdiccionales nacionales,
que se denomina cuestión prejudicial,
está regulada en el artículo 267 del tratado de funcionamiento
de la Unión Europea y a través de este mecanismo
son los órganos jurisdiccionales nacionales,
los jueces y tribunales los que cuando tengan dudas
sobre la legalidad de una norma de la Unión
o la interpretación de los tratados o de una norma de derecho derivado,
tienen que plantear esta cuestión.
Someter esta cuestión al Tribunal de Justicia
para que resuelva sobre la misma.
De esta manera, a través de la cuestión prejudicial,
se garantiza la unidad
y la uniformidad en la aplicación del ordenamiento jurídico,
según el objeto que tenga la cuestión prejudicial,
podemos encontrar dos tipos.
Por una parte, la cuestión prejudicial de interpretación,
a través de la cual se persigue que justamente que se logre
una interpretación uniforme,
tanto del derecho europeo originario es decir de los tratados
y de todos los tratados de reforma como del derecho derivado,
mientras que en la cuestión prejudicial de validez
tiene por objeto el enjuiciamiento de la validez de los actos,
pero solamente de los actos de derecho
derivado nunca del del derecho originario,
nunca de los tratados.
Por tanto, la cuestión prejudicial de validez va a suponer,
va a permitir o va a ser un sistema indirecto
para depurar aquellos actos de las instituciones,
órganos y organismos que sean contrarios a los tratados?
Quién puede plantear una cuestión prejudicial,
hemos dicho que son los órganos jurisdiccionales
de los Estados miembros los que cuando tengan dudas
tienen que remitir esto al Tribunal de Justicia.
Por tanto, la primera reflexión que tenemos que hacer
es que se entiende por órgano jurisdiccional de un estado miembro,
porque a ello se refiere el artículo 267 del tratado.
Pues bien, se trata de una noción de derecho europeo,
por tanto,
no se le puede dotar de contenido conforme al derecho nacional,
pero sí que es cierto que tenemos que recurrir a normas internas
que regulan la composición, el estatus o las funciones para ver
si se cumplen los requisitos que se exige en el derecho europeo
para tener el concepto de órgano jurisdiccional
de un estado miembro.
Estos requisitos son que se trate de órganos creados por la ley,
que tengan carácter permanente,
que ejerzan ostenten una competencia de carácter obligatorio
que actúen con sujeción a un procedimiento contradictorio
y que ostenten la función de aplicar normas jurídicas;
es decir, que su función consiste en la aplicación de normas jurídicas,
lo que no está claro a través de si analizamos la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia.
Si todos estos requisitos tienen que concurrir de forma simultánea
o incluso si es o no relevante.
Por ejemplo, el hecho
de que el órgano goce de independencia
o el titular del órgano judicial sea uno inamovible,
pues vemos casos en los que el Tribunal de Justicia
admitido cuestiones prejudiciales, por ejemplo,
en el ordenamiento jurídico español
planteadas por planteadas desde el ordenamiento jurídico español
que han sido remitidas por tribunales de carácter administrativo,
como el Tribunal de defensa de la competencia,
o el tribunal económico administrativo central
y, por tanto, son requisitos que es el Tribunal de Justicia
el que va matizando e interpretando.
Hemos visto quién puede plantearla.
Ahora vemos
cuando cuando se puede plantear una cuestión prejudicial bueno,
pues el órgano, cualquier juez o tribunal
podrá plantearla siempre que necesite una decisión del Tribunal de Justicia
para decidir la cuestión que se les está sometiendo a su conocimiento,
es decir, para emitir el fallo,
para dictar la sentencia.
Ahora bien, el artículo 267 introduce una matización,
pues convierte esta facultad en obligación.
Cuando estamos ante órganos jurisdiccionales
cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recursos,
ya no cabe recurso contra la decisión de esos órganos jurisdiccionales.
Cómo se interpreta esto?
Pues vamos a tenemos que distinguir entre la cuestión prejudicial,
de interpretación y la cuestión prejudicial de validez en el caso
de la cuestión prejudicial, de interpretación.
La obligatoriedad de su planteamiento
se extiende a todos los órganos judiciales,
que, en último grado de van decidir sobre una cuestión de derecho
europeo, con independencia de que se encuentren en la cúspide
de la organización jerárquica, es decir, órganos jurisdiccionales
cuyas resoluciones sentencias no sean susceptibles
de ulterior recurso, aunque no estén en el último grado,
o sea, puede no ser el Tribunal Supremo.
El Tribunal de Justicia
puede ser un órgano en el caso del ordenamiento español,
por ejemplo, puede ser un órgano inferior,
pero que no quepa recursos frente a sus resoluciones.
Entonces, en este caso esa facultad se convierte en obligación,
siempre hablando de la cuestión prejudicial de interpretación.
Esta esta doctrina
se ha visto matizada también por el Tribunal de Justicia,
al introducir lo que se se ha denominado
la doctrina del acto claro, es decir,
hay algunos supuestos en los que estos órganos jurisdiccionales
a los que nos referimos
no estarían obligados a plantear la cuestión prejudicial,
y se han ido definiendo como aquellos en los que, por ejemplo, la cuestión
planteada en el proceso interno no es relevante,
o sea, resulta irrelevante o supuestos en los que el derecho
ya ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia
con anterioridad
o en los que no exista una duda razonable
sobre cuál es la correcta aplicación del derecho europeo.
Estos son los puestos que conforman.
Lo que se llama doctrina del acto claro,
son como matizaciones.
Hemos hablado de la cuestión prejudicial de interpretación.
En cuanto a la cuestión prejudicial, de validez.
El carácter obligatorio de su planteamiento no depende tanto
de si las decisiones son susceptibles o no de ser recurribles,
sino de si el órgano que formula la cuestión
pretende fundar su decisión en un juicio positivo o negativo,
sobre la validez del acto europeo, o sea, es decir,
al órgano jurisdiccional.
Se le somete un tema
y es es un tema en el que se aplica el derecho europeo,
un derecho derivado y el órgano no tiene claro
si ese acto de derecho europeo es válido,
es decir, es conforme a los tratados o no.
Tenemos que distinguir si el órgano judicial para resolver ese caso
va a hacer una valoración positiva de esos actos,
es decir, va considerar que los actos en cuestión
son conformes a los tratados,
es lo que se denomina juicio positivo de validez.
En ese caso no es necesario que plantea la cuestión prejudicial
porque cualquier órgano judicial nacional
puede por su propia autoridad aplicar ese acto de derecho europeo
que considera válido sin necesidad de plantearla.
La cuestión al Tribunal de Justicia,
siempre que sea un juicio positivo de validez,
es decir, que considere que el acto es conforme al tratado,
es válido.
Ahora bien, si el órgano judicial tiene la duda,
porque considera o puede considerar que ese acto es inválido
porque es contrario al tratado, en este caso
tendría que llevar a cabo un juicio negativo de validez.
Por tanto, no puede hacerlo por sí mismo
y tiene que plantear en este caso sí que tiene
que plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia,
porque este juicio negativo de validez
está reservado exclusivamente al Tribunal de Justicia,
y tiene que hacerlo,
con independencia de que sus decisiones sean
o no recurribles.
Por tanto, vemos que el criterio no es que las decisiones sean
o no recurrible.
Si no el juicio de validez que lleva a cabo el órgano judicial
para resolver el litigio que se le está sometiendo a su enjuiciamiento,
qué requisitos son necesarios para plantear
la cuestión prejudicial?
Hemos visto que es el órgano el que tiene la potestad
y, por tanto, no es una parte,
no es una potestad de las partes.
Las poas, las partes no pueden plantear la cuestión.
Las partes del litigio principal
no pueden plantear la cuestión prejudicial,
es el órgano jurisdiccional el que lo hace,
sin perjuicio de que puedan instar al órgano hacerlo
o que puedan después plantear determinados argumentos en apoyo
de sus pretensiones.
Argumentos de derecho europeo, o sea, que es el órgano judicial,
y existe una vez que se plantea la cuestión prejudicial,
el procedimiento principal se suspende
hasta que el Tribunal de Justicia resuelve dicta auto o sentencia
motivado sin perjuicio de que existe la posibilidad
de un recurso en vía interna
si se alega por ejemplo, que se vulnera el derecho fundamental
a un proceso sin dilaciones indebidas.
Pero bueno, esto es otro tema.
Se suspende el proceso principal.
Mientras se plantea la cuestión prejudicial,
y hasta que el Tribunal de Justicia
resuelva en cuanto a qué requisitos hay algún requisito bueno,
de tipo formal no están claramente,
no están definidos expresamente, no está definido el momento procesal
oportuno en el que se tiene que plantear,
pero sí que el Tribunal de Justicia considera que es que se debe plantear
una vez que están probados los hechos.
Si definido el derecho aplicable al caso y en cuanto a la forma,
pues tiene que ser de manera clara, sencilla,
precisa que permita traducirla a las demás lenguas oficiales
en la Unión Europea
para que los otros estados puedan plantear sus observaciones
si lo consideran oportuno.
1, en cuanto a los requisitos materiales, bueno, esto sería más
bien de aplicación a la cuestión prejudicial,
la interpretación tiene que darse la duda razonable,
porque hemos visto que si no existe duda razonable
en el órgano judicial, no estaría obligado.
Por tanto, una duda razonable
sobre la interpretación del derecho europeo aplicable al caso
y que sea necesario que el órgano judicial
considere que es necesario la aclaración de esta duda
por parte del Tribunal de Justicia para decidir,
para dictar una sentencia,
para determinar y sea determinante en el sentido del fallo,
sea la interpretación del Tribunal de Justicia,
va a ser determinante en el sentido del fallo
de la sentencia en vía nacional.
Por tanto, el proceso de la cuestión prejudicial
se inicia por el órgano jurisdiccional nacional.
En el proceso pueden intervenir.
Como hemos dicho,
las partes pueden intervenir las instituciones de la Unión Europea
y pueden intervenir otros.
Estados miembros,
y el proceso finaliza mediante sentencia o auto motivado
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y vamos a ver ahora ya.
Por último,
qué efectos tienen las sentencias y distinguimos nuevamente
entre la cuestión prejudicial de interpretación
y de validez en el caso de la cuestión prejudicial,
la interpretación, el órgano jurisdiccional nacional
está vinculado a la interpretación que ha hecho
el Tribunal de Justicia,
es decir, tiene que fundar su decisión.
La resolución del litigio principal,
con la interpretación que le viene dada por el Tribunal de Justicia,
aplicándolo al caso, al caso sometido a su enjuiciamiento,
o sea, el órgano judicial,
queda vinculado por esa interpretación.
Pero además
estos estos pronunciamientos interpretativos que lleva a cabo
el Tribunal de Justicia vincula con carácter general
a todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, de modo que
ningún órgano jurisdiccional de un estado miembro
puede realizar una interpretación contraria diferente,
distinta a la efectuada previamente por el Tribunal de Justicia,
quedan vinculados.
Entonces,
qué posibilidades tienen los órganos jurisdiccionales nacionales?
Pueden
o bien acatar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia,
o sea que qué posibles tienen cuando ya ha habido
una interpretación del Tribunal de Justicia
sobre una materia?
Pueden acatar el pronunciamiento literalmente con una interpretación
literal de lo que ha dicho el Tribunal de Justicia
en una de sus sentencias,
y en el caso de que tengan dudas porque no lo vean claro,
pueden volver a plantear la cuestión prejudicial
con el fin de que el tribunal de justicia aclare argumentos,
introduzcan nuevos argumentos, nuevos elementos de apreciación
o incluso reconsidero.
Corrija la cuestión, la interpretación
realizada con anterioridad en cuanto a la cuestión prejudicial,
de validez.
Las sentencias prejudiciales de validez
tienen una eficacia vinculante de carácter general,
es decir, no obligan solamente al órgano
que planteó la cuestión sino a todos los órganos judiciales.
Qué diferencia hay?
Si la sentencia
es desestimatoria desestimatoria lo decimos en el sentido
de que el órgano judicial plantea una duda,
su validez sobre un acto de derecho derivado,
y el tribunal no lo considera; o sea, considera que es válido.
Declara que el acto es válido.
Por tanto, esta sentencia lo que va a hacer
es reforzar la prohibición de los órganos judiciales nacionales
de inaplicar este acto europeo,
o sea, están, tienen que tienen que aplicarlo
o sea, no pueden dejar de aplicarlo.
Por qué el tribunal ha considerado que es un acto válido,
sin perjuicio igualmente de volver a plantear una cuestión prejudicial
si consideran que hay nuevos argumentos,
nuevos elementos de apreciación o otros motivos de invalidez
si las sentencias desestimatorias,
si las sentencias estimatorias.
Es decir, el Tribunal de Justicia,
avala un poco la petición del órgano judicial nacional
y considera que sea acto que se somete a enjuiciamiento,
es inválido, es contrario a los tratados.
Esto que hace que el órgano judicial
no pueda aplicar no puede aplicar este acto al caso concreto,
pero además esto tiene efectos erga omnes,
es decir, se aplica a todos los órganos jurisdiccionales
de todos los Estados miembros, la institución que ha dictado el acto
como consecuencia de su invalidez, pues deberá verse,
se deberá haber obligada a derogarlo
y por último, estas sentencias tienen una eficacia retroactiva.
Esto un que es decir hacia atrás hacia el pasado.
Ahora bien, por motivos de ese grado de seguridad jurídica,
el Tribunal de Justicia en sus sentencias
puede matizar esta retroactividad y puede,
o bien limitar los efectos en el tiempo
o bien declarar expresamente el carácter prospectivo;
es decir, que la sentencia solamente se aplique hacia el futuro
y se conserven los efectos generados hasta hasta la fecha.
Hasta aquí la cuestión prejudicial de validez, la cuestión prejudicial
de interpretación y de validez Muchas gracias por su atención.