Estimados alumnos abordamos en esta breve presentación,
la naturaleza, composición y organización interna
del Tribunal Constitucional.
Figura, como saben,
regulada en el título noveno de nuestro texto constitucional,
artículos 159 siguientes,
cuya lectura les emplazamos desde este mismo momento
y asimismo por su ley orgánica de octubre de 1979,
concretamente en la Ley dos barras 1979,
que ha sido objeto hasta la fecha de seis modificaciones
de muy distinta importancia.
Así en primer lugar, un lustro después de su aprobación.
1984, relativo al régimen de recursos en casos de objeción de conciencia
en 1985, haciendo desaparecer el tan controvertido recurso previo
de inconstitucionalidad,
también en 1988 reformando la fase de admisión del recurso de amparo
en la búsqueda de mayor agilidad en la tramitación en 1999,
introduciendo el conflicto en defensa de la autonomía local,
satisfaciendo de esta manera una clara reivindicación
de los entes locales en 2000,
ampliando el plazo de interposición de recursos
en determinados supuestos,
recabando la colaboración de las comisiones bilaterales
de cooperación entre Estado y comunidades autónomas,
con el objeto de evitar recursos que pudieran solventarse
por otros cauces negociadores, y finalmente en 2007,
con la importantísima reforma que pretendió hacer frente
a uno de los principales problemas de colapso del Tribunal Constitucional.
Una cifra, según la última memoria del Tribunal Constitucional,
de los 10.410 Asuntos ingresados en el último año,
10.279, fueron recursos de amparo,
y de las 187 sentencias dictadas, 167 fueron recursos de amparo.
Sí se pretendía con esta reforma
una nueva configuración que resultara más eficaz y eficiente para cumplir
con los objetivos constitucionales previstos para esta institución,
todo ello de cara a encontrar remedio en expresión de García
roca a una situación
de elefantiásicas del amparo constitucional que pone en peligro
la salud del resto del cuerpo de la jurisdicción constitucional.
Nuestro Tribunal Constitucional,
sobre la base del precedente del Tribunal
de garantías constitucionales de nuestra segunda República,
del que difieren aspectos fundamentales,
responde en su estructura formal al modelo europeo que les tenían
o clásico o modelo concentrado.
Esto es aquel
en el que el Tribunal Constitucional goza del monopolio de rechazo
de las leyes que juzgue inconstitucionales,
a instancia de algunos órganos o fracciones de los mismos
legitimados para plantearle su constitucionalidad.
No obstante,
materialmente se distancia del modelo kelseniano puro,
como saben, pero incluso también en el plano formal,
pues existen una aproximación al sistema estadounidense
en principio contrapuesto al kelseniano de control difuso
de constitucionalidad,
pues aunque no se legitima a todos los jueces y tribunales
para dejar de aplicar leyes parlamentarias
que consideren inconstitucionales,
sí que se les dota de la función no deber de plantear
al Tribunal Constitucional la constitucionalidad de una ley
que tengan que aplicar al caso que estén llamados a resolver,
de modo que todos los juegos tienen que plantearse la constitucionalidad
de las leyes; aplicar si el juicio de constitucionalidad es positivo,
aplicarán la ley, solo sea juicios negativo;
plantearán cuestión de inconstitucionalidad
al Tribunal Constitucional,
preservando así su monopolio de rechazo o de juicio negativo
de constitucionalidad y resolviendo el Tribunal Constitucional,
con una sentencia que tendrá efectos erga omnes,
y ya no solo en caso en lo que se refiere a su semblanza
apuntar únicamente que la constitución definitiva
de este órgano no se produjo hasta julio de 1980,
por más que el cuerpo normativo que lo regula
había sido aprobado nueve meses antes por procedimiento de urgencia.
Concretamente, en octubre de 1979, el nombramiento
de los primeros magistrados se produjo ya en febrero de 1980.
El retraso en la constitución definitiva derivó
de la necesidad de la creación previa del órgano que había de nombrar a dos
de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial.
En otro plano puede apuntarse que su primera sentencia
data de enero de 1981 como no podía ser de otra forma,
un recurso de amparo en el que se alega
lo alego, una vulneración del artículo 24,
una reseña de este proceso de creación,
junto con el relato de sus primeras reuniones en el entonces
Centro de Estudios constitucionales, pueden verla ustedes en el trabajo
publicado por quien fuera presidente de este alto tribunal.
Francisco tomás y valiente en el volumen colectivo
la jurisdicción constitucional en España.
Dicho lo anterior, son varias las cuestiones a la hora
de abordar la composición del Tribunal Constitucional,
su número de miembros,
los órganos que proponen al rey su nombramiento;
nombramiento puramente formal, por supuesto,
y los requisitos exigidos a los juristas innombrables
de la previsión elegida por el Constituyente.
En orden a la composición del Tribunal Constitucional,
con cierta influencia del modelo italiano del 47,
sorprende como primera providencia su número entonces miembros,
como saben, de composición plural,
lo que sería la pauta habitual en el derecho comparado
de la segunda posguerra elegidos ocho de ellos,
a propuesta de las cámaras; cuatro del Congreso;
cuatro del Senado, con mayorías cualificadas,
por supuesto, tres quintos de sus miembros,
aunque un sector de la doctrina la considerado escasa,
apuntando la necesidad de haberlo elevado a dos tercios,
al igual que ocurre en otros países,
junto a estos 8, dos más a propuesta del gobierno y, 2.
Por último, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial,
12, aunque inicialmente en el primer proyecto de Constitución
el número previsto era 11.
Precisamente este fue el único cambio, su significativo,
que en lo que a la composición se refiere se produjo
en el proceso constituyente, la alteración del número,
equiparando así el número de magistrados
a elegir por el Senado, que era tres inicialmente al de los elegidos
por el Congreso;
4, de esta forma se pasó a 12 número que casi obligó al legislador,
a dotar al presidente de voto de calidad
y en caso de empate así lo hace el artículo 90 de su ley orgánica,
solución que en la práctica demostró ser muy disfuncional
y se hubiera evitado fijando un número impar de magistrados
como sucede por ejemplo en Italia,
o al menos estableciendo que en caso de empate
no se declare la inconstitucionalidad de la ley,
soluciona alemana que no es ninguna presunción de constitucionalidad
de la ley.
No obstante, o simplemente buscar alguna analogía,
se nos ocurra lo previsto por los artículos 262 263
de la ley orgánica del poder judicial.
La disparidad frente a otros modelos como el alemán, por ejemplo,
con una abstracción y origen completamente parlamentaria,
puede verse en el intento del gobierno
de cede entonces de amarrar algunos de sus miembros
a través de los cuatro miembros no elegidos en sede parlamentaria,
los del Gobierno y Consejo General del Poder Judicial,
con el pensamiento de que durante mucho tiempo
podrían controlar estos órganos.
Las negociaciones entre ustedes los partidos de izquierda psoe, PC,
que reclamaban una mayor presencia de los magistrados propuestos
por las cámaras, provocó ese aumento de 11 a 12 magistrados,
incorporándose cuarto miembro al Senado
al que hemos hecho referencia.
Herencia.
Ese consenso sobre extracción y número se vio completado
por un compromiso no escrito entre los negociadores del psoe
y la ocde de que todos los miembros de ese primer tribunal
serían juristas de reconocido prestigio
y asumibles por los dos partidos.
Así se hizo y ahí queda la calidad de aquellas primeras sentencias
tras la reforma de la ley orgánica de 2007 apuntada al inicio.
Los cuatro magistrados propuestos por el Senado
habrán de ser elegidos entre aquellos candidatos
que hubieran sido presentados por las comunidades autónomas
hasta la fecha,
a la falta de consenso entre los dos grandes partidos.
Ha bloqueado esta renovación con relación a los requisitos
exigidos a los juristas innombrables,
como saben deben serlo entre magistrados fiscales
profesores de universidad funcionarios públicos abogados
todos ellos juristas de reconocida competencia
y más de 15 años de ejercicio profesional reconocida competencia.
Como ven, un concepto jurídico indeterminado
que en la práctica provoca que el propio nombramiento
sea el que reconozca discrecionalmente tal competencia.
Aquí es inexcusable recordar la preocupación
de que en orden a evitar una influencia oculta e incontrolable
de los partidos políticos sobre el Tribunal Constitucional,
idea que siempre está presente y más aún lo ha estado en el caso
de la polémica sentencia del estatuto de autonomía
de cataluña.
La práctica de estos años ha sido definida por algunos autores,
pese a todas las prevenciones previstas constitucionalmente
como por ejemplo en el caso de los propuestos
por las cámaras de mayorías de tres quintos,
como lotización convenida entre partidos y en buena medida,
como también se ha señalado.
De la reconocida competencia en algunas ocasiones
se ha pasado a la reconocida afinidad en palabras de Alzaga.
Las vías de solución no pasan por la candorosa,
pretensión de que los miembros del Tribunal Constitucional
sean nombrados ni por ni entre ángeles o arcángeles;
no se trata de un tribunal de buscar un tribunal celestial,
sino terreno, pero buscando prácticas realistas,
con los pies en la tierra.
En cuanto a la extracción de sus miembros,
aun sin existir previsión constitucional
expresa de una determinada proporción en otros países,
si se hace desde siempre han tenido un peso considerable
en su composición, los de procedencia universitaria
y en menor medida,
aunque de forma creciente, claramente con los últimos años,
los que proceden de la carrera judicial,
con una presencia puramente simbólica,
por ejemplo, de los abogados, uno a lo largo de la historia,
12 magistrados, por tanto, con un mandato de nueve años
y con renovación parcial cada 3, por terceras partes,
el intento de acentuar la independencia del tribunal
se encuentra en el fondo de esa pretensión temporal,
una suerte de intento de antídoto;
otra cosa es que funcione frente a la politización.
Su estatuto se vertebra lógicamente, sobre los principios de independencia
e inamovilidad a la hora de abordar.
Por su parte la organización interna del Tribunal Constitucional.
Deben ustedes distinguir en su estudio
entre organización jurisdiccional y estructura funcional
bajo la primera rúbrica.
Abordarán ustedes su estructuración y funcionamiento
en pleno sala y secciones bajo la segunda estructura funcional
deberán distinguir entre pleno gubernativo presidente,
junta de gobierno.
Secretario general.
Como saben, el pleno del alto tribunal
ya lo han visto ustedes al abordar la composición
se compone de 12 magistrados, es presidido de forma ordinaria
por el presidente elegido por tres años renovable.
La ausencia del presidente lo presidirá el vicepresidente
o magistrado más antiguo en el cargo o de mayor edad
en el caso de igual antigüedad dos salas,
la primera presidida por el presidente del tribunal
la segunda por el vicepresidente cada una consta de seis magistrados.
También existen secciones en orden al despacho ordinario
y la decisión o propuesta de admisibilidad o inadmisibilidad
de procesos constitucionales.
El pleno conoce de una amplia relación de cuestiones
que pueden ver ustedes enumerada en el artículo 10
de la ley orgánica,
cuya última reforma en este punto data de 2007.
Entre ellas cabe destacar ahora los recursos de inconstitucionalidad
contra las leyes y demás disposiciones
como los de ley, los conflictos constitucionales
de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas
o de estas entre sí la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de los tratados internacionales,
los conflictos en defensa de la autonomía local,
los conflictos entre órganos constitucionales, las cuestiones
de inconstitucionalidad que reserve para así etc.
Las salas conocerán por su parte de los recursos
de amparo asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional,
no sean de la competencia del pleno también así como las cuestiones que,
habiendo sido atribuidas al conocimiento de las secciones,
entiendan que por su importancia debe resolver la propia sala.
Sobre las secciones ya hemos apuntado someramente sus competencias.
Con relación a la estructura funcional.
Muy brevemente.
Hay que hacer relación al acuerdo de pleno de julio de 1990,
modificado parcialmente en diferentes ocasiones,
la última en marzo de 2008.
Aquí es preciso hacer referencia al pleno gubernativo,
que son las competencias del pleno,
en materia de funciones no jurisdiccionales,
sobre la organización de la propia institución personal
horarios presupuestos etc
para la adopción de acuerdos aquí se exige la presencia de,
al menos -2 terceras partes de sus miembros;
es preciso hacer referencia igualmente aquí al presidente,
que convocará y fijará el orden del día concursos
para oposiciones de letrados, potestad disciplinaria,
etcétera.
La junta de gobierno,
que aborda esencialmente cuestiones de personal,
se integra por cinco miembros,
el presidente vicepresidente, dos magistrados,
uno por sala y el secretario general este último con voz
pero sin voto importantísimas.
Esta figura del secretario general, que es elegida por el pleno,
entre quienes pertenezcan al cuerpo de letrados del tribunal,
actuando como letrado mayor sobre estos apuntar
que los letrados que prestan asesoramiento técnico jurídico
a los magistrados suelen proceder bien de la carrera judicial
o bien del profesorado universitario.
Una última punto
sobre la adopción de acuerdos en el seno del alto tribunal
resulta preciso, tanto en pleno como en sala,
la presencia de, al menos -2 tercios de los magistrados.
En el caso de las secciones esto también es así salvo el supuesto
de que exista discrepancia entre los dos magistrados,
requiriéndose en este caso
la presencia de los tres decisiones son adoptadas por mayoría,
existiendo existiendo voto de calidad dirimente
de la presidencia en caso de empate.
Resulta preciso de igual forma
apuntar la posibilidad de emisión de votos particulares,
siempre que se hayan defendido en la deliberación
votos discrepantes, pero también concurrentes,
y son, ciertamente un elemento enriquecedor
de las resoluciones y que en ocasiones son un antecedente
de la posterior doctrina.
Nada más.
Muchas gracias.