Hola.
Soy Raúl Sanz
-Burgos, profesor en el departamento
de filosofía jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED.
Voy a explicar la elección.
Seis de la asignatura ética y de deontología públicas.
Esta elección se titula derecho ética pública y poder político.
Mi exposición va a consistir en la responder
a las preguntas de autoevaluación recogidas en el libro recomendado.
Aun así empezaré señalando que el objetivo general
de esta elección consiste en reconocer la importancia
de la moral en la configuración del sistema jurídico,
las formas básicas de interacción entre derecho y moral,
así como el significado de los programas de separación
y de los intentos de vincular de nuevo ambos sistemas normativos
se requiere advertir también cómo han influido tales programas
en las distintas fases de construcción del Estado.
Esta lección tiene una serie de cuestiones.
Se exponen a través de los siguientes epígrafes,
la relatividad de los valores y el orden jurídico,
la moral y el derecho, formas de relación,
la ética pública y el derecho,
y finalmente, se habla también del estado de derecho.
El Estado liberal de derecho, el Estado social de derecho
y el Estado constitucional, conceptos, todos ellos cercanos
y muy relacionados,
pero que es preciso distinguir.
En relación con el primer epígrafe, la relatividad de los valores
y el orden jurídico.
Hay que señalar que las condiciones de la incongruencia
en las sociedades actuales entre la moral
y en derecho son, por una parte,
el carácter pluralista de dichas sociedades,
en las que conviven distintos sistemas de valores,
con distintas concepciones sobre lo justo
y, por otra, que toda regulación jurídica
descansar precisamente en alguna concepción
sobre lo justo consecuencias.
Las normas jurídicas no pueden ser plenamente congruentes
con todos los criterios de justicia presentes
en la sociedad con los sistemas de valores,
que no logran plasmarse en normas jurídicas
a la vista de la contradicción entre los criterios éticos
de los individuos.
El orden jurídico
-político puede constituirse de dos maneras distintas.
O bien reforzando, a través del derecho
de mayor rango a Constitución un determinado planteamiento ético,
o bien incluyendo también en la Constitución;
mecanismos que faciliten plasmar en las leyes
los cambios de opinión sobre lo justo de las mayorías electorales.
En relación con las formas de relación entre moral y derecho,
hay que señalar que la condición de la unidad del derecho
y la moral es que la conducta humana no esté fragmentada en esferas
autónomas sometidas cada una de ellas a diferentes tipos de mandatos.
La unidad consiste en la indistinción de la moral
y el derecho en un nuevo en un único orden normativo
que solo con el paso del tiempo y el aumento de la complejidad
de la sociedad, se fragmenta en diferentes esferas
o subsistemas el subsistema moral jurídico religioso
dichas distinciones propiedades estadios dicha indistinción perdón
expropiada estadios muy arcaicos en la evolución de la sociedad
en la que la acción humana se da en el marco único
de las costumbres sancionadas, por los dioses,
la concepción de la subordinación del derecho a la moral
es la complejidad social, que ha generado
órganos especializados en la creación de normas.
No solo hay que explicitar las normas fraccionadas por los dioses
o legados por la tradición, pero la validez del derecho generado
por tales órganos aparece subordinada al considerado inmutable del moral.
Justo.
La subordinación del derecho, la moral,
consiste o puede caracterizarse como el sometimiento
de la validez y obligatoriedad de las normas
promulgadas por el poder político a su coherencia con el orden moral,
orden que el derecho hace explícito y refuerza con sus mandatos.
Otra forma de interacción entre el derecho y la moral es.
Consiste precisamente en tratar de separarlos.
El objeto de la moral es la relación del ser humano con la ley moral
que se presenta como un mandato ante la conciencia individual.
Los mandatos jurídicos en cambio,
regulan las relaciones de unos individuos con otros
y no comprometen la conciencia individual;
el el fin del derecho consiste en hacer
posible la convivencia de los individuos
entendidos como sujetos de ese antes,
lo cual requiere imponer a todos límites iguales
cuya transgresión es sancionable.
El fin de la moral es el cumplimiento individual
de la legislación interior.
Se puede distinguir el derecho y laboral en función de la autonomía
o eterno mía de ambas legislaciones.
La caracterización de la moral como ámbito de la autonomía significa
que el hombre actúa moralmente cuando se somete a los mandatos,
que se da asimismo el mismo,
unos mandatos que se distinguen de las reglas,
de la prudencia en que aquellos superan la prueba,
universalizadora del imperativo categórico.
En cambio, se dice que el individuo que sigue
los mandatos del derecho se somete a una normatividad heterónoma
porque dichos mandatos provienen de una autoridad exterior
al individuo.
El poder público, los diferentes motivos
que llevan a los individuos, a cumplir la moral y el derecho,
permiten distinguir ambos sistemas normativos.
La acción humana en el ámbito regulado por las normas jurídicas
no requiere aceptación interna de las mismas;
basta con cumplirlas.
La acción moral exige, en cambio,
la aceptación individual de la Ley moral,
hasta el punto de que para calificar como moral una acción sea preciso,
que el sujeto actúe sin otro motivo; que el respeto
a la lengua.
La relación del derecho y laboral
como la con la coacción también permite distinguir, ambos, pues,
la posibilidad de obligar a cumplir una norma mediante la coacción.
Es algo típico del derecho, no de la moral,
del imperativo categórico,
cuya obligatoriedad depende exclusivamente
de la conciencia individual,
la separación radical de la moral y el derecho.
En relación con el objeto, resulta difícil de sostener hoy,
pues la obligación de actuar conforme a lo establecido
en las normas jurídicas puede comprometer la integridad moral
de sus destinatarios.
De ahí que, como herencia de un planteamiento liberal
ilustrado, algunos sistemas jurídicos autoricen la objeción
de conciencia al cumplimiento de algunas de sus normas.
La objeción que cabe oponer a la distinción kantiana del derecho
y la moral en función del fin es que quizás el sentido utópico
de la posible realización de la moral como principio
de convivencia humana.
Si la ley moral,
si llegara a regir entre los seres humanos,
reinar ya la armonía de las voluntades que expresa
con la imagen del reino de los fines,
imagen que había innecesario del derecho,
pues actuó pues al actuar todos, con sumo respeto hacia los demás,
según la fórmula del imperativo categórico.
No resultaría lesionada jamás la autonomía de individual;
la distinción kantiana del derecho
y la moral a propósito de la relación heterónoma,
la autonomía del individuo con ambos sistemas normativos
parece mantenerse indiscutible,
pues ni la pertenencia de las normas con determinados,
sus sistema jurídico y su eficacia social
precisa la aceptación de sus destinatarios.
Sin embargo, la democracia tenga el carácter del derecho,
pues articula mecanismos para que los ciudadanos participemos
en la creación de las normas jurídicas.
La distinción, cantidad del derecho y la moral en función del motivo
de su cumplimiento en líneas generales se mantiene,
pero se reconoce que en aras de la eficacia del derecho,
es preferible que las normas reciba la aprobación de sus destinatarios,
pues de este modo es más probable que su cumplido,
su cumplimiento sin la necesidad de la permanente presencia
de la amenaza de sanciones, la adhesión interna
a las normas jurídicas, su consideración como los más justas
aumentará la posibilidad de su cumplimiento.
Los ejemplos característicos
de los denominados porqués en sistemas normativos estáticos,
son la moral y el derecho natural.
Sus normas son válidas por su contenido
que se puede subsumir en la norma superior
como lo particular en lo universal en los sistemas estáticos,
el contenido de las normas lo que ordena
o prohíben hacer pertenece de manera implícita al contenido de la norma,
presupuesta como cúspide de ese sistema o norma
fundante básica,
contenido que puede ser extraído explicitado
a través de operaciones lógicas.
El derecho es para que el ser el ejemplo
de los denarios de los denominados sistemas normativos dinámicos
del sistema jurídico
puede calificarse como sistema normativo dinámico.
Porque la validez de sus normas no depende de esta,
de que esta exposición, un terminado contenido
de implícito en la norma superior, su existencia como normas jurídicas,
proviene de haber sido generadas conforme a lo que se denominan
norma jurídica, norma fundamental básica
presupuesta que establece cómo se crean las normas jurídicas válidas
en ese sistema.
La norma fundante básica de cualquier sistema normativo
-estático solo puede desempeñar esa función
cuando su contenido lo que manda o lo prohíbe resulta
inmediatamente evidente para sus destinatarios.
La posibilidad de que todos los individuos
puedan reconocer la evidencia indiscutible
de algún principio se ha perdido en la pluralista
-sociedad actual de la necesidad de establecer
diferentes fundamentos de validez para la moral y el derecho.
La exclusión de principio moral de justicia
como criterio de validez del derecho permite considerar los juicios
sobre las normas jurídicas en función de tales principios,
como externos al derecho y, por tanto, carentes de efecto
alguno sobre su validez y su obligatoriedad.
El hecho de que el contenido de una orden coactivo eficaz sea
juzgado como injusto no constituye en todo caso fundamento
para no aceptar ese orden como un orden jurídico.
A la luz de las radicales consecuencias
de este planteamiento, ha habido también intentos de restauración
de los vínculos entre moral y derecho como consecuencia
de una serie de características comunes a todos los seres humanos,
así como de la necesidad de hacer posible la convivencia.
Según jar, el derecho debe incluir una serie de preceptos comunes
con los de la moral que dicho denomina contenido mínimo
del derecho natural, de la voluntad de la vulnerabilidad.
Igualdad aproximada de los seres humanos,
resultan prohibiciones comunes al derecho y laboral
como, por ejemplo, la de no matar otras características.
Hace impulsar la cooperación justifica en las instituciones
como la propiedad, como señala este autor
su en su libro.
El, la justificación de la propiedad no incluye necesariamente
la justificación de la necesidad de la propiedad privada.
También como característica
o como consecuencia de la necesidad de cooperación.
Resulta necesaria también las opciones.
La manera positivista de entender el funcionamiento del derecho
limitado a la aplicación jurídica de normas a la aplicación judicial
de normas creadas conforme a la regla de reconocimiento del sistema,
ha sido considerada, rodea por autores como Roal Dworkin,
que sostiene que el derecho no se compone solo
de las normas así generadas,
sobre todo para explicitar o para explicar cómo actúan
los tribunales.
En los casos difíciles sostiene este autor es preciso
incluir también en la esfera jurídica
estándares que no funcionan como normas,
sino que operan de manera diferente como principios.
Los principios consisten en exigencias de justicia,
equidad o alguna dimensión de la moralidad,
y su aplicación requiere determinar en cada caso no solo
su aplicabilidad, como ocurre con las normas,
sino también lo que denomina su peso o importancia para resolver el caso
entre los ensayos recientes de restaurar los vínculos
entre la moral y el derecho.
No puede faltar la referencia a los derechos humanos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que vincula la libertad, la justicia y la paz en el mundo.
Con el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales
finale e inalienables de toda la familia humana,
las Naciones Unidas han aprobado desde entonces numerosos pactos
y declaraciones que han contribuido a impulsar el respeto y protección
de colectivos discriminados, así como de aspectos esenciales
de la vida de todos los seres humanos.
Otra cuestión que hay que tener en cuenta para entender
las distintas relaciones que se pretenden aclarar
en esta elección es la relación entre ética pública y derecho.
La historia de Europa ofrece datos más que suficientes
para explicar los motivos que impulsaron la diferenciación
entre las esfera pública, entre la esfera pública
y la esfera privada.
Destaca la necesidad de en sentido en un determinado momento
de defender las convicciones religiosas individuales
frente a los mandatos del poder público.
Distinguir entre una esfera privada y una esfera pública,
y la acción de los seres humanos fue una de las vías
seguidas para a atenuar o tratar de hacer desaparecer
los violentos conflictos religiosos que aparecen en Europa,
con la reforma circunscribiéndola,
religión, y la moral al ámbito de la primera y el derecho como expresión
de los mandatos del poder a la segunda esfera.
La esfera del poder en la voz efectiva,
sociedad pluralista, los hilos, 16 17,
la distinción de las esferas pública y privada,
persigue evitar la colisión entre distintas moralidades visiones
globales del mundo que sus seguidores tratan de imponer a todos.
Sin miramientos, como consecuencia de su confianza
de hablar de haber conocido mejor que los demás, la voluntad de Dios,
ponemos fin a la Guerra Civil religiosa allí
donde ninguno de los partidos de los partidos
en esa guerra podía alzarse con la victoria
requirió la Constitución de una gente capaz de superarla;
el de superar perder la fuerza de todos los partidos en pugna
y con ello delimitar efectivamente su actividad al ámbito privado.
El Estado es esa gente capaz
de poner fin a la violencia
y de garantizar la vida y la propiedad de los individuos,
así como de constituir jurídicamente un ámbito.
La esfera privada
en la que los individuos pueden vivir conforme a sus convicciones
y protegidos frente a la injerencia tanto de terceros
como del poder público.
El Estado,
según el programa de la ética pública de proteger la libertad individual,
para lo que se sirve del derecho que establece las condiciones generales,
imprescindibles para que cada individuo pueda llevar a cabo
con alguna seguridad el plan de vida acorde con su conciencia;
a ese fin sirve la igualdad ante la ley.
La seguridad jurídica
a la que sirve la exigencia de publicidad de las normas,
así como la prohibición de leyes retroactivas
y la generación de espacios libres de injerencias,
objetivo cuál es funcionar la técnica de esos derechos subjetivos
fundamentales.
El Estado se constituye por tanto como un poder
por encima de las facciones de la sociedad,
capaz de neutralizar las pretensiones de cada una de ellas,
de imponer, autoritariamente a todos
su particular manera de entender bien el Estado estela podemos reconocer
o como como continuación de este planteamiento
podemos reconocer, el, la institución o el planteamiento que ha venido
a llamarse como estado de derecho imperio de la ley significa
que no solo la acción de los ciudadanos está sometida
a la ley, sino también la acción de los poderes del Estado.
Esta exigencia resulta de la necesidad de poner coto
a la arbitrariedad característica del ejercicio del poder público
en la época absolutista,
cuando la norma era expresión de la voluntad del soberano,
pero este era libre de someterse a ella libre de actuar
conforme a los los mes libre de actuar perdón
conforme a las normas que él mismo promulgaba.
La separación de los poderes legislativo, cautivo y judicial,
conlleva la igualdad entre ellos,
es innegable la supremacía del poder legislativo,
estrechamente vinculado a la voluntad del pueblo
a través de la representación,
que se traduce en la capacidad del legislador
para dotar casi casi cualquier contenido
de cualquier contenido al sistema jurídico.
De todos modos,
la separación de poderes posibilita el control judicial
de que efectivamente el poder ejecutivo
y la administración actúan conforme a la ley,
que no interfieren en la esfera de libertad de los individuos,
protegida por el derecho,
más que en los casos previstos por la ley.
Constituye, por tanto, un mecanismo esencial de protección jurídica
de la autonomía individual.
El estado de derecho trata de asegurar,
tanto la vida como la propiedad de los individuos,
frente a las las arbitrarias decisiones
de los monarcas absolutos,
al objetivo de proteger la autonomía individual,
se endereza en sus instituciones típicas
el imperio de la ley, la separación de los poderes públicos
y la protección de los derechos civiles y políticos.
Estado de derecho es aquel que hace efectiva la función
a la que debe servir la acción del Estado conforme a la ley,
evitar la arbitrariedad del poder público
para que los individuos puedan desarrollar plenamente
en la esfera privada y pública su autonomía
como una continuación del estado de derecho hay que entender
o hay que considerar también el estado liberal de derecho
y el Estado social de derecho,
en lo que se refiere a los motivos de la confianza liberal
ilustrada en la capacidad, en la capacidad jurídica,
igual para contratar como medio de la prosperidad,
de los individuos.
Hay que señalar que la filosofía social del liberalismo
subraya que basta con dejar que la sociedad
se autogobierne por medio de su supuestamente natural,
por medio de las supuestamente naturales leyes del mercado
y facilitar a todos los individuos la posibilidad de actuar libremente
en ese ámbito mediante la capacidad jurídica,
igual para contratar, para poner en manos de todos las condiciones
de su prosperidad,
pues como seres racionales solo se obligarían
mediante aquellos contratos que les resultasen beneficiosos.
La insuficiencia de la personalidad jurídica
en concreto de la capacidad jurídica para contratar ya
digo la insuficiencia de la personalidad jurídica
para generar la autonomía efectiva de todos los ciudadanos proviene
de que con ella no se concede importancia al hecho
de la muy diferente capacidad material de las partes a la hora
de negociar contratos.
Como es bien sabido,
la generalización de la capacidad jurídica igual
como mecanismo para la composición de intereses,
llevó a la miseria a todos aquellos que no tenían otra cosa
que llevar al mercado de su propia fuerza de trabajo.
El estado liberal requeriría una profunda transformación
con el fin de hacer efectiva para todos los ciudadanos
la promesa de autonomía con que inicia su andadura
la extensión de los derechos políticos,
así como la promulgación de los llamados derechos sociales.
Persiguen esa meta, son funcionales al logro de al logro,
del objetivo de facilitar a todos la posibilidad
de desarrollar un plan de vida.
El Estado social de derecho es una forma política
en la cual la ausencia de intervención del Estado
en la sociedad no se considera ya un requisito
para la prosperidad general,
pues el autogobierno de la sociedad a través de las leyes del mercado
ha demostrado ser insuficiente para evitar
una distribución muy desigual de la riqueza Estado.
Interviene en la sociedad con el fin de hacer efectiva
para todos los ciudadanos cierta capacidad
de elegir, con libertad,
a qué obligaciones, someterse y a cambio de qué prestaciones, no;
sin luchas se amplian con ese fin, el derecho de sufragio.
Hasta incluir a las mujeres y se implantan
algunas políticas protectoras de los individuos relativas
a la sanidad, la jubilación o la educación obligatoria,
aunque su garantía jurídica queda condicionada a menudo
a la posibilidad o disponibilidad, perdón, de recursos económicos.
También, en relación con con esa raíz de la que he hablado antes,
que es el Estado derecho, hay que hacer mención
también al Estado constitucional las constitucionales
las constituciones perdón de los Estados liberales son típicas
del llamado Estado legislativo y de derecho,
que se caracteriza por establecer las líneas generales
de la organización del poder público,
los órganos, sus competencias y procedimientos
de actuación.
La promoción en ellas
de ciertos derechos fundamentales no generaba por sí misma protección
jurídica alguna que pudiera hacerse valer ante los tribunales,
antes de que el legislador regular a través de la ley,
el ejercicio y los límites de tales derechos,
tampoco había órgano alguno capaz de fiscalizar la efectiva obra
de regulación de esos derechos por parte del legislador.
Este, este tipo de constituciones se caracterizaban.
Por tanto, por confiar al legislador la determinación completa
del contenido del derecho con cuyas reglas han de juzgar los jueces,
sin que las constituciones, proporcionen a estos ni criterios
ni procedimientos conforme a los que enjuiciar las normas
creadas por el legislador.
Claro, esta clase de juicios estaba fuera del marco
de sus competencias para construir el estado constitucional de derecho.
Le ha bastado a la Constitución española de 1978
establecer la aplicabilidad directa de la Constitución,
mandato que no solo obliga al legislador a crear
normas acordes con ella,
sino que también obliga a los tribunales ordinarios
a llevar a cabo la tarea de tutela de los derechos y libertades,
viviendo si la legislación que regula su ejercicio
cumple adecuadamente el mandato dirigido a todos los poderes públicos
de proveedor.
Que la libertad y la igualdad del individuo
y los grupos en que se integran sean reales y efectivas.
La aplicabilidad directa de la Constitución
requiere la existencia de algún órgano que controle
que, efectivamente, la actividad del legislador
y los tribunales están vinculadas a los derechos y libertades
recogidos en la Constitución.
Ese órgano es el Tribunal Constitucional.
La importancia concedida en este nuevo sistema
a los tribunales explica que también haya sido denominado
Estado jurisdiccional de derecho.
La amenaza de constitucionalización del ordenamiento jurídico
en el estado constitucional de derecho proviene
de que los mandatos dirigidos al Tribunal Constitucional
de controlar que los tribunales ordinarios apliquen el derecho
conforme a los derechos y libertades constitucionales,
así como de controlar la coherencia de la actividad del legislador
con los valores
y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución,
amenazan con elevar al Tribunal Constitucional
a la condición de legislador en materia de derechos
fundamentales.
Si, como se advierte a menudo, si como se abierta la nueva situar,
la protección de los derechos y libertades como núcleo
de la actividad de los poderes públicos
puede conllevar que cualquier conflicto jurídico
se transforme en un conflicto de derechos fundamentales,
el Tribunal Constitucional puede llegar a crear de hecho
puede llegar a crear derecho en cualquier área
del ordenamiento jurídico.
Un derecho que, dada la relación entre los poderes y órganos
del Estado del Estado, establecida, por le costó por la Constitución,
resultaría del mismo rango que está invulnerable, por tanto,
a posteriores decisiones del poder legislativo.
La actividad de los tribunales puede conducir al Estado
constitucional de derecho a la inseguridad jurídica
como consecuencia del mandato dirigido a los jueces y tribunales
de aplicar el derecho conforme a los principios
y valores constitucionales.
Cumplir este mandato puede requerir
en ocasiones la nueva aplicación del derecho válido de rango legal
en favor de la aplicación de unos preceptos.
Los principios que da la su generalidad
no puede llevar a cabo con no se puede llevar a cabo
con la misma precisión y previsibilidad
que la de las normas que vinculan la imposición de una consecuencia
definida jurídicamente a unos hechos también jurídicamente definidos,
la aplicación jurídica de los principios toma estos,
como normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible
dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes.
Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización
que están caracterizados por el hecho
de que se pueden cumplir en diferentes grados
y que la medida debida a su cumplimiento no solo
depende de las posibilidades reales sino también de la jurídicas.
El ámbito de las posibilidades jurídicas
está determinado por la concurrencia de principios y reglas opuestos.
Los jueces a la hora de decidir los conflictos entre principios
no pueden determinar la aplicación de alguno de ellos
en perjuicio de los demás a través de los criterios
con los que tradicionalmente se determina la norma aplicable
mediante los criterios con las lógico jerárquico
y de especialidad, pues todos los principios constitucionales
ha sido promulgados en el mismo documento,
en el mismo momento y con el mismo rango,
la relación entre ellos se resuelve en cada caso mediante una ponderación
de intereses opuestos a través de este procedimiento.
Se trata de establecer cuál de los intereses hasta abstractamente
del mismo rango, posee mayor peso, mayor importancia.
En el caso concreto
la ponderación se rige conforme a la siguiente máxima
que podemos calificar como la regla de juego.
En el ámbito de las posibilidades jurídicas,
cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación
de un principio tanto mayor,
tiene que ser la importancia de la satisfacción de otro.
Con esto termino mi exposición de la lección 6.
Muchísimas gracias.