Buenos días, soy el personas que son Martínez,
del departamento de filosofía jurídica
de la Facultad de Derecho de la UNED
y colaboro con los profesores que llevan la asignatura de grado
de 100 se jurídicas de la Administración,
que se titula Deontología pública.
Vamos a grabar en el día de hoy.
Una de las lecciones que corresponden a la unidad didáctica,
4, que se titula los deberes de los funcionarios públicos.
El objetivo, en general de esta lección
es analizar los deberes de los funcionarios públicos
desde la perspectiva ética, planteando la necesidad
de una exigencia de códigos deontológicos
en el ámbito del trabajo de los administradores públicos
en el ejercicio de su profesión y del poder político.
En la elección anterior, en la elección nueve
habíamos hablado lo que es la deontología.
Pues bien, lo que vamos a analizar en el día de hoy es un poco
los deberes de los funcionarios.
Desde este, desde esta perspectiva de la deontología,
el tiempo que tenemos que disponemos no es mucho
y, por consiguiente, vamos a tratar de ser lo más breve posible
dando unas orientaciones,
sobre todo para el estudio de este tema,
el tema esta lección.
Es muy amplio y, por consiguiente,
y además es muy prolijo y muy conciso,
cuyos datos los tienen ustedes en las diapositivas que les ofrecemos
ampliamente estudiados,
y por eso voy a dar fundamentalmente las claves para su estudio,
aquellas cosas más importantes, pero sin extenderme demasiado
tenemos ahí presente ahora mismo todo el índice
al que nos vamos a referir en la medida de lo posible
y por tanto no vamos a reiterarlo repetirlo
porque lo quieren ustedes presencialmente.
Lo primero que vamos a plantearnos es la dimensión ética
y los principios morales de actuación de los funcionarios públicos,
al margen de un debate que existe sobre la ética pública,
entendida como diferente de la ética privada.
Es evidente que pueden identificarse una serie de valores éticos
que son propios de la actuación de la administración pública,
y a esto es a lo que vamos a referirnos ya.
Nuestra Constitución, en el artículo 103
recoge los valores a los que nos referimos
en formas de principios informadores de actuación de la función pública,
y dice el artículo 103 de la Constitución.
Que la administración pública
sirve con objetividad los intereses generales
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación,
con sometimiento pleno a la ley y al derecho,
además del deber especial de defensa y promoción
de los derechos fundamentales.
Como a lo que nos referimos también en la legión anterior,
este artículo no tiene desperdicio alguno
y marca un poco las pautas de la ética pública,
lord Nolan al que posteriormente nos referiremos.
Entienden la ética pública, como fíjese qué definición tan bonita
la elegancia en el cumplimiento del deber,
afirmando que hay cosas legales que, sin embargo,
no se deben hacer.
Por puro sentido común, y por decoro,
es evidente que la administración pública en la administración pública
se producen conductas que, siendo legales,
vulneran los más elementales principios éticos,
no hace falta sino acudir a los gobernantes,
a la actuación de la Administración, a la sociedad.
La cantidad de quejas que a diario oímos precisamente en la actualidad,
a las que no me voy a referir porque están en la mente
de todos algunas conductas de nuestros gobernantes
repugnan al sentido común
y son rechazadas por toda la sociedad,
no cabe la menor duda,
pero, claro, ética estamos hablando.
Es habitual encontrarnos con la distinción
entre la llamada ética social,
son los aspectos sociales de las conductas individuales,
de las conductas personales
y la llamada a la que llamamos moral, personal, y, por otra parte,
también es habitual encontrarse con otro tipo de ética
que no pertenece tanto al ámbito de la conciencia personal
como al ámbito de la conciencia social.
Resulta difícil distinguir entre entre ambos aspectos
de la vida humana
debido a las constantes injerencias de la dimensión pública,
en la dimensión privada o de la dimensión privada.
En la dimensión pública es difícil que los servidores públicos
que no tienen interiorizados muchas veces
no tienen asumidos valores éticos, tanto privados como sociales,
pueden llevarlos a la práctica en el ejercicio
de la función pública.
Diríamos que la ética del servicio público inevitablemente está afectada
y condicionada no solo por los valores individuales,
sino también por los valores sociales.
En este sentido, los valores específicos
de la gestión pública se dan,
entre otros, la profesionalidad, la eficiencia, la la eficacia,
la atención y servicio al ciudadano, la objetividad, la transparencia,
tan importante en los tiempos actuales,
la imparcialidad, la sensibilidad suficiente
para percatarse que el ciudadano es el centro de referencia
de la actividad pública
y quién da el sentido a la existencia de todos los servidores públicos,
tanto los funcionarios como los contratados
por la Administración como nuestros gobernantes.
Por consiguiente, la dimensión ética se centra en el cumplimiento
de esos valores que a los cuales acabo de referirme.
Los siete principios de la vida pública,
que no la han nos ha explicitado al que ya hice referencia
anteriormente en el informe; no la se enumeran siete principios
que deben inspirar y prescindir toda la actuación
de los funcionarios públicos,
de la función pública, eso son el altruismo,
capacidad de asumir el interés público,
la integridad, la objetividad,
la responsabilidad, la transparencia,
la honestidad y el liderazgo o capacidad de decisión.
Si lo repasáramos uno a uno nos daríamos cuenta
de el código deontológico tan importante,
tan denso que se contienen en todos esos principios.
Realmente los servidores públicos tienen una serie de deberes
que vienen especificados, muchas veces en las normas
y otras veces vienen especificados en el sentido común,
sobre todo a la hora de actuar a la hora
de llevarlos a la práctica,
porque las normas muchas veces se pueden interpretar
y se pueden diluir.
Fíjense ustedes que hablo de servidores públicos
y insisto mucho
en que cuando hablamos de los funcionarios públicos
queremos referirnos en una extensión mucho más amplia
a todas aquellas personas que,
aun teniendo la condición de función,
que aun no teniendo la condición de funcionarios,
ejercen una función o servicio público de carácter público,
hay montones de personas que prestan un servicio público,
aun no siendo funcionarios, pues todos ellos tienen
estas obligaciones de carácter tecnológico,
a las cuales me estoy refiriendo.
Con respecto a los ciudadanos,
los deberes de los altos cargos de la administración del Estado
vienen, nos referimos con ello a los miembros del gobierno,
a los altos cargos de la Administración General del Estado
o de las autonomías, etc. Y vienen establecidos en diferentes normas.
No voy a citarlas todas porque sería pesado
y no vendría no tendría ahora
ningún sentido que yo me estoy refiriendo a todas las normas
en las cuales se están especificando dichos dichos deberes,
pero que ustedes las tienen a su alcance
y pueden estudiarlas los deberes de los altos cargos
de la administración del Estado,
fundamentalmente aparte que hay otras normas anteriores,
vienen establecidas en un llamado código
de buen gobierno que fue aprobado por una ley, el 3,
la Ley tres del año 2015, el 30 de marzo,
y esta ley.
Esta norma regula el ejercicio del alto cargo
de la administración del Estado.
Ahí encontrarán ustedes todas las la mayor parte
de las obligaciones que tienen los altos cargos
de la Administración del Estado.
Bien es verdad que la anterior normas
en la anterior norma se habían recogido
ya con anterioridad en el año
la ley 19 de 2013, de nueve de diciembre,
la ley de transparencia se habían recogido la mayor parte
de las obligaciones y de buen gobierno
y, por tanto, no se hace tanto hincapié
en este en esta ley anterior del 2015,
porque ya vienen recogidas en la anterior norma
de la ley de transparencia,
que tanta importancia ha tenido y sigue teniendo de cara al futuro
para todo este problema, al cual nos estamos refiriendo.
El artículo veintiseis, por ejemplo, de la ley de transparencia,
de acceso a la información y buen gobierno,
establece una serie de principios de buen gobierno,
tanto de carácter general como de carácter mucho más concreto.
Ahí se establecen los deberes de los empleados públicos
y entre esos deberes de los empleados públicos, que son aquellas cargas
que la Administración puede imponer como código de conducta
y que vienen establecidos, como digo,
en el artículo 52 del texto refundido del estatuto del empleado básico,
que corresponde también al año 2015.
En los artículos 54 se recogen los principios de conducta,
que son los deberes de actuación de los empleados públicos
y que constituyen un verdadero código de conducta obligatoria.
El son muchísimos no vamos tampoco a enumerarlos,
porque pueden ustedes verlos perfectamente
en todas la legislación, que está a su alcance
y que tendrán también la plataforma en su momento
cuando vayan a estudiar la disciplina a la que nos estamos refiriendo.
Pues bien, sobre todos ellos,
sobre todas las obligaciones sobre todos los principios generales
que podamos establecer para los funcionarios públicos,
para los servidores públicos, hay un deber general que se para mí
el más importante de todos.
Ese es el deber general de servicio a la comunidad.
Todos los funcionarios públicos,
todos los gobernantes, todos los servidores
de cualquier ámbito de la administración del Estado,
tienen un deber general y fundamental.
Ese deber general y fundamental
es el servicio a los intereses de la comunidad,
y así se desprende de toda la legislación.
Por ejemplo, en el artículo 103,
punto uno de la Constitución Española.
Se establece que la administración pública
sirve con objetividad los intereses generales.
Creo que está absolutamente claro.
La finalidad del interés general es la primera finalidad
de la actuación de los servidores públicos
que establece nuestra constitución.
Lo mismo sucede en el régimen jurídico
de las administraciones públicas, que en el artículo tres
afirma que la administración es las administraciones públicas;
sirven con objetividad los intereses generales prácticamente
es una copia del principio general establecido en nuestra Constitución.
Este principio, que es extensivo también a las administraciones,
no solo del Estado,
sino la autonómica, y la municipal,
son, como digo, lo fundamental de los deberes generales
de los servidores públicos.
Más aún, en el artículo 103,
uno de la Constitución se impone explícitamente
que la administración sirva al interés público,
pero que lo haga con objetividad y con sometimiento pleno a la ley
y al derecho.
Por consiguiente, no cabe decir que están diluidos los deberes
de los funcionarios públicos,
sino que para aquellos que quieren conocerlos están
explícitamente muy explicitados, tanto en la Constitución
como en el resto de las leyes.
Lo que ocurre es que, como decía antes,
probablemente lo que haya es que explicarlos más
en la universidad, tal como indicábamos en la lección,
y luego tenemos el deber de transparencia, de transparencia,
que es algo fundamental para que como más adelante veremos
en otras lecciones, el problema de la corrupción pueda atajarse
o pueden incluso desaparecer.
Todos los ciudadanos
tienen el derecho de acceso a la información pública,
es que es un derecho que establece la ley de transparencia,
la Ley 19 del año 1.213, de nueve de diciembre,
y esta ley de transparencia,
de acceso a la información pública y buen gobierno
queda claro que todos tenemos derecho a una información veraz.
Se trata de la transparencia en la actividad pública,
transparencia de la que en nuestro país no hemos abundado demasiado
y que todavía existen determinadas reticencias,
si bien hoy ya se han establecido prácticamente en todos los órganos
de la Administración del Estado.
En todas las institucionales del Estado
se han establecido ya plataformas de transparencia,
pero a veces incluso o no funcionan o funcionan mal,
o incluso hay cierta resistencia a exponer aquellos datos
que por las razones que sean,
todavía se quieren que permanezcan ocultas o que no conozcan plenamente
los ciudadanos.
En mi opinión, todavía queda un largo recorrido de transparencia
de la aplicación de la ley.
Se dice que un gobierno, una empresa pública
o privada, una asociación civil o una persona,
es transparente cuando hace pública o entrega
a cualquier persona interesada, información sobre su funcionamiento
y procedimientos internos, la Administración General del Estado,
la Administración General del Estado de las autonomías de los edificios,
si realmente tienen como deber fundamental el interés público,
yo sigo sin entender por qué a veces tanto interés
en ocultar al público determinadas informaciones,
porque el interés público reclama demanda
y además tiene derecho a la información pública,
tal como establece esta ley al que nos estamos refiriendo.
Claro, cabría preguntarse qué es la transparencia pública.
La transparencia consiste en la situación.
El hecho en virtud del cual toda la información en manos
del Estado, sus órganos,
se hace pública y accesible a los ciudadanos,
requiere una máxima divulgación, veracidad, satisfacción
de las necesidades y de los derechos de los ciudadanos,
respeto a los individuos y a la dignidad humana,
a la intimidad personal.
Quizá aquí pudieran ser el único resquicio
donde alguna información pueda permanecer,
y para eso ya está la ley de protección de datos,
que sería quizá la barrera en la cual no se debe asaltar
a la hora de dar una información adecuada a los ciudadanos.
Pero salvadas esas circunstancias yo no veo por qué no debe de darse
todo tipo de información requerida por los.
La transparencia y buen gobierno yo diría
que la transparencia es un síntoma de buen gobierno.
El título dos de la ley de transparencia
otorga rango de norma jurídica a los principios éticos
y de actuación que deben regir la labor de los miembros del gobierno
en los altos cargos de la administración del estado,
por consiguiente, el buen gobernante
o es mejor gobernante aquel que es más transparente,
de tal manera que hay una serie de principios generales
de la transparencia en la gestión de los asuntos públicos
que los funcionarios deben de tener siempre en cuenta,
deben ejercer sus funciones con dedicación al servicio público,
pero que, de acuerdo con los principios de eficacia y economía,
deben tratar siempre o satisfacer al interés general,
deben de asumir el mismo tracto sin discriminaciones de ningún tipo,
actuarán siempre con diligencia, etcétera,
de tal manera, que asumirán también con responsabilidad
las decisiones y actuaciones propias de los organismos que dirigen,
sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente
y deben, en todo caso, ser por encima de todo,
transparentes en sus actuaciones.
También hay una serie de principios establecidos
en la ley de transparencia y buen gobierno.
Principios de actuación que desempeñarán sus funciones,
con transparencia, se vuelve a reiterar,
gestionarán protegerán y conservarán adecuadamente
los recursos públicos que no podrán ser utilizados para actividades
que no sean las permitidas por la normativa que sea,
de aplicación y no se valdrán de su posición en la administración
para obtener ventajas personales o materiales,
de tal manera que insistimos que todos estos principios
que están recogidos en la ley de transparencia
es porque se ha hecho, pero la ley de transparencia
probablemente el código de buen gobierno
de la Administración General del Estado
para ello se ha quedado creado también en la ley,
un consejo de transparencia que no es el momento de exponerlo,
y si pasamos a exponer los valores de la transparencia,
los valores de la transparencia pueden definirse de muchas formas.
Yo parto de la base
de que los valores son siempre de carácter objetivo.
Podemos decir que son cualidades o bienes de la persona los valores
no son realidades materiales, no son sino que valen.
Sin embargo,
yo entiendo que los valores son de carácter objetivo
y son cualidades que existen, independientemente de los sujetos
y por tanto debemos referirnos a ellos.
Aquí tenemos una serie de valores que comporta la transparencia,
servicio a los ciudadanos, el valor de servicio público,
la responsabilidad, la igualdad, la solidaridad,
el respeto y garantía, la dignidad hacia los derechos humanos,
tal como hemos dicho anteriormente, la confianza en los servidores,
la prevención de la corrupción, la protección de la democracia
y la eliminación de las discrecionalidad
de los poderes públicos.
Si se es transparente, no hay miedo
a que se conozcan precisamente las formas de actuación
de la Administración.
Cabe la posibilidad de codificar la ética pública,
cuál es la función que desempeñan los códigos deontológicos
en la ética pública?
Pues la conciencia de una ética pública que ya
de guiar la conducta de los gobernantes
y de los servidores públicos ha existido siempre
y desde hace ya muchos años, en muchos países
se ha intentado de una u otra manera codificar la ética pública,
es decir, la creación de algunos códigos deontológicos;
hay unos países que han creado normas muy concretas;
hay otros países que han creado códigos muy amplios, muy genéricos,
y así podríamos decir que algunos países, por ejemplo,
los que han creado dos normas de carácter general,
son Estados Unidos y Canadá;
otros que han creado normas muy concretas,
como es el caso de Australia, por ejemplo,
y también en España sean creado,
se o hay normas en las cuales están de una u otra manera
tipificados algunos códigos de carácter deontológico,
que pueden entenderse como códigos de carácter ontológico.
El decreto del año 1964 por el que se aprueba la ley
articulada de las de los funcionarios civiles del Estado.
Por ejemplo.
Ya apuntaba en cierta medida algunas normas
de carácter deontológico.
Igualmente, el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios
de la administración del Estado del año 1986,
en el mismo sentido, el reglamento de las situaciones administrativas
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado
en el año 95,
las normas de conducta pública de 1998,
etc, etc. Y sobre todo, sobre todo la Ley 19, de 2013,
de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno;
y el real decreto legislativo de cin, cinco de 2015,
que constituye la ley del estatuto básico del empleado público.
Como ven, tenemos una amplia legislación
que conviene conocer y conviene estudiar,
sobre todo en este grado de ustedes, de ciencias jurídicas,
de la Administración, porque ahí está el meollo,
está la cuestión básica de los comportamientos
de los funcionarios públicos.
La función de los códigos deontológicos
dentro de la conducta pública, yo diría que ni los códigos
ni las instituciones de la ética en la administración
serían necesarios si existiera una mayor responsabilidad
y mayor afán de servicio público en los funcionarios;
sin embargo, la falta de ética en los gobernantes
y en los servidores públicos les lleva a transgredir,
con frecuencia,
los principios elementales de la ética
y, por consiguiente, y por todo ello, precisamente,
consideramos muy necesario los códigos de ética
y creemos que desempeñan un importante papel
en los estados democráticos del siglo xxi,
proporcionando muchas ventajas tanto para la sociedad como para los
propios funcionarios y para los gobernantes.
La función de los códigos deontológicos,
como digo, tiene una serie de ventajas para la sociedad,
entre otras, la ventaja de la creciente codificación
de la ética pública.
El reconocimiento del de los fines propios
de la Administración del Estado, es decir,
que el Estado está al servicio de los ciudadanos,
contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos.
Por otra parte, proporcionan un importante mecanismo
para la reducción de los conflictos sociales
y, también, las codificaciones.
Permiten que las autoridades y la sociedad
puedan exigir responsabilidades a los empleados públicos,
no solo por el incumplimiento de sus obligaciones jurídicas,
sino también por el incumplimiento de las obligaciones de carácter ético,
pero también existen una serie de ventajas
de los códigos de ética pública para los propios administrados.
Las normas escritas permiten conocer con precisión,
con concreción y con objetividad los criterios de actuación
que deben seguir otros servidores públicos
permiten conocer también lo que puede
o no puede exigirse a la administración.
Por otra parte, los ciudadanos tendrán en las codificaciones éticas
instrumentos suficientes para exigir determinadas conductas
y demandar, en el caso de incumplimiento,
a quienes no las realizaran correctamente
o no cumplieran sus obligaciones,
y, finalmente, también los ciudadanos serían conocedores del Código
que son conocedores de los códigos en su caso,
pueden denunciar las conductas contrarias
al mismo o la función de servicio debida por los funcionarios.
La función de los códigos de conducta pública
también tiene sus ventajas para los propios servidores públicos,
como es, entre otros, conocer con exactitud
cuáles son los límites de su comportamiento,
que es lo que pueden hacer, y no pueden hacer,
contribuyen a garantizar también todos los derechos
de los funcionarios públicos,
también les protege a ellos de determinadas actuaciones
que pudieran tener excesivas los administrados.
La aparente limitación se convierte en un elemento, por tanto, positivo,
a través del cual resplandece a unos auténticos valores
de los servidores públicos y la existencia
de los códigos deontológicos de ética pública.
Contribuye a crear una barrera de protección del propio funcionario
para que no contra aquellos desmanes que pudieran tener
o aquellos desalmados que pudiera haber entre los administrados
y que están permanentemente poniendo en el ojo del huracán,
a los funcionarios, que existen muchos muy responsables,
y que, además, estos tipo de códigos deontológicos
le serviría para encauzar mucho su actuación.
Es verdad que también la los 2003 pueden tener algunos inconvenientes.
No cabe duda que los códigos deontológicos
pueden presentar una gran un gran inconveniente,
que es el incumplimiento de estos códigos
si, a pesar de que se cumplan sus preceptos,
no se sancionan.
Las conductas incumplidas lógicamente,
no servirían para nada.
No hay mayor corrupción
que la existencia de normas y códigos a los que nadie presta atención,
de tal manera que, cuando no se sanciona las conductas indebidas,
cualquier código de valores pierde toda la fuerza,
es más, pierde la fuerza y, hasta incurren descrédito
en tales situaciones.
Los códigos éticos más que beneficio lo que acarrean es un perjuicio
dado que no aportan nada para aquello que habrían nacido.
En definitiva, qué nos queda para recuperar los valores éticos
en una sociedad que ni siquiera es capaz
de imponer y obedecer sus propios códigos morales?
Pues realmente es quizá dar fuerza a los incumplimientos
de la ética pública.
Yo soy partidario de avanzar en el análisis
de los códigos de ética
y caminar hacia hacer una apuesta firme
por un código mundial de ética pública.
Es más, creo que hoy la ética mundial se hace imprescindible.
Estamos en un momento histórico en que no solo es necesario
sino también posible un proyecto integral de ética mundial
que apueste por la dignidad humana,
principio básico para una sociedad que aspira al bien
de toda la humanidad.
La ética de los gobernantes
no puede mirar hoy solamente al ombligo de su propio país,
de aquí que proponemos la elaboración de una ética planetaria.
No se trata de un bello sueño intelectual,
grandioso pero irrealizable, sino de un proyecto realista
que emerja de la base de la sociedad del diálogo
entre todos los gobernantes, entre hombres y mujeres,
de todos los credos unidos por preocupaciones comunes
por preocupaciones que, creo están en la base de todas las sociedades.
El objetivo es la elaboración de un código mundial
de ética pública, capaz de dar respuestas éticas
a los retos del siglo xxi.
Pero construir una ética pública global para el siglo xxi
no será una tarea nada fácil ni rápida.
Nosotros proponemos la elaboración de un código de ética mundial
basada en el siguiente decálogo.
El servicio al interés general, la imparcialidad, la transparencia,
la honestidad, la integridad, la intolerancia o tolerancia cero
con la corrupción de los gobernantes y gestores públicos,
que incurren en cualquier tipo de corrupción,
la opción objetividad, uso adecuado de los bienes públicos,
responsabilidad y lealtad a la administración y la sociedad,
la humana, humanización de la administración,
y todo ello apoyado en una buena educación ética,
porque sobre la base de todo está la educación,
la educación es el fundamento de cualquier tipo de ética
y nada más.
Creo que estas minutos muy apretados,
hemos expuesto un poco por encima las bases de esta lección,
décima de la asignatura ética de ontología pública,
y continuaremos con otras lecciones abundando en temas semejantes.
Muchas gracias.