Continuamos con esta vídeo clase la serie de presentaciones
dedicadas a la cooperación policial y judicial en materia penal
en la Unión Europea, y en esta presentación nos vamos
a ocupar de dar una introducción muy general sobre la orden europea
de detención y entrega.
Esta herramienta de cooperación judicial
que opera en la Unión Europea y que es una herramienta esencial
precisamente en la construcción del espacio de libertad,
seguridad y justicia,
ya digo que se trata de una introducción harto general
y que debe ser completada con muchas cuestiones de detalle
que saldrán en el curso de otras actividades
de esta asignatura.
Entrando ya en materia, la orden europea de detención y entrega
es una resolución judicial dictada por una autoridad judicial
de un estado miembro de la Unión Europea,
cuyo fin es la detención y entrega por parte de otro estado
miembro de una persona,
la cual se reclama para distintas cuestiones
que se pueden resumir en ejercer la acción penal contra ella,
porque están teniendo lugar una serie de actuaciones procesales
de carácter penal o bien la ejecución de una pena o de una medidas
de seguridad privativa de libertad.
Por tanto,
esto presupone que el proceso ya ha terminado.
Cuando se hace referencia a medidas de seguridad privativa de libertad
y aquí se hace referencia a alguna de las medidas que contempla
el artículo 96 en nuestro código penal,
que puede ser, por ejemplo, el internamiento en un centro
psiquiátrico o también la orden europea de detención y entrega,
puede tener como finalidad la adopción
de una medida de internamiento en un centro de menores.
Este instrumento de cooperación judicial en materia penal
está regulado en una decisión marco del año
2002 adoptada por el Consejo, y también esa decisión lógicamente,
necesita luego una trasposición e implementación legislativa
en los Estados miembros.
En el caso de España,
la legislación vigente hoy es la ley veintitres barra,
2014, de 20 de noviembre,
sobre resolución de reconocimiento mutuo de resoluciones penales
en la Unión Europea, la orden europea
de detención y entrega funciona desde el año 2004;
España adoptó una legislación de trasposición e implementación
en el año 2003,
una legislación que ha sido sustituida por la actual vigente
que acabamos de mencionar.
Bien.
En cuanto al ámbito de aplicación de la euroorden,
se aplica, bueno, los Estados miembros de la Unión Europea,
por supuesto, pero hablando del ámbito de aplicación material
no espacial sino material, se aplica en dos tipos de supuesto
básicamente no hechos a hechos perdón,
cuya pena tenga una duración máxima de al menos un año,
hechos que estén sancionados con ese tipo de pena
o también cuando se trate de cumplir una condena no inferior
a los cuatro meses de privación de libertad.
Por tanto, ese es el primer presupuesto genérico
para cualquier estado miembro, no un rasgo muy importante
desde este punto de vista material
es que la entrega tiene lugar sin control
de la doble tipificación de los hechos.
En el Estado miembro emisor y en el Estado
el miembro ejecutor es siempre que se trate de hechos
penados con al menos -3 años de privación de libertad
y que se trate de una de las categorías delictivas
incluidas en una lista de 32 delitos
que contemplan tanto la decisión marco
como la legislación de trasposición.
Esto quiere decir me detengo porque se trata de un aspecto
importante de la orden europea de detención y entrega,
que la cooperación judicial en materia penal
entre los Estados miembros va un paso más allá; un paso muy relevante,
más allá del clásico sistema de extradición,
luego lo veremos más en detalle.
90, como saben, en el sistema de la extradición,
uno de los requisitos
es la doble tipificación penal o doble incriminación.
Es decir,
que los hechos que son delito en el estado requirente,
que sería el estado emisor de la euroorden,
pues también sean considerados como delictivos en el Estado,
que qué requerido o en este caso en el Estado miembro
llamado a ejecutar la euroorden, y, por tanto, la autoridad judicial
debe debe comprobar que se cumple este requisito
de la doble tipificación.
Sin embargo,
como muestra de un alto grado de integración jurídica,
hay una serie de 32 categorías delictivas.
No digo tipos penales porque él realmente
ni la decisión marco ni la legislación
incluyen tipos penales,
con una definición que tengan todos los elementos del tipos
sin lo que tiene eso,
lo que los expertos llaman un nomen iuris,
una serie de categorías delictivas
para las cuales para las cuales no ha es preciso
que los jueces del estado de ejecución
verifiquen que se cumple el requisito de la doble tipificación
y por tanto se pueda pretender proceder a la entrega de la persona
contra la cual se ha emitido la orden sin necesidad de verificar
ese ese extremo, ese requisito de la doble tipificación,
es decir, cómo esos en esa lista solo se contienen 32 delitos,
pues cuando se trata de delitos no incluidos en esa lista,
la entrega, si puede supeditarse por parte del Estado miembro ejecutor
a que los hechos que motivan la emisión de la orden europea
de detención y entrega sean constitutivos de delito.
En el Estado miembro de ejecución
no nos podemos detener ahora por razones de tiempo
y porque el formato de estas vídeo clases
lo desaconseja en enumerar ahora los delitos incluidos en esa lista
de 32 categorías delictiva.
Baste decir que se trata de delitos que tienen que estar penados
con al menos -3 años de privación de libertad
y que a modo puramente ilustrativo se encuentren en esta lista,
pues delitos como la pertenencia, organización delictiva,
el terrorismo, la trata de seres humanos,
la explotación sexual de niños y la pornografía infantil,
el tráfico ilícito de armas, de municiones de explosivos,
la corrupción, los delitos de competencia,
de la corte penal internacional, que son como se,
como saben, el genocidio,
los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad,
el crimen de agresión y el homicidio voluntario,
la agresión con lesiones graves, el secuestro, la detención ilegal,
la falsificación de moneda.
La falsificación documental y de medios de pago
de una serie de categorías de categoría,
una lista muy diversa de delitos que tienen,
que sobrepasan un umbral de gravedad,
respecto de los cuales se produce la entrega sin verificar,
sin verificar, que se cumple.
El tradicional requisito de la doble tipificación
la la orden europea de detención y entrega
se emite en uno de los Estados miembros,
emite por la autoridad judicial en al hilo de un proceso
durante el curso de un proceso penal en el que se vea que es necesario
adoptar esta medida, esta medida de cooperación judicial;
emitir una orden europea de detención
y entrega para que la persona que está en otro estado miembro
sea puesta a disposición de la autoridad judicial del Estado
emisor, pero luego la orden evidentemente se puede ejecutar
o no ejecuta.
No hay una serie de motivos de ejecución,
motivos que son obligatorios y facultativos.
Esto quiere decir que hay una serie de motivos.
Obligatoriamente.
Los Estados miembros tienen que incluir en su legislación interna
como motivos obligatorios para no ejecutar la euro.
Estos motivos básicamente se pueden explicar resumidamente,
aludiendo a tres puntos.
En primer lugar, que respecto de los hechos
de que se trate del delito de que se trate haya,
se haya producido una amnistía en el Estado miembro de ejecución
siempre que el Estado miembro en ejecución
tuviese competencia para perseguir el delito
de que sea también un segundo motivo que tiene que ver
con el clásico principio del derecho penal,
de non bis in idem, que, y de cosa juzgada
cuando se de la situación en la persona contra la cual se emite
la orden europea de detención y entrega,
haya sido ya juzgada definitivamente en un estado miembro
y las sanciones, de, siendo ejecutada o haya sido ya ejecutada,
ejecutada o el curso de ejecución, o también que se trate de una persona
no responsable penal por razones de edad,
conforme a la legislación, conforme al derecho del Estado
miembro de ejecución.
Estos tres motivos para no ejecutar, por tanto,
para no proceder a la detección y entrega de la persona
contra la cual se emite, son obligatorios,
es decir, los Estados miembros tienen que respetar los, siempre,
tendrán que denegar la ejecución de la euroorden
cuando concurran uno de estos motivos y deben incluirlos lógicamente
en la legislación que transpone la euroorden,
hay otros motivos de no ejecución que aparecen concebidos en la decisión
marco que crea la orden europea de detención
y entrega como motivos facultativos.
Motivos que los Estados pueden incluir o no
en su legislación, por tanto, aquí hay un margen de flexibilidad
en los distintos estados miembros, hay margen de flexibilidad
en los ordenamientos penales de los Estados miembros,
porque también esta flexibilidad es un rasgo claro
de la integración europea a muchos niveles, nivel político,
nivel económico, y aquí también a nivel jurídico
y a nivel de cooperación judicial en materia penal,
estos motivos facultativos,
que los Estados miembros están facultados para incluir
y para aplicar se pueden explicar también resumidamente
del modo siguiente.
En primer lugar, un motivo facultativo
de no ejecución es que esté teniendo lugar
o haya tenido lugar un procedimiento penal.
En el Estado miembro de ejecución por los mismos hechos
luego también se deduce de lo que hemos explicado anteriormente,
que se trate de una orden europea de detención
y entrega emitida en relación con una de las categorías delictivas,
está fuera de esa lista de 32 delitos
y que los hechos no sean considerados como delictivos
en el estado miembro de ejecución.
Por tanto, en ese caso,
en el caso de que se solicite o se emita una orden europea
de detención y entrega,
el juez del Estado miembro que ha de ejecutar,
comprueba lo primero si el delito
de que se trata está en la lista de los 32 delitos
contemplados en la decisión marco que no
y por tanto en su legislación nacional,
que no es así verá si la legislación de su Estado verá se la legislación
de su estado contempla como requisito que en ese caso
se verifique.
El requisito de doble tipificación
y si tras examinar el ordenamiento jurídico del Estado emisor
pero sobre todo los de su propio ordenamiento jurídico,
concluye que no hay doble tipificación,
podrá denegar la ejecución de la Europa.
No.
Aquí no se trata de ver que hay una equivalencia perfecta
entre los tipos penales,
que en muchas ocasiones no podrá darse;
se trata por eso he mencionado antes que la lista
de los 32 no, no contiene tipos penales detallado,
sino más bien categorías delictivas o nomen iuris de.
Lo que se trata más que de incidir sobre esas categorías
es que la autoridad judicial del estado de ejecución compruebe
que los hechos que son delictivos en el estado de emisión
son también hechos delictivos en el estado de ejecución
y que, bueno puesto tienen una, están penados con una pena superior
a tres años.
Si no se dan esa ese requisito de la doble tipificación,
en ese caso sí podrá no ejecutarse,
podrá denegarse la ejecución de la orden europea
de detención; si bien otro motivo facultativo
de no ejecución es la prescripción del delito
o de la pena en el Estado miembro de ejecución,
siempre que ese estado miembro sea también competente.
Para juzgar y enjuiciar los hechos o volviendo al non bis
in idem es un motivo
de no ejecución el de cosa juzgada en un tercer estado,
siempre que la sanción haya sido ya ejecutada
o esté en curso de ejecución y por último con motivo
de no ejecución facultativo.
También es que la orden europea se imita
contra un nacional o residente del Estado miembro de ejecución,
y este se comprometa a ejecutar dicha pena
conforme a su ordenamiento interno, conforme al derecho del Estado
miembro de ejecución, tanto tenemos aquí un catálogo,
un panorama de los motivos por los cuales pueden no ejecutar
sino una euros, teniendo siempre presente
esa distinción entre motivos obligatorios y motivos facultativos,
lo cual nos lleva a advertir, pues lleva darnos cuenta
que no hay un sistema completamente uniforme.
Hay un sistema de cooperación estrecha,
de cooperación directa, que supone un integración,
pero no hay una uniformidad total en cuanto a las ejecuciones
de las órdenes europeas de detención y entrega.
También es preciso considerar brevemente,
por con afán puramente ilustrativo de poner simplemente de manifiesto
algunas de las dificultades técnicas que puede suscitar
la simple emisión de órdenes no de órdenes europeas
de detención y entrega, y, por tanto,
hay que examinar la posibilidad de una concurrencia de solicitudes.
No puede darse, en primer lugar, la situación en la cual dos o más
Estados miembros emiten una orden europea de detención
y entrega contra la misma persona, no que sucede;
vamos a suponer que esa persona está localizada en un estado
miembro, que es el estado de ejecución,
pues habrá que localizar cuál es la autoridad competente
del estado de ejecución.
Para eso sirven herramientas
como las que hemos visto en vídeo clases anteriores
como yo, como la orden judicial europea,
etc. Pero en todo caso decidir al autor de la autoridad competente
en ese están teniendo en cuenta una serie de criterios,
una serie de circunstancias no que habrá que sopesar
y ponderar en el caso concreto.
Las circunstancias a tener en cuenta.
Son el lugar de comisión, la gravedad de los hechos respectivos,
de cada nuevo orden,
las fechas de cada orden europea de detención y entrega,
o si la orden europea ha sido dictada,
bien para proceder a la persecución penal
para el ejercicio de la acción penal,
o bien para ejecución de una pena.
Todos esos factores habrá que combinarlos
y ponderar los en el caso concreto también puede ocurrir.
También puede ocurrir que la haya una concurrencia
entre una orden europea de detención y entrega,
y una solicitud de extradición que procedería
de un tercer Estado del Estado que no es miembro
de la Unión Europea, y de nuevo la autoridad competente,
es decir, eso cuál es la preferencia entre Unión Europea y solicitud
de extradición,
teniendo en cuenta las circunstancias que hemos visto anteriormente,
sopesando las en el caso concreto y también, por supuesto,
el convenio de extradición aplicable,
porque convenio extradición es un presupuesto
de que pueda realizarse la extradición sin un convenio previo
entre los Estados, que es que el relevantes,
en mi caso concreto y lo dispuesto en ese convenio,
tendrá que combinarse con las circunstancias
a las que acabamos de aludir.
Bien, esto que acabamos de explicar
nos sitúa en una buena posición en una buena perspectiva
para analizar las diferencias entre la orden europea de detención
y entrega y la figura clásica de la extradición,
porque analizar estas diferencias nos hace comprender muy bien
no solo la naturaleza de la orden europea de detención y entrega,
sino también el grado de integración jurídica
que hay entre los Estados miembros y el tipo de cooperación judicial
en materia penal que se está desarrollando y en el seno
del espacio de libertad, seguridad y justicia
en la Unión Europea.
Bien, punto de partida es darse cuenta
de que la orden europea de detención y entrega realidades,
sustituir esta llamada desde luego a sustituir
a los procedimientos de extradición clásicos,
que siempre son unos procedimientos más,
dilata no y la orden europea de detención entrega,
además de otras diferencias que iremos que iremos viendo brevemente.
Se basa en contacto contactos directos
entre las autoridades judiciales, contactos directos,
exclusivamente entre autoridades judiciales que trata
de que cooperen directamente
los jueces sin interferencia del poder ejecutivo,
sin interferencia del poder político,
por así decir no para eliminar ese factor político que a veces
tienen la extradición.
No digo siempre la tenga,
pero sí la puedo tener en determinados casos.
Pues bien,
se trata de que la cooperación en esta materia sea solo jurídica,
plenamente jurídica en el sentido de solo jurídica
y, por tanto, allá se base exclusivamente en contactos directos
entre autoridades judiciales.
Algunas de estas diferencias podríamos señalar más,
pero a modo de síntesis hemos seleccionado
unas pocas diferencias.
En primer lugar, en el caso de la orden europea
de detención y entrega estamos ante un sistema con plazos estrictos
o, desde luego más estrictos.
La entrega en principio está pensada
para que se produzcan un máximo de 60 días
desde la detención tras la detención en el estado de ejecución,
y que además este plazo se reduce mucho.
Se reduce a 10 días si el interesado consiente en la entrega.
La tradición siempre va van a producirse, plazos más dilatados
o sería lo normal.
Luego también está como he mencionado antes,
pero ahora se puede insistir en ello que aquí no se produce.
En el caso de la orden europea de detección,
entrega el requisito de la doble tipificación penal.
El clásico requisito de la doble incriminación
desde luego no se produce
con respecto a esas 32 categorías delictivas graves,
lo que incluyen penas de al menos -3 años.
No se trata de esas 32 categorías,
desaparece ese requisito clásico de la extradición,
lo cual hace que potencialmente, desde luego,
el sistema sea mucho más directo, mucho más ágil, mucho más sencillo,
mucho más eficaz.
Cuando hablamos de detención
y entrega por parte del del estado de ejecución,
otras diferencias también acabamos de mencionar la ausencia
de intervención del poder ejecutivo porque las decisiones
son adoptadas exclusivamente por las autoridades judiciales,
tanto por supuesto la decisión de emitir la euroorden,
que hará la autoridad judicial que proceda en él
cuando lo considere necesario en el proceso penal
del que esté conociendo, pero también por supuesto las autoridades
de ejecución son exclusivamente judiciales.
En el caso de España son los juzgados central
de instrucción o el culpado central de menores de la Audiencia Nacional.
Está también la cuestión, que es diferente entre orden europea
y extradición de la.
La cuestión de la entrega de nacionales como es sabido,
muchos Estados no llevan a cabo la extradición de nacionales.
Es una política de Estados no infrecuentes en la comunidad
internacional de aunque el nacional haya cometido un delito
en un territorio distinto del estado de su nacionalidad,
pues si se solicita la extradición tratando subvencionar los entrega
y entonces rige el principio,
aunque ubicaré, si no se entrega a esa persona,
pues se le juzgaré el estado de su nacionalidad, etc. Bien,
aquí está este es este factor.
El de la entrega de nacionales juega de un modo diverso,
porque en realidad los Estados miembros
no pueden negarse a entregar a sus nacionales
a menos que ejecuten dicha pena en su estado,
dado que eso sí será ejecutada conforme al derecho interno.
Luego, en el caso de la orden europea de detención y entrega,
los motivos de denegación están también limitados.
Son esos motivos que hemos cáliz clasificado antes
como obligatorios facultativos, y están efectivamente limitados
y tasados, tanto en la decisión marco como en la legislación,
que la traspone, siempre con esa flexibilidad
que permite el juego de los motivos de denegación facultativos,
luego la orden europea de detención y entrega
es un mecanismo realmente más ágil,
porque los trámites están más simplificados también
algo que valoran mucho las autoridades judiciales
y las autoridades implicadas en la cooperación judicial
en materia penal es que se utiliza un documento único,
documento breve, que sustituye a procedimientos
más complejos de clásicos que aunque operaron de modo clásico
en la extradición también las cuestiones de traducción
y de documentación requerida, son mucho más sencillas
en el caso de la orden europea de detención y entrega
y además también en cuestión de las garantías,
no la cuestión de solicitar garantías por parte del Estado
miembro de ejecución, bueno, está más regulada en el caso
de la orden europea de detención y entrega
el estado de ejecución una vez; o sea, en caso de entrega
puede exigir alguna o solicitar algunas garantías.
Por ejemplo, en el caso
de que la persona pueda ser condenada a un recurso a perpetuidad,
la garantía sería que al cabo de determinado período pues esa
esa decisión, esa pena fuese revisada,
y yo he seleccionado y expuesto brevemente estas diferencias
entre la Unión Europea y la situación.
Podríamos señalar alguna más,
pero creo que estas bastan para darnos cuenta que estamos
ante un instrumento realmente distinto y superador
en la extradición en el sentido de que lleva a cabo
o o implica una cooperación más directa y más profunda
entre los Estados miembros.
No.
Bien, esto nos lleva a unas breves reflexiones final
en torno a este instrumento que ya digo.
En esta presentación hemos hecho únicamente una entonces muy general.
Este este instrumento tiene luego unas implicaciones
técnicas mucho más complejas.
De lo que hemos explicado aquí en el caso concreto
es cuando pueden aparecer esas complicaciones,
pero a modo de introducción hemos señalado los rasgos básicos
a modo de reflexión final.
Podemos decir que la orden europea de detención y entrega
es un instrumento eficaz y directo de cooperación judicial penal.
Desde luego, tiene todos los elementos necesarios
para serlo.
Esta, como tantas cosas en el espacio de libertad,
seguridad y justicia, Unión Europea, está basado en la confianza mutua
entre los Estados miembros en ese principio de reconocimiento mutuo,
que es un principio central en todo el sistema
y en la equiparación de sistemas jurídico
-penales, equiparación.
En qué sentido?
Pues equiparación a efectos de garantías procesales
y de protección de los derechos fundamentales,
porque, evidentemente,
todos estos instrumentos de cooperación,
judicial en materia penal ande utilizar,
han de aplicarse a ejecutarse, con pleno respeto
a las garantías procesales propias de un juicio justo a la carta
de los derechos fundamentales de la Unión Europea,
que obliga como sabemos no solo a la Unión Europea
sino a los Estados miembros cuando apliquen el derecho
de la Unión, por tanto, cuando, por ejemplo,
ejecuten o soliciten la euroorden,
pronto, esa equiparación de sistemas jurídicopenales
su equiparación a efectos de respeto de los derechos fundamentales
y de las garantías procesales propias del juicio justo
y además es un instrumento que supone claramente una superación
de la cooperación basada en la extradición.
La cooperación basada en la extradición tiene mucho
que ver con el respeto de la soberanía de los Estados,
que, por supuesto es un principio clave, la cooperación internacional
y en las relaciones internacionales, pero aquí sí que los Estados
renuncien, evidentemente, a su soberanía.
Además, el derecho penal es un ordenamiento muy ligado
al núcleo duro de la soberanía.
Aquí sin embargo,
la cooperación está basada en la integración jurídica
y en la confianza mutua entre sistemas penales.