Dentro del título tercero de la vigente Constitución
encontramos, entre las formas de elaboración de las leyes,
la figura del decreto legislativo, establecido en el artículo
86, para los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.
A prima facie, las características más destacadas de esta
figura legislativa es la dotación por la Constitución
de una norma con fuerza de ley provisional, emanada
directamente del Gobierno, sobre la que el Parlamento
deberá pronunciarse a posteriori respecto
de su convalidación o derogación.
Al tener el rango de fuerza de ley, queda sujeta
a la jurisdicción del Tribunal Constitucional,
tal y como establece el artículo 161.1a de la Constitución.
De la lectura del epígrafe primero del mencionado artículo
86, en caso de extraordinaria y urgente necesidad,
el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas
provisionales que tomarán la forma de decretos leyes.
Esto autoriza tanto al Gobierno como órgano cobleseado
para enunciar estas normas provisionales con rango de ley
cuando cumpla el presupuesto habilitante
de la extraordinaria y urgente necesidad.
Por su carácter excepcional, no ha de ser un tipo
normativo sustitutivo, ni que trate de desplazar la ley.
Ahora bien, cuando se producen estos supuestos
de extraordinaria y urgente necesidad,
para el Tribunal Constitucional se ha venido justificando
y permitiendo el uso excesivo del decreto ley
por todos y cada uno de los diferentes Gobiernos.
Pero no debemos olvidar que cuando se quiera
pronunciar un fallo del Tribunal Constitucional,
la norma provisional habrá dejado de serlo y se habrá transformado en ley
o habrá sido derogada en función de la
fuerza o debilidad del Gobierno del turno.
Es por ello por lo que la jurisprudencia constitucional insiste,
entre otras, a través de la sentencia 155/2005 de 9 de junio,
que la Constitución únicamente admite la legislación
de urgencia bajo condiciones cuya inobservancia
constituye una infracción que sólo puede repararse
con una declaración de inconstitucionalidad,
sin que los efectos derogatorios de la legislación sobrevenida
o los convalidentes de la asunción del
decreto ley por el Congreso de los Diputados
pueda corregir un defecto que ha de
concebirse como necesariamente insusanable,
pues, en otro caso, los límites del artículo 86 sólo
serían operativos en un tiempo en el que este Tribunal
nunca podría materialmente pronunciarse.
Pese a que el Tribunal Constitucional supervise,
en fin, la constitucionalidad del acto,
deberá de ser el Gobierno el que explícita y
razonablemente defina la relación de adecuación
entre la situación que constituya el presupuesto habilitante
y las medidas que el decreto ley trate de adoptar.
En cuanto a las materias excluidas a los decretos leyes, no podrán afectar
al ordenamiento de las instrucciones básicas del Estado,
a los derechos y libertades de los
ciudadanos reculados en el título primero,
tal y como ha venido estableciendo la jurisprudencia constitucional,
de modo tal que ni reduzca el régimen general
de los derechos, deberes y libertades,
ni dé pie para que por decreto ley se vaya contra
el contenido o los elementos esenciales de ellos.
Tampoco podrán afectar al régimen de las comunidades autónomas,
excepto en materias propias del Estado, tal y
como establece el artículo 149 de la Constitución,
ni, por supuesto, al derecho electoral general.
Para su tramitación parlamentaria, el artículo
86.2 establece que en un máximo de 30 días,
desde su promulgación, los decretos leyes deberán ser
sometidos a debate y votación en el Congreso de los Diputados,
pronunciando de forma expresa sobre su convalidación, degorrogación
o enmienda a través de un procedimiento especial y sumario,
desplazando de esta forma a la Cámara de Representación Territorial.
Recordamos que este tipo de normas, al ser con
rango y fuerza de ley, surten efectos provisionales
desde el mismo momento en que son aprobadas por el
Gobierno y publicadas en el Boletín Oficial del Estado,
convirtiéndose en definitivas a partir
de la convalidación por el Congreso.
El mismo artículo 86 en su apartado tercero establece la
posibilidad de que en el plazo establecido de 30 días,
las Cortes podrán tramitar como proyecto
de ley por el procedimiento de urgencia,
abriéndose aquí la puerta a la participación del Senado.
Sin embargo, la práctica más utilizada es la formulada por el
artículo 151.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Pero, ¿qué ocurre cuando el Congreso deroga un decreto ley?
Para que el Congreso convalide un decreto ley emitido por
el Gobierno, es preciso que la convalidación sea expresa.
Sin embargo, algún autor apunta a que los mismos
términos son aplicables en el caso de derogación,
no pudiéndose dar una derogación presunta.
Para ello, el artículo 151 del Reglamento del Congreso
establece que el debate sobre la convalidación o derogación
se realizará en el Pleno de la Cámara o,
en su caso, de la Diputación Permanente.
La segunda cuestión que nos evoca serían las consecuencias de los
efectos producidos por el decreto ley posteriormente derogado.
Podría decirse que el plazo transcurrido
hasta su derogación, inferior a 30 días,
habrá producido los efectos propios de una ley, si no existe un posterior
pronunciamiento del Tribunal Constitucional derogándolo in radice.
Como colefón, diremos que, si está bien esta figura
legislativa trata de garantizar la gobernabilidad
en aquellas circunstancias extraordinarias
que precise de una urgente respuesta,
la práctica legislativa nos obliga a
mostrarnos completamente reacios a la misma.
Muchos son los autores que se han posicionado en
contra de la desnaturalización del decreto ley,
que de manera habitual ha venido siendo mal
utilizado por todos y cada uno de los gobiernos,
y que está siendo un juego, como apunta Marc
Carrillo, la propia división de poderes,
porque el gobierno no puede arrogarse cuando y como
quiera funciones que corresponden al Parlamento.