Y vamos a terminar el programa de esta mañana con otro análisis.
Un comentario de dos textos jurídicos a cargo de
las profesoras de Historia del Derecho Español,
María Dolores Sánchez y Carmen Bolaños.
Dos textos procedentes del siglo XIX,
el siglo de las grandes codificaciones y que están
relacionados con la codificación civil y penal.
El primero es un Real Decreto del 2 de febrero
de 1880 que hace referencia al Código Civil.
Y El Segundo son los artículos primero
y segundo del Código Penal de 1848.
Buenos días.
Nos encontramos aquí la profesora Carmen Bolaños
y yo, que soy la profesora Dolores Sánchez,
para hablar de liberalismo y codificación.
Pero hemos decidido expresar la ideología que envuelve a esta etapa
mediante la realización de unos comentarios de texto.
Antes de entrar en lo que es el comentario de texto en sí,
sí me gustaría hacer una pequeña introducción a
lo que es la técnica de los comentarios de texto.
El comentario de texto no es otra
cosa que identificar las instituciones
que aparecen en unos determinados textos jurídicos
y tratar de dar unas explicaciones a las mismas.
En definitiva, para el alumno, el realizar un comentario de texto
supone que el alumno se convierte
durante unos minutos en un historiador.
Un historiador del derecho, por cuanto él en
su buscar en esas instituciones, en ese texto,
lo que trata es de hacer la labor que realizamos
cotidianamente los historiadores del derecho.
Localizar las instituciones y ver por qué el texto dice eso de ellas.
Por lo tanto, lo primero que hay que
hacer para realizar un comentario de texto
es hacer un ejercicio mental de lo que yo llamo "descontaminación".
Es decir, se trata de olvidar cualquier noción que se pueda tener
acerca de lo que es un comentario de textos.
Porque el comentario de textos yus históricos
no tiene absolutamente nada que ver
con cualquier otro tipo de comentario que el alumno
haya hecho a lo largo de su trayectoria académica.
En primer lugar, hay que advertir que no
existe una regla fija para comentar un texto
y que cualquier intento de enumeración
tasativa de una serie de elementos
que es preciso encontrar en un determinado fragmento,
suele ser demasiado rígido y hacer que existan múltiples dificultades,
ya que es imposible pretender dar
respuesta a todos esos supuestos elementos
por muy necesarios que se consideren que se puedan encontrar en un texto.
Por lo demás, hay distintas formas de
hacer comentarios histórico-jurídicos.
Podemos decir que tantas como historiadores.
Y cada vez que se estudia una fuente, la experiencia me dice que
los comentarios diarios que se tienen con los alumnos
pueden salir interpretaciones nuevas,
distintas e incluso enriquecedoras de lo que es un comentario de texto.
No obstante, todos los "jus historiadores" coinciden
en la existencia de unos aspectos esenciales,
aspectos esenciales que más o menos suelen aparecer en todos los textos.
A estos es a los que ahora me voy a referir.
¿Cuál es la esencia de un comentario de textos "jus histórico"?
Evidentemente, ahí tendremos una
determinada fuente que hay que analizar,
que puede tener carácter jurídico o no, pero que siempre nos va a hacer
referencia a una serie de instituciones
que nos van a ilustrar sobre cómo era el derecho o las instituciones
en una determinada etapa de nuestra historia del derecho.
Por tanto, dos son los elementos que van a aparecer.
Por un lado tendremos la fuente, en el sentido de medio,
por el que nosotros tenemos noticia o conocimiento
del derecho y de las instituciones de la época,
y de otro, ese derecho o esas instituciones que aparecen en el texto.
Es decir, estaría por un lado el
continente y por otro lado el contenido.
De la fuente, es decir, del continente, con pocas palabras basta.
Siempre digo que media docena de líneas es más que suficiente
para hacer lo que se llama el comentario
externo, el comentario de la fuente.
Si el texto procede de una ley o de un conjunto de leyes importantes,
el alumno tendrá los conocimientos
suficientes de ellos para poder hablar algo,
situarla temporalmente, dar algunos datos esenciales,
pero ese no es el objeto del comentario,
salvo que en el texto se esté haciendo referencia
directa a la mencionada ley o cuerpo legal.
Sólo hay una excepción a esta premisa,
cuando el texto habla de sí mismo,
por ejemplo, las exposiciones de motivos o los prólogos de las leyes.
El otro supuesto es cuando el texto no sea más
que un pretexto para referirnos a la fuente,
como ahora veremos en uno de los comentarios.
Por lo demás, hay que tener en cuenta que no sólo
las leyes, los decretos o las colecciones de derecho
nos dicen cómo era el derecho en otros tiempos.
También una obra de teatro, el quejote, las monedas, las inscripciones,
como el alumno ha ido viendo a lo largo del curso,
pueden realizar esa función de dar una explicación sobre el derecho.
Por ello, lo verdaderamente importante
es el contenido, el comentario interno,
las instituciones que aparecen en el texto.
A ellas es a las que hay que prestar especial atención,
porque si no, todos los comentarios del texto serían iguales.
Nos daría lo mismo estar comentando la ley
primera que la ley 153 del Código Civil,
que sería hablar simplemente del Código Civil, y no se trata de eso.
En primer lugar, hay que identificar las instituciones, definirlas,
y en segundo lugar, comentándolas, pero no
repitiendo el texto con nuestras palabras,
sino demostrando lo que conocemos de ellas
e integrarlas en su contexto histórico.
Es decir, qué ha pasado antes, qué pasa en ese momento,
y qué va a pasar después con esa institución.
Es por ello, por lo que yo creo que lo mejor para poder ilustrar
cómo se hace un comentario de texto es
precisamente hacer un comentario de texto.
En primer lugar, voy a leer un texto para
que la profesora Carmen Bolaños lo comente.
Es un texto del Real Decreto de 2 de febrero de 1880,
y es referente a la codificación civil.
El texto es el siguiente.
"El buen deseo de todos los gobiernos que se ha sucedido en España,
desde los comienzos del siglo hasta hoy, para
que tan importante obra se llevase a ejecución,
no se ha logrado todavía, a pesar de haberse formado,
después de graves y serias deliberaciones,
el proyecto de Código Civil que vio
la luz pública el 10 de Mayo de 1851.
Porque han sido causas bastantes poderosas a impedirlo,
el natural afecto que varias provincias de
España tienen a los fueros que las rigen
y sus fundados temores de que antiguas y respetadas instituciones,
que afectan a la manera como en ellas está
constituida la familia o la propiedad,
desapareciesen por completo o se resintiesen profunda y dolorosamente
en aras del principio unitario en todo su rigor aplicado.
Pero, ¿ha de ser esto porventura obstáculo invencible
que nos tenga por siempre privados
de los beneficios de un Código Civil?
Muy lejos de esto, cree el infrascrito llegada la
hora de poner término a dilación tan lamentable
y de acometer con decidido empeño una
obra que tanto interesa al bien común".
¿Profesora Bolaños?
Buenos días. El texto ciertamente se corresponde con
el preámbulo del Real Decreto de 2 de febrero de 1880.
Fue dictado por el entonces Ministro
de Gracia y Justicia, Álvarez Bugayán.
Y en él, tal y como nos había anunciado la
profesora María Dolores del Mar Sánchez,
se concreta una de las excepciones a la hora de comentar un texto,
es decir, este texto habla por sí mismo ya que
comprende una de las exposiciones o motivos,
o el propio prólogo, de dicho Real Decreto.
En él, el ministro intenta reflejar el
contexto político en el que se desarrollaba
el proceso de codificación civil en España.
Al mismo tiempo, refleja las incongruencias, deficiencias y errores
que se produjeron a lo largo de dicho procedimiento.
Sin embargo, el comentario debiera ir precedido
de una definición del concepto de código
para poder explicar, aunque sea brevemente,
el fenómeno codificador en el siglo XIX.
Así, podemos contemplar algunos aspectos conflictivos
y característicos de la codificación
civil en el texto que hemos propuesto.
Las dificultades que la Comisión de Codificación tenía que sortear.
hasta poder elaborar en 1851 un proyecto
que iba a dolecer de otorgar demasiado
rigor al principio de uniformidad.
Este principio, teóricamente, debía presidir cualquier código.
y era un principio de carácter positivista.
Se abogaba por la elaboración de un código
civil único para todos los territorios,
abstrayendo los conceptos jurídicos para concretarlos en normas
que sirviesen para alcanzar la deseada unidad legislativa.
Este requisito vino a chocar con los
planteamientos de la escuela histórica
que, a través de Manuel de Montalbán y de
Pedro José Pidal, se introdujeron en España
y encontraron eco inmediato, sobre
todo, en la escuela histórica catalana.
Representantes destacados de esta escuela
se propusieron defender el derecho propio,
perdón, tradicional de Cataluña, como
alternativa a la unificación jurídica
que se pretendía realizar sobre la base del derecho castellano.
Las diferencias entre foralistas y
unificadores duraron más de treinta años.
Precisamente el Real Decreto que
comentamos fue ideado para poner en marcha
una fórmula más flexible de entendimiento entre ambas tendencias
y consistió en invitar a formar parte de dicha
comisión a juristas de Cataluña, Aragón, Baleares,
Navarra, Galicia y Vascongadas, que
se encargarían de redactar una memoria
sobre las instituciones forales más arraigadas en sus territorios.
Posteriormente, el Código Civil de 1889 se consideró derecho supletorio
respecto a las instituciones forales y
también el derecho foral se constituyó.
en derecho especial para esos territorios,
para lo cual, en el propio Código Civil de 1889
se ordenaba redactar unos apéndices que se
irían incorporando al texto legislativo.
Llegados a este punto, conviene añadir que dichos
apéndices no llegaron a realizarse en el siglo XIX.
A continuación voy a leer unos artículos que
comentará la doctora María Dolores del Mar Sánchez.
El artículo primero del Código Penal de 1848 que dice "Es delito
o falta toda acción u omisión voluntaria penada por la ley".
y el artículo 2 que dice "No serán castigados otros actos u omisiones
que los que la ley con anterioridad haya calificado de delitos o faltas.
En el caso de que un tribunal tenga conocimiento de algún hecho
que estime digno de represión y no se Halle penado por la ley,
se abstendrá de todo procedimiento sobre él y expondrá al gobierno las
razones que le asistan para creer que debieran ser objeto de sanción penal".
Bien, estos dos artículos del Código Penal de 1848 en realidad
nos están dando pie para hablar del propio Código Penal del 48.
y es que hay que advertir a los alumnos que en puridad son los únicos artículos
con los que podríamos realizar un comentario de texto un poco más extenso
dado que específicamente ésta también es una de las excepciones
que hemos hecho antes sobre los comentarios de texto
porque el alumno no estudia historia del derecho penal y por lo tanto
no se le puede exigir que entre en detalle en todo el articulado.
El Código Penal de 1848 es El Segundo en nuestra historia codificadora, aunque
se puede considerar que es el primero porque el Código Penal del 22 tuvo escasa,
hay quien considera que solo tres días, o nula duración.
Pero se puede considerar que el Código Penal
del 48 es el Código Penal por excelencia,
dado que todos los demás códigos que le han sucedido
en mayor o menor medida parten del Código Penal del 48
hasta el punto de que pueden ser considerados
como modificaciones realizadas en el mismo.
Fue calificado de autoritario liberal, consta
de 494 artículos divididos en tres libros.
que constituyen un código técnicamente bien construido y con
peculiaridades propias pese a las influencias de otros códigos extranjeros
como el francés de 1810, el napolitano de 1819 o el brasileño de 1830.
El eclecticismo y el principio retributivo son las filosofías
que corren por sus venas, si me permite la metáfora,
y como novedoso supone la implantación de la llamada aritmética penal,
además de ser un texto acorde con los postulados
filosóficos de la época de tender a humanizar las penas.
Precisamente uno de los artículos que vamos a comentar de este
texto nos induce a hablar de las novedades esenciales del texto.
Estamos hablando de la introducción del principio de legalidad.
No es la pena sin elegue, ningún delito
o falta y por tanto ninguna pena impuesta
si no existe una ley anterior que lo determina así.
Junto a ello es fundamental El Segundo apartado de este artículo en el
que se está tratando de la supresión del arbitrio judicial existente.
Al tiempo de la publicación del código, la legislación penal vigente eran
las partidas, las leyes de toro, la nueva y la novísima recopilación,
junto con algunas otras normas penales dispersas, no derogadas.
A mediados del siglo XIX no tenía sentido, por ejemplo, condenar a muerte
a alguien por una blasfemia, como establecía la legislación de partidas.
De ahí que los jueces hubieran venido haciendo una labor de moderación
en la dureza de las penas, no acordes con el sentir de la época.
Pero esa intromisión de los jueces en el legislativo no era admisible
desde el momento en que estaba vigente la división de poderes
y eso llevaba implícito algo de legislador.
De ahí que esta desviación se trata de corregir, no sin dificultades,
pues el poder judicial siempre ha sido remiso a cambios
que supongan una importante disminución de su poder.
Varios elementos de la nueva legislación
penal tratarán de atemperar dicho arbitrio,
habilitando normas que encaucen la actuación de los jueces.
Una de ellas es el establecimiento, como ya he mencionado, de la aritmética
penal, con la obligación de moverse entre un máximo y un mismo en cada pena,
condicionado por la existencia o ausencia
de circunstancias atenuantes o agravantes.
Bien, eso es todo. Muchas gracias y hasta otro momento.