El objeto de
la clase de hoy es el de las situaciones
administrativas de los funcionarios públicos.
Vamos a dar una serie de coordenadas generales para entender
la razón de ser de estas situaciones administrativas
y una serie de aspectos fundamentales
para comprender mejor el estudio de los textos
y de la propia y del propio derecho positivo
que en estos momentos viene dado por el capítulo
correspondiente de la Ley siete 2007, de 12 de abril
del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las situaciones administrativas
de los funcionarios públicos
en circunstancias ordinarias y normales.
El funcionario se encuentra en servicio activo, es decir, presta
su servicio a la administración que lo emplea.
Todo lo que no sea prestar este servicio por el
que la administración le retribuye
normalmente llevaría a que si un funcionario
no puede prestar ese servicio a la administración
por las circunstancias equis que sean, conduciría a que cesara
la relación jurídica de empleo con la administración empleadora.
Lo que ocurre.
Es que en.
Función de una serie de bienes y de intereses tanto
de los funcionarios como de la propia administración,
y en función también de bienes jurídicos
que el legislador puede considerar legítimamente prote
bles, Se puede dar el caso de que un funcionario no esté
prestando sus servicios profesionales por los cuales es retribuido
a la administración que lo emplea, sino que.
Se si se le sitúe.
Que se le sitúe jurídicamente. En.
Una situación jurídica peculiar,
propia, excepcional, tipificada en la norma.
En función, como decía, de esos intereses privados o públicos
que el legislador ha considerado dignos de protección y que incluso
llevan y conducen
a que se entre comillas, derogue la relación de empleo
o se suspenda la relación de empleo efectiva con la administración
que lo ha nombrado.
Y para la cual presta servicios.
Esta es la razón de ser de las situaciones administrativas.
Amparar circunstancias.
Que. De no estar amparadas jurídicamente
y previstas jurídicamente, llevarían a que el funcionario
cesara en la relación de empleo con la administración.
Pero la administración no le interesa
cesar esa situación, cesar esa relación jurídica.
Y entonces se le sitúa al funcionario en unas situaciones
jurídicas específicas, pues, por ejemplo,
por cuidado de hijos es un bien incluso constitucionalmente protege,
según el Tribunal Constitucional,
pues para cuidar de hijos o cuidar de familiares
y funcionarios se puede ver obligado a
teóricamente a no poder trabajar para la administración, y eso podría
conducir a la renuncia a la condición de funcionario público.
Pero la Administración, como es un bien jurídicamente protegido del
cuidado de familiares u otra serie de bienes jurídicos
que en cada una de las situaciones administrativas podemos encontrar,
pues lleva a que el legislador considere que esas circunstancias son
amparaba y que en lugar de que se cese la relación de empleo,
pues se suspenda,
por decirlo de alguna manera, la relación fáctica de empleo.
Y aunque jurídicamente persiste durante un tiempo, durante una serie.
Por esas circunstancias.
Pues el funcionario no está prestando sus servicios a la administración.
Fíjense entonces
la importancia de las situaciones administrativas
que derogan la situación normal del funcionario público,
que es la de prestar sus servicios a la Administración,
que lo ha nombrado y que le retribuye
y preserva la extinción de la relación funcionarial.
Porque de otra manera
bien la administración, o bien por el funcionario,
se conduciría a que un funcionario, por ejemplo, renunciase
a la condición de funcionario porque le interesa
estar trabajando en otro lugar o estar
dedicándose a otros menesteres privados, no necesariamente
profesionales, que en un momento dado le impiden
y le podrían hacer optar
por renunciar a ser funcionario público y también
por parte de la administración, no perder a esos funcionarios
que por las circunstancias personales o profesionales pueden optar
o pueden verse abocados a no poder trabajar para la
administración y la administración, en lugar de cesar a esos funcionarios
y por decir de alguna manera perder ese capital humano, lo que hace
es preservar, suspender la relación de empleo y permitir. Que.
Desarrollen su trabajo profesional ante otro poder
público o ante otra administración pública. O.
En el sector privado, preservando, insisto, la relación jurídica
de una manera ficticia.
Por qué fácticamente, evidentemente el funcionario no
está trabajando para la administración
que lo nombró o lo seleccionó en un primer momento,
o que a través de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo
ha sido nombrado en un puesto para la cual trabaja.
Esa es la importancia fundamental y capital
de las situaciones administrativas en el empleo público.
Preservar en última instancia, la existencia de la relación
funcionarial entre el funcionario y la administración.
Esto precisamente por esta dialéctica, esta síntesis
entre los intereses particulares de los funcionarios
que estas situaciones jurídicas les benefician, evidentemente
porque pueden suspender su relación con la administración
y dedicarse a otros menesteres públicos o privados,
y también por parte de la propia administración. Que.
Al utilizar una serie de
potestades de organización y de gestión podrían conducir
a cesar en el puesto de trabajo a funcionarios públicos.
Imagínense las reestructuraciones de plantillas,
supresión de puestos de trabajo, etcétera
Son circunstancias que
al ejercer la administración, esas potestades podrían conducir
a extinguir la relación de empleo con un funcionario
y para preservar precisamente
la inamovilidad funcional o la existencia de esa relación
jurídica, el funcionario se ve garantizado con la existencia
de unas situaciones administrativas tipificadas en la norma
que evitan que sea
expulsado o cesado en la relación de empleo público.
Por ejemplo, la supresión de un puesto de trabajo no determina
la extinción de la relación funcionarial.
Pero al no estar prestando el funcionario en esos momentos
sus servicios profesionales efectivos a la administración,
se encuentra en una situación jurídica peculiar
y es una situación que viene tipificada en la Administración
General del Estado actualmente. Pues bien, ahí
como excedencia forzosa o expectativa de destino, etc.
En función de los procedimientos establecidos.
Obsérvese por tanto, que las
situaciones administrativas se pueden ver desde
dos perspectivas y estudiarse desde dos puntos de vista.
Las situaciones administrativas como derechos de los funcionarios
o las situaciones administrativas como fruto de las potestades
de organización y de gestión de las administraciones públicas.
Esta doble perspectiva es muy importante porque,
de hecho, el Estatuto básico del Empleado
Público las ha recogido implícitamente
al llevar a cabo una regulación exhaustiva
de esas situaciones administrativas que son derechos de los funcionarios.
Funcionario La excedencia voluntaria es una situación administrativa,
pero también es un derecho del funcionario que puede solicitar
acogerse a esa situación de excedencia voluntaria por interés
particular o por cuidado de familiares o por
violencia de género, etcétera El funcionario lo puede solicitar.
Evidentemente, siempre habrá unos condicionantes, unos requisitos,
unas exigencias que tiene que cumplir para que se le conceda.
Pero es un derecho que puede solicitar el funcionario,
es decir, situaciones administrativas vistas como derechos
y también a situaciones administrativas que afectan
a varias administraciones públicas, a varios poderes públicos.
Y eso lleva también a que el legislador básico
lleve a cabo
una regulación muy exhaustiva en la medida que afecta
derechos de los funcionarios
y afecta a diferentes administraciones públicas.
El legislador básico se ha considerado legitimado para realizar
una regulación
amplia y exhaustiva, aunque no completa.
Como luego veremos.
En cambio, las situaciones administrativas
que constituyen el ejercicio o que son consecuencia
o amparan el ejercicio de esas potestades de organización
y de gestión de los funcionarios públicos,
de las administraciones públicas
no han sido reguladas en la legislación básica,
sino que se permite que en las leyes de desarrollo
de cada administración pública puedan prevenirlas.
Fíjense en estos aspectos a este respecto,
la importancia capital del artículo
85 dos del Estatuto Básico del Empleado Público,
cuando dice que las leyes de función
pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
podrán regular otras situaciones administrativas
diferentes a las básicas, que son fundamentalmente servicio activo,
servicios especiales, servicios en otras administraciones públicas
y las cuatro modalidades de excedencia.
Esas son las situaciones administrativas básicas,
como les decía,
que ha regulado el Estatuto Básico de una manera bastante exhaustiva,
aunque no total, dejando un poco de margen en algunos aspectos
que luego apuntaremos.
Pero en cambio, las situaciones administrativas
que serían
fruto de potestades, de orden, del ejercicio, de la potestad
de organización y gestión de los recursos humanos,
las administraciones públicas, se ha dejado que cada administración
pública a través de sus leyes, porque es importante
que aquí hay una reserva de ley,
según el artículo
derivada del artículo 103 tres de la Constitución,
porque afecta al núcleo esencial del régimen jurídico de los empleados
públicos, los funcionarios públicos, perdón,
las leyes de función pública que desarrollan el Estatuto básico
para cada Administración
pública, pueden crear otras situaciones administrativas.
Pero fíjense,
dice, en los supuestos condiciones y con los efectos que en las mismas
se determinen
cuando concurra, entre otras, algunas de las circunstancias siguientes.
Y fíjense cómo, de manera paradigmática,
las circunstancias que amparan a las Administraciones públicas
a través de sus leyes, de las leyes de su respectiva administración,
crear situaciones administrativas propias.
Imagínense
para la administración del Estado, la Ley de Función Pública del Estado
o las Leyes de Función pública de cada Comunidad Autónoma.
Fíjense cuando por razones organizativas
de reestructuración interna o exceso de personal,
resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo
o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.
Y la otra circunstancia que engloba realmente. Dos.
Cuando los funcionarios accedan bien por promoción interna
o por otros sistemas de acceso a otros cuerpos o escalas
y no les corresponda
quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto.
Y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector
público en régimen distinto al de funcionario de carrera.
Bien, vemos, por tanto, que las situaciones administrativas
hay que distinguir, por tanto, las situaciones administrativas
básicas reguladas en el Estatuto Básico del Empleado Público
y las situaciones administrativas no básicas
que son creadas por cada Ley de Función
pública de cada administración pública.
Aquí nos vamos a detener simplemente después
de hacer un par de consideraciones generales en relación
a la precisamente al carácter básico de las actuaciones administrativas
y a la reserva de ley en el ámbito de las sanciones administrativas.
Nos vamos a referir solamente una serie de puntos esenciales
o críticos de las situaciones administrativas básicas,
las reguladas en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Bien,
en lo que respecta
al carácter básico de las situaciones administrativas,
hay que tener en cuenta un principio.
Que. Inspira todo el Estatuto básico del empleado público.
Y es que
esta ley.
Del Estatuto Básico del Empleado Público
quiere ser ley básica.
O mejor dicho, quiere ser la legislación básica
del régimen jurídico de los funcionarios públicos,
pero no quiere ser el estatuto.
Legal.
Exhaustivo del régimen jurídico
de los funcionarios públicos.
Una cosa es el título competencial del artículo 149
uno 18 de la Constitución, en virtud del cual
el Estado puede dictar legislación básica
aplicable al régimen jurídico de todos los funcionarios,
de todas las administraciones públicas.
Y otra cosa es que el régimen jurídico de los funcionarios públicos
esté sometido a reserva constitucional de ley.
La distinción es fundamental
porque permite entender
tanto la redacción
que ha dado el estatuto básico de las situaciones administrativas
como la necesidad de regulación por parte de las leyes de desarrollo
del Estatuto Básico del Empleado público.
Centrándonos en el primer aspecto,
el Estatuto Básico del Empleado Público a concebido
o sea, concebido a sí mismo como una legislación básica de mínimos,
no ya de ese mínimo común normativo aplicable
a todas las administraciones públicas,
que es lo propio y consustancial del régimen de
ola o característica de la legislación básica del Estado.
Sino incluso reduciendo la densidad
de lo.
Que. Regula la propia legislación básica.
En ese sentido podríamos decir que el Estatuto básico
es una legislación sumamente básica,
valga la redundancia,
pero es que ha querido dejar mucho margen de configuración
a las distintas administraciones públicas,
dejando abiertas muchas posibilidades.
Por ejemplo, lo que hemos apuntado de permitir a cada administración
pública a través de su ley respectiva,
crear situaciones administrativas específicas
que articulen potestades de gestión
y de organización de esas administra ciones públicas.
Por otro lado,
a pesar de ser una legislación básica,
hay que tener en
cuenta que el régimen jurídico de los funcionarios públicos
está sometido a reserva de ley
y esto obliga al legislador.
El que sea.
El del Estado a través de la legislación básica,
el del Estado para la adminis la función pública del Estado
o el de la Administración autonómica para la Administración autonómica
y la función pública autonómica,
y el del Estado y la Comunidad autónoma correspondiente para la
Administración local, para la función pública local correspondiente.
Obliga a hacer el ejercicio de identificar
cuál es el núcleo esencial relativo a las situaciones administrativas
que necesariamente tiene que ser regulado por ley.
Esto es muy importante.
Las situaciones administrativas forman parte de ese núcleo esencial
que debe ser regulado por. Ley
y aunque.
Con carácter complementario,
puede entrar a regular el reglamento
distintos aspectos de las situaciones administrativas.
Lo que ni el reglamento.
Y a fortiori.
A mayor abundamiento, los pactos y acuerdos funcionariales.
Lo que no pueden hacer es regular
el núcleo esencial de las situaciones administrativas.
Y en este sentido, ni por reglamento ni por pactos y acuerdos
se pueden crear situaciones administrativas
y no se puede establecer ni por reglamento ni por pactos y acuerdos,
el régimen jurídico esencial de situaciones administrativas.
Esto es especialmente denunciable, sobre todo en el ámbito local,
donde por la dinámica reivindicativa.
De. Los empleados
y por la debilidad de los órganos
de gobierno de estas administraciones locales, no es infrecuente
el caso de que por pactos y acuerdos funcionariales, pues se regulen
o se prevean
situaciones administrativas
extra alejen, es decir, completamente diferentes
a las previstas en la legislación básica o en la legislación
no básica, pero aplicable a esa administración
y a esa función pública, o incluso derogando,
previendo requisitos o modificando
los requisitos, siempre evidentemente
al alza o para mejora de los derechos de los funcionarios.
Los requisitos previstos en la propia e, en la propia legislación básica
o en la propia legislación.
Bien, esto es importante tenerlo en cuenta
que aunque el estatuto básico en aquellos aspectos o en aquellas
situaciones administrativas que sí que ha regulado
con bastante intensidad como son la de servicio activo,
sobre todo en los servicios especiales,
las servicios
en otras administraciones públicas y las modalidades de excedencia
voluntaria.
Lo que no.
Significa es que a pesar de eso, se haya agotado
el régimen jurídico.
Incluso de esta situaciones administrativas, no digamos
ya de las otras que ni siquiera se prevén y regulan el Estatuto Básico.
Pero es que incluso de las previstas en el Estatuto Básico hay aspectos
que no están agotados por el Estatuto Básico.
Y que.
Deben ser complementados por la normativa de desarrollo.
Y esta normativa de desarrollo, en la medida que afecte al núcleo
de las diferentes situaciones administrativas, debe ser regulado
por ley en otros aspectos, no en otros aspectos.
Podrá ser regulado directamente por reglamentos o incluso por pactos
y acuerdos, siempre que sean objeto de negociación colectiva,
según el propio Estatuto Básico.
Bien.
Después de esta introducción general.
Pero fundamental para entender cuál es el régimen jurídico
de las situaciones administrativas en el Estatuto Básico,
vamos a decir algunas notas en relación
a algunas situaciones administrativas
previstas en el Estatuto Básico.
En cuanto al servicio activo.
Al servicio activo.
En realidad,
aunque viene tipificado y catalogado como tal situación administrativa,
podemos decir que es la situación administrativa normal, ordinaria,
aquella en la que el funcionario se encuentra
prestando sus servicios a la administración,
que lo ha nombrado, bien por procedimiento de selección
en el primer destino,
bien por el procedimiento o procedimientos ordinarios
de provisión de puestos de trabajo y el servicio activo.
De hecho, se define como la plenitud de goce. De.
Los derechos y deberes del funcionario,
con lo cual el régimen jurídico del servicio activo,
en el sentido de su contenido, es la propia relación funcionarial.
Los derechos y obligaciones de un funcionario.
Bien.
No obstante.
El propio Estatuto básico y la normativa de desarrollo
se ha visto obligada. A.
Establecer un elenco específico
y explícito de circunstancias que son consideradas por la normativa
como servicio activo.
Bien sorprende que, efectivamente, si siendo las circunstancias normales
y ordinarias que el funcionario se encuentra en servicio activo.
Sorprende que haya que hacer un elenco.
Máxime cuando el propio Estatuto Básico
considera que si un funcionario se encuentra en una situación
o en unas circunstancias no reconduce a cualquier otra
situación administrativa tipificada por la por la ley,
se va a considerar supletorio
o subsidiariamente, mejor dicho, que se encuentra en servicio activo.
Aun así, a pesar de que es la situación ordinaria de
que es la situación a la que hay que reconducir, si no se le puede
encasillar en otra situación administrativa.
A pesar de eso, la normativa permite
y de hecho así se hace en la Administración General del Estado.
Por ejemplo, que
se haga un elenco de circunstan cias o de situaciones
que la propia normativa, en lugar de reconducir las a otra
situación administrativa, o mejor aún, en lugar de crear situaciones
administrativas específicas para estas circunstancias,
lo que hace es de una manera ficticia, es reconducir
a la situación de servicio activo.
Lo cual digo que es ficticio porque en la práctica no se encuentra
en la situación ordinaria de servicio activo,
de prestar el servicio a la administración que lo ha nombrado
bien.
Por ejemplo, el artículo tres del Reglamento de Situaciones
Administrativas de la Administración General del Estado
hace un elenco muy exhaustivo de distintas situaciones
que se consideran de servicio activo y se encuentran,
por ejemplo, cuando se
encuentran en las dos primeras fases de reasignación de efectivos,
en el supuesto de cesación progresiva de actividades, etcétera.
Bueno.
Esto es una cosa que cada administración pública deberá
o podrá hacer.
Ese elenco de situaciones que considera de una manera explícita
como servicio activo,
la siguiente situación
administrativa que merece la pena
decir algo sobre ella
son los servicios especiales.
Bien en los servicios especiales
nos encontramos con una situación peculiar.
Es una situación administrativa que lo que hace
en realidad. Es.
Amparar la posibilidad
de que el funcionario se encuentre prestando servicios.
Normalmente.
Que para un poder público, para otra administración que lo ha nombrado
normalmente. Por.
No a través de los procedimientos ordinarios,
aunque puede ser la libre designación.
Pero se encuentra prestando
servicios por nombramiento, por ejemplo.
Selectivos o por cargos políticos, etcétera.
Obsérvese que lo que hace la legislación es
no sólo permitir, sino incluso fomentar,
como veremos, por el régimen jurídico especialmente favorable
al funcionario de esta situación administrativa.
Es. Fomentar, como digo, que estos puestos de trabajo
políticos o de carácter político, de confianza política o no
estrictamente por el sistema de mérito
o altos cargos, etcétera,
permitir que se nutran de personal funcionario profesional
y hacerse cargo selectivos.
Un funcionario que para ser alcalde o para ser diputado
tuviese que renunciar a la condición de funcionario
o incluso renunciar a
en otra situación, como una excedencia, etcétera,
para poder ser alcalde, para poder ser diputado
o un alto cargo en la administración pública, pues a lo mejor.
No. Muchos funcionarios se lo podrían
pensar.
Bueno, siempre que evidentemente ser alcalde
depende de dónde o ser diputado.
Pues es interesante.
Lo que pasa es que son cargos temporales.
Y qué pasa cuando se termina ese, ese tiempo?
Eso es lo que ha llevado al legislador a considerar que
que es, es jurídicamente separable y más aún, protegido y defendible.
Considerar una
situación administrativa que permita el trasvase de funcionarios
del estrato profesional de la administración pública al estrato
más político, al nivel más político
de los poderes públicos,
con un régimen jurídico muy beneficioso.
Por ejemplo, no vamos a
lo vamos a traer la reserva del puesto de trabajo,
que vamos a ver cómo queda en el Estatuto Básico
o garantías de derechos económicos o garantías de
derecho de carrera en esa situación de servicios especiales.
Porque de otra manera, insisto. Se.
Dificultaría que desde que estos niveles
políticos de cargos políticos
o cargos electivos o no profesionales,
por decirlo desde una perspectiva negativa,
pues se hubiesen nutrido de personal profesional funcionario
al que se le supone evidentemente no sólo una capacitación,
sino además una toda una ideología de
de valores públicos, de servicio público, etcétera,
que justifican
la necesidad o la conveniencia de de que los de que estos puestos
se puedan ver provistos por funcionarios de carrera.
Esto tiene también el otro envés y es una manera,
por un lado no solapada.
En realidad,
el profesor Parada, por ejemplo, ha denunciado que lo que permite esta
esta situación administrativa precisamente. Es.
Con lo dice de una manera muy, muy significativa
y que es una muestra palpable
de que en el
sistema español de empleo público no existe la menor preocupación
por separar la burocracia pública del espacio de gestión política.
De acuerdo con el principio de neutralidad
política del funcionariado, tienes una permeabilidad
entre el espacio profesional y el político
de la misma manera, por ejemplo,
que la excedencia voluntaria por interés particular lo que hace
permite el trasvase
o la permeabilidad, por decir de alguna manera, un flujo más o menos
fácil entre.
El. Nivel profesional de administración pública
y el sector privado, por ejemplo.
Bien, cuáles son los supuestos que amparan o permiten
o desencadenan la declaración de servicios especiales?
Bien, son unos supuestos
que están Es un elenco que viene en el propio, en el propio precepto
del Estatuto Básico, el artículo 87, y son esos supuestos.
Puede darse alguna, alguna cuestión de cuáles
son la interpretación, por ejemplo, de cuáles
son los altos cargos de las administraciones públicas?
Bueno, en la administración pública pueden ser unos determinados
puestos y otros no, etcétera Pero son estos supuestos.
El elenco está ahí,
por supuesto, cuando sean designados miembros del gobierno
o de órganos de gobierno, de comunidades autónomas,
miembros de las instituciones de la Unión Europea o altos
cargos de estas administraciones públicas, es el primer supuesto,
pero luego también, pues autorizados para realizar misiones por períodos
determinados, superiores a seis meses en organizaciones internacionales,
en puestos o cargos en organismos públicos.
Acceder a la condición de diputado, senador, con carácter
general, etcétera, son unos supuestos tasados.
Téngase en cuenta que esto puede llevar a que haya
muchos funcionarios que se encuentren en servicios,
en servicios especiales, y por eso la aproximación
a los servicios especiales es relativa, aunque.
Del del.
Delfín, del elenco que ya prevé el Estatuto básico, son muchos
puestos, son muchas situaciones, son muchos supuestos,
hasta el punto de que un profesor,
una expresión que recoge el Tribunal Constitucional 1991,
hablaba de un abigarrado conjunto de supuestos muy diferentes
y cuantitativamente
son muchos puestos en realidad los que permiten
que haya muchos funcionarios en función de servicios especiales.
No contento con eso, no contento con eso,
el Estatuto Básico ha abierto la puerta
que las leyes de administración
pública de cada administración prevean supuestos añadidos.
Fíjense, tiene que ser la ley,
no puede ser el reglamento ni el pacto o acuerdo colectivo.
Por supuesto, tiene que ser la ley.
El que.
Diga supuesto adicional, además de la legislación básica.
Pero bueno,
si además de los supuestos ya generoso del Estatuto Básico,
tenemos los supuestos añadidos de la legislación
de función pública, de administración pública, pues nos encontramos
que hay bastantes supuestos.
Que que.
Permiten a un funcionario situarse en esta situación
tan beneficiosa para el mismo.
Por qué digo que es beneficiosa hasta el punto
de que ha sido considerada como privilegiada
para los funcionarios esta situación de serios especiales?
Pues por sus efectos, fundamentalmente
los efectos llevan a que,
según el propio Estatuto,
los funcionarios no se pueden ver perjudicados
en sus derechos de carreras, sus derechos económicos y además,
una garantía fundamental añadida que es la reserva del puesto de trabajo.
Vamos a ver cómo queda esto en el Estatuto básico, dice.
El Estatuto deja claro en primer lugar,
que el funcionario percibe las remuneraciones del puesto
o cargo que efectivamente desempeña y no las que corresponderían
como funcionario de carrera al puesto del que trae origen
o en el que estaba previamente a los al nuevo
puesto que determina la declaración de servicios especiales.
En segundo
lugar, en lo que respecta a la carrera,
el Estatuto. Dice que.
El tiempo de permanencia en situación de servicios especiales
no debe penalizar o perjudicar el devenir ordinario de la carrera
cuando aquélla finalice, es decir, la carrera ordinaria,
y a estos efectos se le computará el tiempo en servicios especiales
a efectos de ascensos, de reconocimientos,
de trienios, de promociones internas, etcétera.
Esto en función de las modalidades de carrera
que se implanten en las distintas administraciones públicas,
pues tendrá sus peculiaridades de aplicación,
pero en cualquier caso, en cualquier caso,
lo que sí que está claro, lo que sí que está claro.
Es que el.
Funcionario de Servicios Especiales
no se puede ver perjudicado absolutamente en nada
por haber estado en servicios especiales
en lo que respecta a las
modalidades de carrera aplicables en la Administración
matriz originaria de la que es funcionario y a la que volverá
cuando cese en servicios especiales,
esto tendrá sus peculiaridades de aplicación,
pero es un mandato específico a los legisladores de Función Pública
para que prevean y a los aplicadores, por supuesto, a los gestores,
para que vean los mecanismos,
para que no se vean perjudicados los funcionarios
por haber estado en servicios especiales.
Hay un supuesto muy concreto que es el artículo 87 tres,
cuando dice que determinados además determinados
puestos que determinan los servicios especiales.
Además, se le reconoce una garantía retributiva específica.
Por ejemplo,
los alcaldes,
presidentes de diputaciones, diputados, senadores autonómicos,
diputados autonómicos o senadores estatales y diputados estatales, etc,
dice como mínimo
estos funcionarios que hayan
estado en servicios especiales en estos puestos,
recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado
y conjunto de complementos que se establezca para quienes hayan
sido directores generales y otros cargos superiores
de la correspondiente administración pública.
Bien, es un supuesto muy peculiar.
Es lo que se conoce en la jerga como nivel 33.
Se consolida independientemente de del puesto en el que posteriormente
se consolida un grado que es que como mínimo, insisto,
el grado complemento retributivo
del director de un director general de la Administración en cuestión.
Y el último efecto importante a tener en cuenta a tener en cuenta
en la situación de servicios especiales.
El derecho a la reserva del puesto de trabajo, que de alguna manera
es como la gran garantía del funcionario que
aparte de poder ascender
todas las beneficios de carrera y económicos
que le suponen los puestos en los que para los que es nombrado
y que determina la declaración de servicios especiales.
En realidad.
Un funcionario, lo que siempre quiere tener de alguna manera, normalmente
es la garantía de que se le reserva el puesto de trabajo.
Esto es una medida muy seria porque también introduce un
una rigidez en la gestión de recursos humanos, porque la plaza
no está vacante, el puesto no está vacante, está reservado.
Por lo tanto,
lo que eso supone a efectos de sacarlo a concurso
o de nombrar con carácter permanente un nuevo funcionario de ese puesto,
y además también las posibilidades de carrera
de los funcionarios de esas unidades, porque no se puede contar
con esa plaza a efectos de de carrera y de poder acceder a ese puesto.
Bien, el Estatuto Básico no recoge de una manera explícita
esta derecha,
este derecho a la reserva del puesto de trabajo.
Lo único que dice.
Es que.
Quienes se encuentren en situación de servicios especiales
tendrán derecho
al menos a reingresar al servicio activo en la misma localidad,
en las condiciones
y con las retribuciones correspondientes a la categoría,
nivel o escalón de la carrera consolidados,
de acuerdo con el sistema de carrera administrativa
vigente en la Administración pública a la que pertenezca.
No es el puesto de trabajo en sí,
pero es un puesto de trabajo equivalente.
Con esta medida, lo que se ha querido es un poco precisamente
flexibilizar la gestión.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, la administración del Estado
y probablemente en otras administraciones,
la normativa complementaria, además de estas garantías accesorias,
decide en la misma localidad, con el mismo nivel,
las mismas retribuciones, etcétera, que les corresponderían.
No el mismo puesto.
Las administraciones correspondientes sí que pueden prever
que haya una reserva específica y concreta de esa plaza y destino.
Como decía el antiguo anteriormente, legislador básico
o como subsiste en el Reglamento de Servicios de
la Administración de Situaciones de la Administración General del Estado.
Bien.
Y por último, unas notas muy básicas sobre el servicio
en otras administraciones públicas.
Se trata de una situación. No. Nueva.
Aunque si. La denominación es nueva.
Y lo que.
Se pretende con esta situación fomentar la movilidad administrativa
de los funcionarios, es decir, que los funcionarios
puedan pasar de una administración a otra a desempeñar sus
o su trabajo profesional
sin verse perjudicados en su progreso de carrera
y en su situación económica y funcionarial.
Cuáles son los supuestos que determinan esta situación
de servicio en otras administraciones públicas?
Los procesos de transferencia de funcionarios
y la participación del funcionario
en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo,
ya no la participación en los procedimientos de selección,
es decir, un acceso nuevo a la
función pública, autonómica o local correspondiente.
Es la participación del funcionario en procedimientos de provisión.
Por tanto. Por 100 procesos de transferencia.
Bueno, más o menos
cuando ya hace el mapa autonómico o territorial, pero también el local,
pues más o menos se considera que ya está más o menos fijo,
pues los procesos de transferencia de funcionarios
no van a ser ya tan, tan frecuentes como lo han sido hasta ahora
y tan problemáticos, por supuesto, lo que supone esta situación.
Aunque evidentemente esto
sí que se puede dar más en el ámbito autonómico en relación
con la administración local situada en esa comunidad autónoma.
Y además es muy, es muy.
Es muy conveniente
que se produzca la posibilidad de que los funcionarios locales
puedan acceder a puestos de trabajo en la administración autonómica,
precisamente para facilitar
la carrera
de los funcionarios locales, que de otra manera
puede estar muy restringida por la propia, el propio tamaño
y la propia característica de la administración local.
Básicamente lo que se pretende o lo que pretende el estatuto básico
con esta.
Con esta situación, es que el funcionario que
por transferencia o por participar en procedimientos de provisión,
concurso libre designación, pasa a prestar sus servicios
a otra administración pública que no se vea perjudicada en nada
en relación con su administración de origen,
pero también con su administración de destino,
la que no es si no ha sido infrecuente.
Pues.
Regulaciones diferentes, un tanto discriminatorias
en función de si el origen era por transferencia o el origen
era por acceso directo a esa administración autonómica o local.
En este caso también la administración local.
Antes se dice en comunidades autónomas,
el Tribunal Constitucional
evidentemente, siempre ha considerado que es una discriminación y.
Y bueno, el.
Interés del Estatuto Básico es dejar claro. Que.
Esta situación administrativa, el funcionario que se acoge a ella
o que se encuentra en ella, no se va a haber perjudicado en nada.
Esto es lo que ocurre. Es que.
El. Problema de esta,
el problema de este no verse perjudicado en nada, es
cuando porque tienen reconocido el derecho al reingreso
a la administración de origen
en la que en realidad se encontraban
siempre en servicio activo.
Bien, como dice respecto a su administración de origen,
los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos
como si se hallaran en servicio activo.
Bien, aquí el problema, claro, es reconocer
cuál es la situación y la carrera a la que se encontraría
un funcionario que a lo mejor ha estado diez años
trabajando en otra administración
y que ha ascendido o a través de los mecanismos
de carrera vertical, carrera horizontal, etcétera Promociones.
Cuando vuelve,
cuando las situaciones jurídicas a lo mejor ahora ya no van a ser
tan homologables precisamente por las diferencias
que puede haber entre las funciones públicas,
estatal, autonómicas, locales, etcétera.
Bien, la idea y lo que pretende el Estatuto Básico
es que las Comunidades autónomas en el seno
de la Conferencia Sectorial, Administración Pública del Estado,
Comunidades Autónomas y entidades locales,
establezcan los procedimientos y unos criterios de homologación
de esas situaciones.
Pero como esto puede no ser bastante sencillo
que se aprueben esos convenios para hacer esa homologación,
en la práctica, lo que va a ocurrir es que la administración pública a la
que vuelve el funcionario después
de haber estado
en otra administración pública, al amparo de esta situación
de servicios, administración de servicios
y de otras administraciones públicas,
sea la que tenga que establecer mediante una decisión, un acto
administrativo, pues ese reconocimiento
puede ser más o menos conflictivo
que el funcionario, puede estar más o menos de acuerdo o no
bien.
Y bueno, por último, por supuesto, las excedencias, que son las
las con carácter básico, pues están aquellas que protegen
bienes jurídicos sociales de carácter individual.
Bueno, pues.
En fin.
Como por ejemplo
la conciliación familiar, la protección
contra la violencia de género, etcétera
y luego otras
que se articulan como derechos subjetivos de los funcionarios
o que se encauzan como potestades de organización y de gestión.
Bien base con carácter básico.
Las excedencias que se recogen en el Estatuto básico son
son fundamentalmente la excedencia por interés particular
que puede ser voluntaria o solicitada por el propio funcionario.
Su administración. Le pregunte para qué?
Tiene una serie de condicionantes y requisitos
como por ejemplo un tiempo mínimo antes de prestación
de servicios, antes de poder solicitarla
o puede ser declarada de oficio, como dice el artículo 89 dos
cuando finalizada la causa
que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo,
se incumpla la obligación de solicitar el reingreso
al servicio activo en el plazo que se determine reglamentariamente.
La falta de solicitud de reingreso en plazo no determina la extinción
de la condición de funcionario, sino la declaración de oficio.
En esta excedencia voluntaria
implícita.
Por supuesto.
En este caso, al ser de oficio
excedencia voluntaria por agrupación familiar, también está prevista.
ARTÍCULO 89. Tres.
Excedencia voluntaria por cuidado de familiares y por último,
la excedencia voluntaria.
La excedencia por razón de violencia de género.
Su régimen jurídico está previsto en el Estatuto
y en el Estatuto Básico en los distintos preceptos.
No creo que tenga una mayor complejidad
sobre todo desde las premisas que les.
He. Indicado.
Y bueno, por supuesto, esta explicación ha pretendido
dar unas ideas generales para entender tanto la lectura
de los preceptos del Estatuto
Básico relativas a las situaciones administrativas como para comprender
la funcionalidad de esta institución peculiar,
como son las situaciones administrativas en el empleo público.
Muchas gracias.