El personal al servicio de
las administraciones públicas o las clases de empleados públicos.
Porque con lo primero, con lo que nos vamos a encontrar
es con un término nuevo empleado público nuevo relativamente, porque
en el siglo 19 era la referencia que se hacía al empleado público.
La expresión funcionario se importa de la Revolución
Francesa también en España a lo largo del siglo 19.
Pero el estatuto básico del empleado
público de 2007 ha
hecho una definición ha introducido un nuevo término
que hay que aclarar para que no genere confusión.
Dice Son empleados públicos
quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones
públicas al servicio de los intereses generales.
Hay que tener en cuenta, insisto, que esto es un término,
un término formal, porque no tiene un contenido material.
No hay una relación jurídica de empleado público.
Los empleados públicos luego serán funcionarios laborales.
Ahora lo veremos.
Pero el empleado público no hay, no es una relación jurídica.
Yo no soy empleado público y tal.
Si no soy es un término formal,
un recurso terminológico que ha utilizado la ley
con una idea, no solamente el tener que evitarse
o encontrar un término que englobe a todas las personas
que trabajan al servicio de la administración pública
tipo agentes públicos, o evitarnos incluso esta
expresión personal al servicio de las administraciones públicas.
No hay una.
Hay una filosofía subyacente en esta.
En este término
presente y muy explicitado también en el informe del Comité de expertos
que preparó el Estatuto Básico del Empleado
Público y una corriente doctrinal
muy importante, y es la convergencia de regímenes
entre funcionarios y laborales.
Sería como encontrar
una suerte de superación dialéctica desde esa dialéctica
de funcionarios laborales en un régimen jurídico común
para todas las personas que trabajan al servicio de la administración
pública, que en algunos aspectos se ha conseguido, por ejemplo,
en materia de régimen disciplinario,
incompatibilidades en algunos casos de derechos, obligaciones.
Pero al final el régimen jurídico de las distintas
clases de empleados públicos es diferente.
Es diferente.
Pero valga esta aclaración porque está en el frontispicio
de este tema sobre las clases de empleados públicos,
que ahora, si el estatuto básico del Empleado público nos va a decir
que son empleados públicos los funcionarios de carrera,
los funcionarios interinos, el personal laboral
y el personal eventual de la tramitación parlamentaria.
Se cayó el personal directivo, que era una de las grandes novedades
por las que apostaba el Estatuto Básico del Empleado Público.
Veremos rápidamente como ha quedado
ese régimen de las funciones directivas,
los funcionarios de carrera,
el Estatuto Básico del Empleado Público hace, en primer lugar,
una definición muy formal de lo que son los funcionarios de carrera.
Veamos quién es en virtud de nombramiento legal.
Nombramiento legal, por lo tanto, no una contratación.
Están vinculados a una administración pública por una relación
estatutaria regulada por el Derecho administrativo,
regulación estatutaria, es decir, una regulación unilateral,
una determinación de las condiciones laborales del régimen jurídico,
en principio unilateral por la ley y por el Reglamento
para el desempeño de Servicios profesionales
retribuidos de carácter permanente, bien para trabajar
al servicio de la Administración de forma permanente.
Esta referencia a la permanencia
es una referencia
estructural.
La gran articulación de esa permanencia
es decir que una persona que ha superado
el proceso de selección y ha sido nombrado funcionario
y por tanto ya tiene una permanencia en la administración, se va a
articular en última instancia a través de los mecanismos de salida,
si son más o menos amplios,
más o menos discrecionales o más o menos limitados.
Eso es lo que va a determinar en última instancia,
la permanencia en la condición de funcionario de los
de los
funcionarios públicos, que veremos en cuando abordemos más
adelante el tema de la extinción de la relación de servicio.
Bien, esta es la definición formal.
El estatuto básico del empleado público,
en cambio, ha añadido una gran novedad
y es un intento de definición sustantiva.
Los funcionarios públicos es esto quienes por nombramiento
trabajan al servicio de la administración con un régimen
jurídico unilateral establecido por la Administración y por la ley.
En última instancia, el derecho administrativo.
Pero además ha querido decir lo siguiente
el ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio
de las potestades públicas
o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado
y de las administraciones públicas, corresponden
exclusivamente a los funcionarios públicos.
Es decir, hay una serie de funciones
que solo pueden ser desempeñadas por funcionarios públicos.
Cuáles?
Las que impliquen participación directa o indirecta
en el ejercicio de potestades públicas o
en la salvaguardia de los intereses generales de esa administración?
Bien, son dos criterios generales que posteriormente
cada administración las leyes lo pueden desarrollar
y luego cada administración puede determinar
y debe concretar a través de cada puesto de trabajo.
Lo que es importante es que esta reserva de funciones
a los funcionarios
que por ejemplo en el ámbito local también se define de una manera
Después de la reforma de la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad Local de 2013
se define de una manera todavía más amplia
porque incluye funciones de autoridad y, sobre todo, una coletilla final
que ya lo permite.
No todo, pero evidentemente es mayor, amplio,
mayor margen que dice la mayor garantía de la objetividad,
imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.
Siempre que un puesto concurra a esa, a subvenir esa necesidad,
pues en ese caso, teóricamente ese puesto sólo puede ser ocupado
por funcionario de carrera.
Por lo tanto no puede ser ocupado por otro tipo de empleado público.
Teóricamente. Funcionarios interinos.
En la práctica.
Sobre todo funcionarios laborales.
Y no digamos ya personal eventual.
Reserva de funciones que solo quienes están vinculados
a la administración
a través de un vínculo formal como es el del funcionario de carrera.
Esas funciones solo pueden ser desempeñadas por funcionarios.
El problema de esta cláusula o de esta reserva de funciones
es que se interprete o que se le dé,
que suponga
no solo que las funciones están reservadas a los funcionarios,
sino que incluso los funcionarios están reservados a esas funciones.
Es decir,
que los funcionarios solo pueden ocupar esos puestos de trabajo.
Esa no es la idea.
En Alemania sí que se ha hecho así.
Constitucionalmente se dice esto y luego el legislador ha dicho
Y además los funcionarios solamente pueden desempeñar estos puestos.
Con lo cual esa dicotomía funcionario laboral es mucho más amplia.
En el caso de en el caso español
hemos visto ya que de la Constitución
el Tribunal Constitucional ha derivado una opción general.
En principio y en general todos los puestos de trabajo
en la administración pública deben ser desempeñados por funcionarios.
Excepcionalmente, algunos puestos
que no sean permanentes,
determinados puestos delimitados por la ley
pueden ser ocupados por personal laboral.
Pero esta cláusula, por tanto,
no es esa articulación de la opción preferencial funcionarial.
Es simplemente la identificación de un núcleo esencial de funciones
que sí o sí debe ser desempeñado por funcionario de carrera.
Pero los funcionarios de carrera también
estarán en otro tipo de puestos que no sean estos, que impliquen
ejercicio de potestades públicas o salvaguarda de los intereses
generales de una administración.
En cuanto a los funcionarios interinos,
son los que por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales como funcionarios interinos
para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera.
Bien.
Con lo cual el funcionario interino tiene hoy que partir de la base.
Como su propio nombre indica, es funcionario, no de carrera,
es decir, no permanente, sino interino, temporal.
Ocupa interinamente,
ocupa temporalmente un puesto de funcionario de carrera.
Y cuáles son esos circunstancias o esos supuestos
en los que la Administración puede nombrar funcionarios interinos?
Son los expresamente previstos en la ley.
El primero de los más importantes, sin duda.
La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura
por funcionarios de carrera, porque no se ha sacado a provisión
o porque había urgencia en la provisión del puesto,
o porque sacado a concurso nadie lo nadie lo ha ocupado
o se ha dejado desierto.
La sustitución transitoria de titulares,
la baja temporal por una excedencia por lo que sea
supuesto importante
la ejecución de programas de carácter temporal.
Recientemente, en septiembre de 2014,
se ha introducido un límite porque esto era muy amplio
ejecución de programas de carácter
temporal, pues ha dado lugar a un cierto abuso
a la hora de que la administración o una administración definiera la
temporalidad de un programa.
Si el funcionario interino está pensado para
una sustitución temporal interina, como su propio nombre indica.
Fraudulentamente, lo que no podía hacerse
era establecer programas de este programa durante 15 años.
Y si nombras a un funcional interino, la ley de una ley de 2014
reciente de la 15, ahora 2014, ha introducido un límite.
Dice Los programas temporales
no podrán tener una duración superior a tres años
y se ampliable hasta 12 meses más
por las leyes de función pública que se dicten
en desarrollo de este estatuto, es decir, como máximo.
Como máximo.
El nombramiento de funcionarios interinos,
conforme a esta circunstancia, podrá ser en última instancia
una administración o como máximo por cuatro años.
Luego veremos que las patologías que
los nombramientos se eternizan.
Otro supuesto importante el exceso o acumulación de tareas
por plazo máximo de seis meses dentro de un período de 12.
El Estatuto
Básico dice que los funcionarios interinos
tienen que estar superar un procedimiento de selección.
Evidentemente no es el procedimiento de selección
de los funcionarios de carrera,
aunque a veces, en ocasiones,
las administraciones utilizan esos procedimientos de selección
para establecer bolsas de interinos y luego en otros ámbitos
más sectoriales educación, sanidad, etcétera,
pues tienen sus propios sistemas de selección de funcionarios interinos.
Pero en cualquier caso, evidentemente no puede nombrarse
sin seguir ningún procedimiento.
Una persona funcionaria interina.
En cualquier caso, habla del respeto de los principios de igualdad,
mérito y capacidad, y habla también de publicidad.
Bien, el cese.
Esto es importante cuando cesa un funcionario interino.
Quizá además de las causas generales.
Es decir.
Por supuesto.
Muerte, renuncia, etcétera jubilación.
Cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
Si la
plaza deja de estar vacante porque viene a ser ocupada por
un funcionario de carrera interino, pues cesa.
Si el programa temporal para el que se le nombró termina funcionario
interino cesa.
Otro.
Otro aspecto importante
Cuál es el régimen jurídico de los funcionarios interinos?
Aquí el Estatuto Básico no puede hacer otra cosa.
Probablemente, pero lo deja todo.
No? Interpretación de la propia administración
y distancia de los tribunales.
Dice en cuanto sea adecuada la naturaleza de su condición.
El régimen general de los funcionarios de carrera.
Bien.
Bueno, en principio es el régimen de los funcionarios de carrera,
pero hay cosas que evidentemente no,
no se aplican.
Los funcionarios interinos, por ejemplo,
la carrera administrativa, un funcionario interino,
en principio si va a estar solo por un tiempo muy determinado,
no puede hacer carrera o no debería hacer carrera,
no tiene ningún sentido.
Por lo tanto, no, no consolida grados ni nada por el estilo.
Las técnicas de articulación de la carrera
sobre los funcionarios interinos se pueden decir muchas cosas
y sobre todo se pueden decir muchas malas aplicaciones o usos de esta,
de esta tipo, de esta clase de empleado público.
Fijémonos en la contradicción de la expresión
que se ha dado en llamar interinos de larga duración.
Es una contradicción en los términos, pero lo cierto
es que se han consagrado situaciones
de años y años, incluso personas que han hecho su carrera
o su vida en la administración a base de interinidad.
Bien, aquí
el estatuto básico del empleado público consciente de esas patologías
que en ocasiones las administraciones consienten
por determinadas circunstancias, que pueden ser tanto personales
como organizativas, el Estatuto Básico del Empleado
Público quiso que eso se evitara con una previsión muy concreta, dice.
Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos
cuya cobertura no es posible por funcionario de carrera,
deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en el que se produce el nombramiento.
Y si no fuera posible, porque ya ha sido aprobada o está tramitada
en la siguiente oferta de empleo público, salvo que se decida
su amortización.
Es una previsión muy concreta.
Nombrado un funcionario interino, esa plaza ese año
tiene que incorporarse
porque el interino, en el caso del primer supuesto que
hemos visto antes, a falta de funcionario de carrera, que la cubra.
En este caso, la plaza debe incorporarse
a la oferta de empleo público
en ese ejercicio o en el siguiente.
A qué se amortiza?
Esto, que era teóricamente así, las administraciones
lo estaban sistemáticamente incumpliendo.
Veremos si sigue la situación así, porque en una sentencia de 29
de octubre de 2010, en la que el Tribunal Supremo
anula la oferta de empleo público del Gobierno de Aragón
por no incluir las plazas vacantes ocupadas por interinos,
es decir, por no respetar el artículo diez
cuatro del Estatuto Básico del Empleado Público.
Insisto que veremos si luego, en la práctica, todas las
ofertas de empleo público recogen esa,
esa, esa previsión y respetan esa previsión.
La Ley 15 2014 de 16 de septiembre,
ha querido también ampliar la posibilidad de gestionar
este tipo de personal del funcionario interino, sobre todo en el caso de
de los dos últimos supuestos analizados anteriormente,
los funcionarios para la ejecución
de programas temporales y por acumulación de tareas
que aumenta la capacidad de disponer, de reasignar, de cambiar de destino
a estos funcionarios interinos dentro de unas determinadas
unidades administrativas.
En cuanto al personal laboral, ya hemos dicho la constitucionalidad
de su existencia porque no lo prohíbe la Constitución.
Pero vamos a decir ahora una serie de cuestiones importantes sobre su
régimen jurídico o sobre los aspectos que los regulan.
En primer lugar, el personal laboral
al servicio de las Administraciones públicas se rige
por la Ley de Función Pública que sea aplicable.
Puede parecer una contradicción, pero
la legislación de función pública, empezando por el propio Estatuto
básico del empleado
público, se les aplica, se les aplica en cuanto les sea aplicable.
Evidentemente no, no se les va a aplicar los aspectos
relativos, por ejemplo, a carreras, situaciones administrativas, etcétera
Pero hay aspectos de la legislación de función
pública que les resulta de aplicación.
Veamos, por ejemplo, el sistema de incompatibilidades,
el sistema, el régimen disciplinario.
Hay una sentencia de 2013 en el que el Tribunal Supremo,
en la Sala de lo Social, reconoce expresamente que
el plazo de prescripción de una falta muy grave
no es el de en el caso de un personal laboral
al servicio de Administración Pública.
No es el plazo establecido en el Estatuto de los Trabajadores
de 60 días, sino el de tres años establecido,
una infracción muy grave.
El plazo de prescripción de la infracción
no son 60 días del Estatuto de los Trabajadores, sino los
los tres años del Estatuto Básico del Empleado Público,
pero en principio con carácter sustantivo.
Fuera de esas previsiones singulares, en ocasiones importantes,
la legislación de función pública
solamente regula aspectos muy concretos.
Se les va a aplicar y así lo reconoce el propio Estatuto Básico,
su legislación laboral y su sistema propio de fuentes, es decir,
el Estatuto de los trabajadores, pero también los convenios colectivos
que el personal laboral negocia con las administraciones públicas.
Lo que sí que es cierto es que el hecho de que al ser una
administración pública esto determina tiene consecuencias importantes
y de hecho, en los últimos años se ha visto esto muy agudizado.
Y es que observamos una cierta publi ficación progresiva
del régimen laboral del personal laboral
al servicio de las administraciones públicas.
Por qué?
En primer lugar, porque
se han producido o se han aprobado delegaciones de Derecho
Administrativo al Derecho laboral, por ejemplo,
en el propio Estatuto Básico del Empleado Público.
Desde 2012 se recoge
explícitamente la potestad de la administración
para modificar y suspende poder
modificar y suspender un convenio colectivo vigente.
Esto, evidentemente con el Derecho laboral,
con el Estatuto de los Trabajadores en la mano.
Esto es imposible.
Pero el Derecho administrativo, el Derecho público, la Ley de Función
Pública ha reconocido expresamente esta potestad.
También ha ocurrido
que el Estado se ha visto obligado
a incluir previsiones específicas dentro del derecho laboral.
Ya no se trata
de potestades administrativas o regulaciones públicas
aplicables a los al personal laboral, sino incluso
establecer regulaciones especiales dentro del Estatuto
de los Trabajadores
para el personal que trabaja al servicio
de las administraciones públicas.
Esto es especialmente así en el caso de la de las causas de extinción
de los contratos del personal laboral.
Las causas económicas organizativas que se definen y se regulan
de una manera específica en el Estatuto de los Trabajadores
cuando se trata de personal laboral
al servicio de las Administraciones públicas.
Las modelos contractuales, evidentemente, son las existentes
en la legislación laboral.
Lo dice expresamente
el Estatuto Básico del Empleado Público y, por su duración,
el Estatuto Básico de Empleado Público
dice que pueden ser fijos temporales, ya que se inventa una cosa
que no existe en el ordenamiento laboral, que es indefinido.
Esto existe en fijos o temporales, pero el indefinido
indefinido de repente aparece en el ámbito de este colectivo
del personal laboral al servicio de Administraciones Públicas
y tiene una explicación jurisprudencial muy importante.
Aunque el
Estatuto básico del empleado público no se sabe bien si lo dice.
Por eso quienes dicen que no, que tenía otra razón de ser.
Pero el caso es que el colectivo de personal laboral indefinido,
no fijo, indefinido, al servicio de las administraciones públicas
es una realidad en el seno de ellas y además es un es una realidad
y un gran problema para la propia administración,
pero para los propios laborales indefinidos
que se encuentran en una especie de limbo jurídico
porque no está regulada su situación jurídica en ningún sitio.
La consecuencia por qué surge en esta categoría de
personal laboral indefinido, no fijo.
Surge porque
al intentar aplicar la
consecuencia de las modalidades, la consecuencia
de una contratación temporal fraudulenta por parte del empresario.
El Estatuto de los Trabajadores lo que hace es
declarar la condición de fijeza
de ese funcionario que ha sido contratado temporalmente
de una manera a base de encadenamiento de contratos, Etcétera
de una manera fraudulenta.
Lo declara fijo y así lo hace la jurisdicción laboral.
Lo que ocurre es que cuando eso se intentó aplicar a la Administración,
el propio Tribunal
Supremo en la sala de lo social dijo Esto no puede ser.
No puede ser que si la administración
ha contratado a encadenado contratos temporales
y la consecuencia directa en principio sería que
declarar fijos
a ese personal laboral, estaríamos dando
ingreso en la función pública, en el empleo público,
a personal que no ha superado
unos procedimientos teóricos que
que respeten
esos principios constitucionales de igualdad y de mérito y capacidad.
Y entonces dijo no pueden ser fijos, porque los fijos solamente
son los que han superado esos procedimientos
que respeten la Constitución en su perspectiva de
derecho, de igualdad y de principio y mérito y capacidad.
Pero tampoco, evidentemente
se puede seguir así.
Y entonces dijo bueno, quedan por tiempo indefinido
en la al servicio de la administración.
Insisto, es una categoría que no está regulada en la ley
y que es una consecuencia que luego se irá aplicando la normativa.
En principio, por supuesto el estatuto de los trabajadores, etc,
pero bueno, tienen una situación con una cierta precariedad
y una complejidad de gestión
importante
y por supuesto, un gran descontento con los implicados que están ahí
de manera indefinida, con muy poca seguridad
laboral.
Qué puestos pueden ser desempeñados por personal laboral?
Bien, el Estatuto Básico y la legislación básica del Estado
no lo dice porque no es esa reserva de funciones lo que establece
la delimitación personal, laboral, personal, funcionarial.
Se dan las leyes de cada administración, la que lo digan.
Y aquí, insisto, cada administración tiene su ley
en el ámbito de la administración del Estado, que se aplica supletoria
a muchas otras administraciones, pues está el artículo
15 de la Ley 30.084, medidas de reforma
de la función pública y establece una serie de
puestos puestos no permanentes de oficio de oficios.
Existen una serie de puestos que en principio podrán ser desempeñados
por personal laboral y estos podrán ser no deberán,
pues hay administraciones que han optado por
utilizar lo menos posible este personal laboral
y no ya funcionar, que son procesos de transformar laborales
en funcionarios, sino contratar directamente
o nombrar directamente funcionarios también para esos puestos,
bien.
Personal eventual.
El personal eventual en la administración pública.
El Estatuto básico es bastante claro en cuanto a lo que es
este tipo de personal.
También una definición muy aséptica.
En realidad habría que plantearse
si si esto es debería ser función
pública o que mérito y capacidad hay aquí, etcétera.
Pero bueno,
la ley del Estatuto Básico del Empleado
Público define al personal eventual como aquel que
en virtud de nombramiento y con carácter no permanente,
solo realiza funciones expresamente calificadas
como de confianza o asesoramiento especial de
confianza o asesoramiento especial.
Bueno, estamos hablando
del personal de gabinetes, secretarias de confianza,
puestos de confianza que determinados órganos
de gobierno u órganos directivos,
pues se ha considerado que necesita rodearse.
Por eso no estamos hablando de mérito y capacidad,
sino estamos hablando de confianza
para unas funciones determinadas,
de asesoramiento especial o de confianza,
pero no ya a funciones
directivas, funciones, por decirlo de alguna manera, operativas.
Dice el Estatuto Básico que las leyes de función pública
determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones públicas
que podrán disponer de este tipo de personal.
Es decir, es personal que estará al servicio de órganos de gobierno
y cada ley de función Pública determinará para qué,
para qué órganos de gobierno puede trabajar el personal laboral.
El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno.
Pero, por ejemplo, la reforma local de 2013
estableció unos límites cuantitativos por umbrales de población
para poder nombrar personal eventual en la administración local,
porque se considera que había muchos, que había un cierto descontrol
y ha establecido ese límite.
Límite que no opera, evidentemente,
porque no puede por esa técnica legislativa.
En el caso del Estado y de las comunidades autónomas
se publicará el número de este tipo de personal
y sus condiciones retributivas.
El nombramiento es libre porque no es mérito y capacidad.
Insisto, es confianza.
El cese también es libre,
puede cesar en cualquier momento.
Ojo, no estamos hablando.
Esto es importante porque a veces no estamos hablando aquí de libre
designación de funcionarios públicos,
eso es otro, es otra problemática.
Ya dentro de la función pública, ya entre funcionarios,
puestos concretos de funcionarios que pueden ser cubiertos
por libre designación, aunque la ratio última responde
prácticamente al mismo criterio de la confianza.
En el caso de la libre designación es provisión
de puestos entre funcionarios.
Aquí estamos hablando de personas
que son nombradas para prestar
un servicio a órganos de gobierno de la administración
que se les nombra libremente y se les cesa libremente.
Y en cualquier caso, dice la ley, cuando cesa el cargo que los nombró.
Evidentemente, lo que para que esto no sea
un falseamiento de los principios de mérito capacidad.
La condición de personal eventual no puede constituir
mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna.
No se pueden alegar ni en los procesos selectivos,
ni en los procesos de provisión de puestos como mérito.
El desempeño como personal eventual durante un tiempo determinado
en una administración o al servicio de un órgano de gobierno.
Bien.
Y su régimen jurídico dice en cuanto le sea aplicable.
Ese era el de los funcionarios de carrera.
Volvemos otra vez a lo de los funcionarios interinos.
Hay muchos aspectos del régimen funcionarial
que evidentemente no se les puede reconocer.
Y por último, las funciones directivas.
Decíamos que el personal directivo, que según
el comité de expertos que preparó
teórico doctrinal y conceptualmente el Estatuto Básico del Empleado
Público, una de las grandes apuestas
era nombrar un personal directivo como una nueva
clase de empleado público, considerando que era necesario
profesionalizar esa función directiva a través de una clase determinada
de empleado público, con un régimen jurídico determinado, etc
que modernizar, que impulsara, que liderara, que gestionara dentro
de las administraciones públicas los puestos desde puestos directivos.
Bien, eso desapareció la consideración
de clase de empleado público
en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Y bueno, quedó ahí un artículo un tanto extraño
porque habla de personal directivo profesional,
pero que en última instancia, lo que viene a significar que
es que las funciones directivas
es lo que ha quedado, es una especie de llamada de atención
a las administraciones públicas
para que presten atención a las funciones directivas
dentro de las Administraciones públicas, para que las provean
por personal, laboral o funcionario, según opten,
pero que de alguna manera lo tienen que hacer
atendiendo a criterios de profesionalidad.
Gente que tenga unas determinadas capacidades
de liderazgo, directivas, etcétera
Lo que pasa es que esto que ha quedado
sin el Estatuto básico del empleado público, ha quedado muy devaluado,
porque no es una clase de personal y sobre todo
no es esta.
Esta regulación no es obligatoria.
Las administraciones públicas podrán seguir como hasta ahora,
las funciones directivas más o menos claras,
que tampoco es la primera cuestión que habría que plantearse
que cuáles son las funciones directivas
y que puestos tienen funciones directivas.
Hay algunos puestos que es fácil de limitarlo,
pero hay otros puestos que no, pues
la cuestión es que la ocupación, la provisión de esos puestos,
se haga
con unos criterios más profesionales.
Si una administración quiere
tener personas capaces, personas que
que tengan capacidad de organizar, de liderar, de gestionar
y eso es un poco lo que ha quedado
en el Estatuto Básico del Empleado Público,
unas previsiones amplias sobre que se hable
de mérito y capacidad, idoneidad, etcétera Pero bueno,
es una, insisto, no es una clase de personal
derivada directamente del Estatuto básico del Empleado público.
La figura se podría reconocer en las leyes de desarrollo,
pero en la práctica lo que está ocurriendo es
una cierta regulación que ya de por sí es importante
sobre cómo se van a cubrir puestos
que implican funciones directivas.