Hoy vamos a tratar
una serie de mecanismos de provisión de puestos de trabajo
que se añaden al ya estudiado del concurso.
En el fondo se trata de la libre
designación y de otras formas de provisión.
Los contenidos en concreto serían la libre designación,
formas temporales de provisión que cada vez
tienen más importancia en la función pública,
como la inscripción provisional y la Comisión de Servicios, así como
mecanismos de movilidad funcionarial
como pueden ser
la movilidad forzosa, el traslado forzoso de funcionarios,
la reasignación de efectivos, la movilidad
por cambio de adscripción de los puestos de trabajo, así
como la movilidad por razón de salud o de rehabilitación.
Y, por último,
la movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género.
Como digo, son formas de provisión
que se añaden al mecanismo ordinario
de provisión de puestos de trabajo, que es el concurso.
Todos estos mecanismos son excepcionales.
Si bien la libre designación,
el Estatuto Básico del Empleado público lo considera también
un mecanismo
ordinario junto con el concurso, aunque la libre designación
no deja de ser una excepción al concurso.
Bien libre designación.
La libre designación es definida en el Estatuto Básico del Empleado
Público como libre designación con convocatoria pública.
Y lo.
Define de la siguiente manera El Estatuto Básico del Empleado
Público consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente
de la idoneidad de los candidatos en relación
con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
Glosando un poco este concepto, este concepto
nos encontraríamos con que hace referencia a puestos
de especial responsabilidad y confianza, así
puestos que deben ser de alguna manera
delimitados en las leyes de
desarrollo de la función pública para cada administración,
que posteriormente serán concretados por cada administración
en sus relaciones de puestos de trabajo.
El Estatuto habla de que en
la administración puede contar con la intervención de especialistas
para apreciar discrecionalmente esa idoneidad
y finalmente menciona el cese discrecional de las personas.
Así nombradas.
Bien, como digo, la libre designación ha adquirido una gran importancia
hoy en día en el seno de las Administraciones públicas.
Porque, evidentemente, la Administración
cuenta con mayor discrecionalidad que en el concurso
para nombrar a una persona, a un funcionario,
mejor dicho, a la hora de proveer un puesto de trabajo.
Hay que tener en cuenta, de entrada, que con la libre designación
estamos hablando de provisión entre funcionarios.
No se trata de nombrar a una persona que no es funcionaria.
En ese caso, de alguna manera estaríamos
en los supuestos de persona eventual.
Pero aquí estamos, insisto, ya dentro de la función pública,
cómo se provee un puesto, un mecanismo de provisión de puestos
entre funcionarios?
El sistema ordinario, como digo, es el concurso, ya lo hemos estudiado
y excepcionalmente la normativa
permite que para determinados puestos, en lugar. De.
Seleccionar a un funcionario por concurso, se le
seleccione.
Veremos qué significa
esa selección, se le seleccione mediante libre designación.
Si bien los motivos en este caso, como dice el concepto que hace el
Estatuto Básico, es una apreciación discrecional de la idoneidad.
Bien.
Vamos a analizar como digo esto, este esta forma de provisión,
porque en los últimos años efectivamente
se ha producido una extensión cuantitativa,
es decir, del número de puestos y de personas nombradas mediante
libre designación, así como también una ampliación
cualitativa en los puestos. Que.
Son identificados como susceptibles
de proveerse mediante esta técnica de provisión.
Bien.
La libre designación hay que partir, en primer lugar, de la base de
que ha sido declarada constitucional
por nuestro Tribunal Constitucional.
Se menciona en concreto la sentencia
del Tribunal Constitucional 235 2000, que además
probablemente se pronuncian en uno de los supuestos
más claros de personal
al que habría que reconocerle una independencia funcional
y que se planteó
que podía ser incompatible.
El. Hecho de basar el nombramiento en la confianza
que ostenta el órgano que se nombra en el funcionario,
pues se consideraba que
era el caso de los funcionarios con habilitación de carácter
nacional, secretarios e interventores de administración local
que deben ostentar evidentemente una independencia funcional,
porque van a controlar a esas, a esas autoridades locales
en el ejercicio de sus funciones.
Y se planteó ante el Tribunal Constitucional
si el hecho de basar el nombramiento
en la confianza, que es el motivo fundamental
que subyace en esa apreciación discrecional
de la Administra ción, de la actitud y de los méritos del
del candidato, del funcionario, si no era incompatible
la libre designación con estos funcionarios.
En última instancia, y apurando el razonamiento, evidentemente
podría extenderse a cualquier funcionario,
porque de todo funcionario, evidentemente hay. Que.
Predicar su independencia y su imparcialidad a la hora de
en el ejercicio de sus funciones.
Pero bueno, esto era un caso.
Muy. Muy significativo y el Tribunal Constitucional,
el Tribunal Constitucional, consideró, en cambio,
que la libre designación era constitucional, que no era contraria.
Al. Ejercicio imparcial. E.
Independiente de la función de estos funcionarios
con habilitación de carácter nacional.
Por entonces y hoy en día también se les vuelve a denominar así
porque dijo el Tribunal Constitucional en una argumentación
un tanto sofisticada
y un tanto artificial también, y que ha sido sumamente criticada,
que es la discrecionalidad inherente a la libre designación.
No suponía arbitrariedad en tanto en cuanto la confianza.
Del. Órgano administrativo que nombra al funcionario.
No lo es por motivos personales,
sino que se basa en las aptitudes profesional que evidentemente
se fundamentan en los méritos del funcionario en cuestión.
Bien, como se puede apreciar, no deja de ser una argumentación
forzada, porque, en última instancia,
efectivamente, la administración
se basa en la confianza que tiene en el funcionario,
digamos, las aptitudes profesionales del mismo
para designarlo, para nombrarlo, para ese puesto de trabajo en cuestión.
Bien, por tanto, con carácter general, podemos decir
que la libre designación presenta una serie de características
que han sido definidas por la jurisprudencia
de la siguiente manera.
En primer lugar.
Que la libre designación
supone el ejercicio de una potestad discrecional.
Si bien presenta una serie de elementos reglados
que la administración tiene que respetar.
En segundo lugar.
Que tiene carácter excepcional.
Ya lo decíamos al principio la libre designación
es una excepción al concurso.
El mecanismo ordinario de provisión de puestos de trabajo
en la función pública es el concurso.
También se prevé excepcionalmente
la libre designación.
La libre designación no se puede utilizar por la Administración
para cualquier puesto de trabajo en la función pública
única y exclusivamente para determinados puestos de trabajo
en los que así se prevea explícitamente
en la relación de puestos de trabajo que el mecanismo de provisión
va a ser precisamente la libre designación.
Evidentemente.
Y ahora lo estudiaremos.
El problema será, en primer lugar, delimitar e identificar
qué puestos de trabajo en la función pública en la administración
pueden ser provistos mediante libre designación.
Como digo, debe ser la relación de puestos de trabajo
la que en última instancia concrete
qué puestos de trabajo en cuestión.
Y. De manera singular
deben ser provistos mediante libre designación.
Si bien es cierto que aquí empezamos a ver
esas contradicciones en tanto en cuanto a la relación
de puestos de trabajo, ya no debe incluir las funciones.
No es un contenido esencial.
Según el Estatuto básico,
las leyes de función pública que desarrollan el mismo
pueden especificar que sea
una exigencia para esa administración concreta.
Pero en la medida.
En la medida en que el contenido funcional de los puestos
no se incluye en la relación
de puestos de trabajo dificulta el control de sí.
De las funciones del puesto de trabajo se deriva
necesariamente o se puede justificar, mejor dicho,
que el mecanismo de provisión sea la libre designación.
Importante, en tanto en cuanto la libre
designación es una excepción a la regla general del concurso,
necesita motivación.
Es decir, la administración tiene que justificar caso por caso.
Y aquí la jurisprudencia ha sido muy incisiva
a la hora de controlar el ejercicio, la potestad de la administración
para reservar puestos de trabajo a provisión mediante libre designación.
Como digo, la jurisprudencia ha sido muy exigente a la hora de controlar,
siquiera desde un punto de vista formal,
que ha habido una motivación suficiente.
Ha habido ocasiones en que la Administración no ha motivado
directamente. La.
Sujeción de un puesto de trabajo a la libre designación y directamente
la jurisprudencia ha anulado esa reserva a la libre designación.
Cuestión diferente será luego, ya.
Que. La suficiencia de la motivación y las causas concretas que se.
Incluyen. En esa motivación.
Por último.
Mejor dicho.
Vamos a analizar precisamente
los tres
grandes problemas que presenta la libre designación.
Y. Que deben ser estudiados.
En primer lugar, la delimitación de los puestos
que pueden ser cubiertos mediante el libro de designación.
Posteriormente el nombramiento, los nombramientos,
la problemática de los nombramientos por libre designación
y, en último lugar, el cese de los funcionarios
que han sido nombrados mediante libre designación.
En primer lugar, qué puestos puede la Administración
reservar a la libre designación a efectos de provisión?
Como digo, no todo puesto
debe especificarlo de manera explícita o
no de manera implícita, con carácter
general y sin necesidad de preverse.
Aunque también la forma de provisión es uno de los elementos
que deben incluirse en la relación de puestos de trabajo.
Como digo, con carácter específico y explícito,
la administración tiene que identificar
los puestos de trabajo que en cada caso
pueden ser cubiertos mediante libre designación
y cuáles son los criterios
que debe respetar la administración a la hora de concretar
los puestos de trabajo que pueden ser cubiertos mediante
libre designación.
Bien, el Estatuto Básico del Empleado
Público habla con carácter general de que se tratará de puestos
de especial responsabilidad y confianza.
Dos conceptos jurídicos indeterminados
que deberán ser evidentemente concretados.
La legislación básica anterior al Estatuto Básico del Empleado
Público hablaba de una manera más amplia todavía.
De que la.
Identificación de los puestos atendería
a la naturaleza de las funciones que luego concretaba.
La propia ley 30 84.
En el marco de la Administración General del Estado.
Como ahora veremos.
Pero no con carácter básico, ahora con carácter básico.
Y por tanto todas las
administraciones deben tener en cuenta esos dos criterios
de la especial responsabilidad y la confianza.
Bien, como digo, en el ámbito de la administración General del Estado
sigue vigente evidentemente
la regulación de la Ley 30 Berro 84.
Ley de Medidas de Reforma de la función Pública,
que no tiene carácter básico en estos aspectos,
pero que durante mucho tiempo y todavía hoy día, la jurisprudencia
utiliza los criterios
que ha escogido la Administración General del Estado
a través de su normativa propia, de su legislación para
restringir.
O delimitar.
El ejercicio de la potestad discrecional de la administración
a la hora de delimitar e identificar los puestos de trabajo
que pueden ser cubiertos mediante libre designación.
En primer lugar, para la Administración
General del Estado, su normativa establece unos criterios generales.
Qué criterios generales son estos?
Como digo.
En primer lugar, puestos de carácter directivo.
Luego habrá que concretar el carácter directivo del puesto.
Por supuesto.
Y también puestos de especial responsabilidad.
Y además
de estos criterios generales hacia una concreción
no singular, evidentemente, porque eso solamente lo pueden hacer
las relaciones de puestos de trabajo,
sino una concreción de puestos tipo que podían y consideraba.
La ley de. Función Pública de la Administración General del Estado.
Y sigue considerando hoy día
que pueden ser cubiertos mediante libre designación.
Y hablaba en particular de los puestos de Subdirector
general, secretarías de altos cargos, etcétera.
Bien.
Evidentemente hay que tener
en cuenta
que este tipo de previsiones generales que se realizan
en leyes o en normativa, pero incluso en leyes,
caso como vemos.
Aquí de la Ley. De Función
Pública de la Administración General del Estado, la Ley 30 84.
Pero en.
Las escasas. Leyes.
Que han desarrollado el Estatuto Básico del Empleado Público
o incluso la legislación de función pública dictada
al amparo de la legislación anterior, al mismo, sí que procedían
a delimitar una serie de puestos con carácter general que consideraban
que podían ser cubiertos mediante libre designación.
Era bastante común realizar eso en leyes
o incluso en reglamentos,
jefes de sección, etc,
puesto que con carácter general consideraba la administración
que todos esos puestos con carácter general
debían o podían ser cubiertos mediante libre designación.
Pues bien, ese tipo de previsiones generales en normas, leyes,
la jurisprudencia ha considerado que eso
no eximía a la administración de probar que en todos
y cada uno de los puestos en cuestión
concurrían las circunstancias
de especial responsabilidad y
confianza o carácter directivo, según el caso, para que efectivamente
el puesto se protegiese mediante libre designación.
Y aunque la ley considerase con carácter general que un
determinado puesto debía ser cubierto mediante libre designación,
la jurisprudencia exigía que el puesto concreto
singular derivado de la relación de puestos de trabajo,
justificase efectivamente. Que.
Su provisión podía ser mediante libre designación, porque
concurrían las circunstancias que amparan esta técnica de provisión
y nos hemos encontrado con sentencias que han anulado
relaciones de puestos de trabajo
en esos aspectos específicos
para de provisión mediante libre designación.
Porque no concurrían las circunstancias que fuesen
en cada administración el carácter directivo,
la especial responsabilidad, porque la Administración no había motivado
que en ese puesto concreto concurrían esas circunstancias
de especial responsabilidad, carácter directivo, confianza, etc.
Como digo, la normativa general o la previsión de un puesto tipo
en una normativa general no exime a la Administración
no sólo de concretar en cada puesto de trabajo,
en cada relación de puestos de trabajo,
que la provisión deberá ser mediante libre designación, sino como digo,
motivar puesto por puesto la especial responsabilidad
y confianza que concurre en ese puesto concreto.
Bien.
Junto con la
identificación de los puestos, importa también
y de una manera muy especial, la problemática del nombramiento
de los funcionarios mediante libre designación.
Bien, como decimos
ya advertíamos, la libre designación
es una potestad discrecional de la Administración.
El Estatuto hablaba de la apreciación discrecional
de las aptitudes del candidato o del funcionario,
siempre la provisión de puestos entre funcionarios.
Como digo, el nombramiento es discrecional, basado en la confianza
que ostenta la administración, el órgano competente para nombrar
a una persona o a un funcionario en un determinado puesto.
La confianza, dice la jurisprudencia, y hoy día también
la normativa de confianza en los méritos del funcionario.
Bien, esto evidentemente es complejo de controlar.
Hasta qué punto esa confianza en los méritos es,
por supuesto, evidentemente, una operación subjetiva.
La confianza sólo la puede tener
la administración que nombra, el órgano que nombra,
el titular del órgano que nombra
y y desde la perspectiva de los principios
de mérito y capacidad que informan toda la función pública.
También en la provisión de puestos de trabajo.
Pues no deja de ser compleja la contestación
de la confianza discrecional del órgano que nombra
con el principio de mérito y capacidad.
Ello no evidentemente
evitaba que la administración debiera motivar el nombramiento.
Lo que ocurre es que de una manera formalista,
la Administración consideraba que al
ser una potestad discrecional, la motivación debía
simplemente limitarse o podía simplemente limitarse a que concurría
la circunstancia de que el órgano competente
nombraba a una persona sobre la base de la confianza.
Y esa confianza evitaba precisar o ahorraba a la administración
precisar los motivos concretos por los cuales nombraba a una,
a un funcionario.
Y la jurisprudencia inicialmente, efectivamente era muy deferente
hacia la administración, porque decía como son nombramientos de libre
designación basados en la confianza,
constituye el ejercicio de una potestad discrecional
que los tribunales no pueden controlar
salvo en los aspectos reglados. Es decir que
el funcionario reunía los requisitos objetivos del puesto
y que era nombrado por el órgano competente.
Bien.
Esa motivación que digo que inicialmente se limitaba
a la concurrencia a los elementos reglados, ha sido superada
recientemente por la jurisprudencia.
Porque, como digo, con la libre designación
ha habido un uso y abuso por parte de la Administración,
que ha extendido no sólo los puestos, sino los nombramientos. De.
Libre designación
en sus administraciones públicas y la jurisprudencia.
Ha. Procedido en los últimos años
a controlar, evidentemente a golpe de sentencia,
hoy ha ido controlando no sólo la extensión. En.
Los organigramas de los puestos de nombramiento
por libre designación, sino también controlando los nombramientos.
Y, por ejemplo, hay una serie de sentencias
que se inician en una sentencia del 30 de septiembre de 2009.
Son nombramientos en el ámbito de la Administración de Justicia,
pero que posteriormente el Tribunal Supremo extiende.
A. La Administración general.
Por ejemplo, una sentencia de 3 de diciembre de 2012
en las que viene a decir que la Administración tiene que motivar,
tiene que motivar los nombramientos,
incluyendo en esa motivación dos elementos.
En primer lugar,
cuáles son los criterios generales de interés general.
Que ha elegido.
Como prioritarios para decidir el nombramiento.
Es decir, ya empezamos a poner unos unos criterios de nombramiento
y conforme a esos criterios deberá posteriormente
señalar las cualidades o condiciones personales y profesionales
que han sido consideradas en el funcionario nombrado,
para apreciar que aquellos criterios que concurren en él
en mayor medida que en el resto de los solicitantes,
vemos que ya no se trata de un ejercicio libre
por parte de la Administración, sino que la jurídica prudencia
va a exigir
que a la hora de motivar los nombramientos de libre
designación, la Administración
debe primero decidir qué criterios va a utilizar en el nombramiento.
Y en segundo lugar, señalar punto por punto
los méritos o cualidades del funcionario
que concurren en él respecto
a los criterios generales previamente establecidos que concurren en él
y que concurren en mayor medida
que en el resto de candidatos.
Como vemos, es una especie de
acercamiento al concurso,
con lo cual la jurisprudencia
se encuentra que es la única manera que tiene
de controlar los nombramientos de libre designación.
Insisto, partiendo de la base que.
Que como principio de que ciertamente es constitucional, aunque siempre
con unas ciertas, no diría sospechas,
pero sí una cierta complejidad. De.
Cohonestar la libre designación
con los principios de mérito y capacidad.
Pues aunque.
La jurisprudencia,
la normativa en particular del Tribunal, constituye,
ha admitido que puede ser un mecanismo, una técnica de provisión
que no es contraria a la Constitución,
pero que no deja de ser una excepción.
Y a pesar de eso, y partiendo además, como digo, de un abuso
que las administraciones han hecho de esta técnica de provisión,
pues la jurisprudencia ha ido controlando
el ejercicio de esta técnica de provisión no solo en la extensión
de los puestos señalados, sino también en los nombramientos.
Lo observamos en esta jurisprudencia, que es muy importante
para intentar evitar por parte de los tribunales.
Que. Los nombramientos por libre designación
de la discrecionalidad
pasen a la absoluta arbitrariedad y, sobre todo y sobre todo,
intentar conciliar esta técnica
de la libre designación con los principios de mérito y capacidad.
Aunque. Se corre el riesgo. De que.
A través de estos, de estas interpretaciones,
de estos elementos que exige la jurisprudencia en la motivación.
Pues se vaya acercando de una manera informal
la libre designación al concurso, con lo cual ya nos encontraríamos.
Con. Un espacio confuso de técnicas de provisión.
Bien, junto con el nombramiento, el envés del nombramiento sería el cese.
Cómo se puede cesar a una persona nombrada mediante libre designación?
Pues la jurisprudencia también lo dice.
El Estatuto Básico del Empleado Público señala
que la libre designación, el cese de los funcionarios nombrados
mediante libre designación será discrecional.
Claro, discrecional.
Si discrecional era también
el nombramiento y la jurisprudencia ha ido progresivamente controlando
y exigiendo una motivación determinada en los nombramientos.
Va a ser lo mismo, Va a ser lo mismo.
En. El caso del cese,
que no
bastará con que sea se alegue por parte
de la administración o del órgano competente la falta de confianza.
Ya no tengo confianza en las actitudes profesionales
de esta persona que en su día sí tuve, hoy no las tengo y es eso bien.
La jurisprudencia ha ido introduciendo elementos de
motivación necesarios que superan los meramente reglados, que dice,
por ejemplo, en el ámbito de la Administración
General del Estado, que dice que el cese se limitará a la
concurrencia de elementos reglados y en concreto
a la competencia del órgano para decidir el cese.
Como digo, los tribunales han ido progresivamente ampliando el control
a los motivos del cese, sobre todo para ver si eran espurios.
Bien, vamos
ahora a analizar una serie de técnicas
complementarias a de provisión de puestos de trabajo.
Como hemos dicho, el Estatuto Básico del Empleado
Público considera con carácter general
que los mecanismos ordinarios son el concurso y la libre.
Y la libre designación.
El mecanismo general
más ordinario, si se me permite la expresión, sería el concurso.
Excepcionalmente, la libre designación
no se limitan al concurso y libre designación
las posibilidades de provisión de puestos de trabajo
entre funcionarios dentro de la función pública
nos vamos a encontrar con una serie de mecanismos que permiten
también de una manera excepcional o extraordinaria, según
las circunstancias concretas, la provisión de puestos de trabajo.
En primer lugar, hay que hacer referencia a una técnica
que se arrastra desde hace en la técnica tradicional,
pero que se arrastra en la función pública.
Cual es la permuta?
La permuta
entre funcionarios
supone una provisión de puestos de carácter definitivo.
No suele. Está regulada en las leyes de función pública.
Si bien el Estatuto Básico del Empleado
Público hace una mención nominal a la misma cuando habla
de otras formas de provisión y entre ellas
cita de pasada la permuta.
Pero no incluye ningún régimen jurídico al mismo.
Por tanto.
Las leyes de función pública que desarrollan el estatuto básico
del empleado público para cada administración
pueden incluir la permuta, así como otras formas de provisión
entre los mecanismos de provisión de puestos de trabajo.
Bien.
En el caso de la Administración General del Estado, la Ley 30 por 84
no incluía la permuta.
También la Ley 30 y 84 no era un estatuto exhaustivo y completo.
Eran. Eran medidas de reforma
urgentes.
Hablaba en su momento de la función pública
de la Administración General del Estado respecto a la Ley
de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, que seguía vigente
en muchos aspectos.
Bien el artículo 63 de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de 1964 sí que recogía la regulación
de la permuta
y de hecho,
en otra serie de legislación sectorial
también la recoge este mecanismo de provisión.
Ciertamente es un mecanismo residual.
Y de hecho, algunos tribunales, cuando se ha planteado
algún conflicto relativo a la permuta de funcionarios,
se han planteado si en realidad es un mecanismo constitucional, no tanto.
Por ejemplo, en el caso de la Administración
General del Estado por su constitucionalidad
como por ser radicalmente ajena a los principios de igualdad
y de mérito y capacidad.
Téngase en cuenta que la pregunta es uno varios funcionarios que permitan
sus puestos de trabajo.
Hoy no hay
concurrencia competitiva, no se tienen en cuenta
mérito y capacidad, aunque evidentemente
de una manera implícita sí que están presentes en tanto
en cuanto se deben reunir los requisitos de provisión del puesto.
Pero bueno, se trata, como digo, de una técnica residual,
pero que es necesario hacer mención a ella,
no solo porque lo menciona el Estatuto básico del Empleado
público, sino porque en legislación sectorial también se tiene en cuenta,
e incluso ya alguna ley de las pocas que han desarrollado
el Estatuto Básico del Empleado Público.
También menciona la permuta.
Lo que es cierto
es que, por ejemplo, de una manera probablemente bastante abusiva,
la remite remite su régimen jurídico
por completo al Reglamento.
Bien, existen además una serie de formas temporales de provisión
que responden a necesidades
de la administración o a la necesidad de articular
las que hicieron de un funcionario un puesto, porque coyunturalmente,
temporalmente, se ha visto privado del mismo.
Estas formas temporales de provisión son para su puestos y finalidades
específicas las que se han provisionar
y la Comisión de Servicios que ahora veremos.
Y sobre todo hay que tener en cuenta que no es
discrecional para la administración recurrir a uno o a otra, sino que
tienen una finalidad específica y para unos supuestos concretos,
el Estatuto Básico del
Empleado Público reconoce con generalidad
esa necesidad que puede tener la Administración,
como cualquier organización, de proveer temporalmente un puesto.
Y hay que tener en cuenta la regla general, que ya sabemos que
estas formas temporales de provisión no permiten al funcionario
consolidar el grado a
no ser que lo ocupe finalmente con carácter definitivo.
En primer lugar.
Que provisional es una técnica importante de provisión
porque permite que un funcionario sea adscrito a un puesto
cuando por determinadas circunstancias normalmente ajenas al
mismo, se ha visto privado del puesto de trabajo al que estaba escrito.
Bien, en última instancia, lo que hace es articular
esa permanencia de la relación de servicio del funcionario.
Que lo.
Es y lo sigue siendo,
con independencia de que ocupe o no un puesto de trabajo.
Lo normal es que un funcionario esté ocupando un puesto de trabajo,
pero si por unas circunstan cias que ahora veremos
no lo está ocupando, eso no le priva ni de su condición funcionarial
y sobre todo, genera enlace ministración la obligación
de escribirle a un puesto.
En el caso de la Administración General del Estado,
los supuestos de adscripción provisional son cuando un funcionario
es removido de un puesto que había obtenido
por concurso
por las causas de remoción de puestos de trabajo de los funcionarios
que lo han obtenido por concurso que ya conocemos.
En ese caso, la Administración lo tiene que destinar
a un puesto de trabajo que se corresponda a su cuerpo
y o escala, que esté en el mismo municipio y
que no sea inferior en más de dos niveles al de su grado personal.
Estas garantías también
se aplican en el caso del cese en puesto de trabajo ocupado
por libre designación.
También ocurre
como causa originada por la propia administración.
Cuando el puesto es suprimido, desaparece el puesto.
El funcionario debe ser adscrito por la Administración
provisionalmente a otro puesto.
En cambio, se puede dar el caso de funcionarios
que han dejado el servicio activo
y se encuentran en otra situación administrativa, por ejemplo,
una excedencia voluntaria por interés particular.
Situaciones administrativas en las que no hay reserva de puesto.
En ese caso, cuando el funcionario quiere volver al servicio activo,
solicita el reingreso y la forma de llevar a cabo ese reingreso.
Cuando no hay derecho a la reserva del puesto
es a escribirlo provisionalmente a un puesto.
Y en cualquier caso, hay que tener en cuenta que los funcionarios
que se encuentran adscritos provisionalmente a un puesto
no pueden ser cesados
libremente en cualquier momento a capricho de la administración,
solamente por las causas regladas o por unas causas objetivas
que se vuelva a suprimir el puesto, etcétera.
La Comisión de Servicios responde a una
finalidad diferente y son necesidades de organización.
La administración se encuentra con que hay una urgente e inaplazable
necesidad de atender un puesto, de proveer un puesto
o incluso unas funciones, como veremos.
En ese caso, la Administración puede decidir que se provea mediante
una comisión de servicios.
Bien, en este caso el funcionario debe reunir los requisitos del puesto,
se le reserva el puesto
originario desde el que había ocupado la Comisión de Servicios.
Se le reserva el puesto originario,
aunque al ocupar el puesto que desempeña en comisión
de servicios, son las retribuciones de dicho puesto las que.
Va a percibir la.
Temporalidad.
En principio con carácter general,
aunque dependerá de los supuestos concretos.
La temporalidad es de un año prorrogable por otro
y el puesto en comisión de servicio en principio
debe ser cubierto en la siguiente convocatoria de concurso.
Aunque la potestad de organización de la administración
le permite configurar las plazas que se incluyan en los concursos.
Como sabemos, con una gran G.
Con una gran amplitud,
lo que lleva a que haya comisiones de servicios
como adscripciones temporales en el caso anterior,
que se prolonguen en el tiempo de una manera muy grande.
Lo que sí que hay que tener en cuenta es que no hay
no existe un derecho a permanecer en comisión de servicio
por parte del funcionario que lo está ocupando
temporalmente.
Lo que sí que está claro es que supone la Comisión de Servicios. Que.
Que pueda ser
terminada libremente por la Administración.
Principio las causas de finalización de la Comisión de Servicio
son objetivas transcurso del tiempo acordado en la Comisión
que impide el libre cese,
como decimos, la desaparición de la necesidad urgente, inaplazable
Aquí sí que hay más amplitud para la Administración, para decidir.
Se acabó tu comisión de servicio, porque ya la necesidad de proveerlo
mediante esta técnica ya no es urgente.
Y por último, evidentemente,
la provisión ordinaria del puesto o la supresión del puesto.
Bien, qué modalidades de comisión
de servicio existen en el caso de la Administración General del Estado?
Su normativa prevé, en primer lugar, la Comisión de Servicios Voluntaria
funcionario que se presenta
para cubrir en comisión de servicios el puesto
mayor garantía
existe en el caso de una Comisión de servicios forzosa,
una especie de traslado que no es lo mismo, como luego veremos.
Comisión de Servicios Forzosa porque es una comisión temporal.
Aquí no hay un traslado definitivo del funcionario.
Se trata de plazas que no han sido cubiertas por concurso.
Y que funcionario puede ser destinado
en comisión de servicio con carácter forzoso, que preste
servicios en el mismo departamento del puesto que debe ser cubierto.
Que preste servicios en el municipio más próximo,
que tenga mejores
facilidades de desplazamiento, que tenga menos cargas familiares
y a igualdad de condiciones, el de menor antigüedad.
La Administración tampoco es libre
de destinar en comisión de servicios forzosa a cualquier funcionario.
Lo debe elegir con estos criterios según la normativa.
También existe la posibilidad de. Que.
Realice misiones de cooperación internacional
por menos de seis meses.
Y luego una última modalidad, que es la atribución temporal de funciones.
Aquí en realidad es una modalidad impropia porque no se ocupan puestos,
sino que se van a ejercer unas funciones determinadas,
funciones que tengan, por ejemplo, que sean especiales,
que las funciones especiales
que sólo puedan ser cubiertas por un funcionario determinado.
Y se le atribuyen esas funciones en comisión de servicio
o que sean tareas asignadas a puestos cuyos titulares
no pueden desempeñar las coyunturalmente
porque hay un pico de trabajo. Por ejemplo.
En estos casos no se le retribuye con el puesto de las funciones,
sino con el puesto que en realidad está ocupando el funcionario
con carácter ordinario, porque no deja de ocuparlo.
Esta es una modalidad impropia
que, por ejemplo,
en el caso de Fuerzas y Cuerpos de seguridad, cuando tienen que.
Apoyar. A
una un evento determinado,
se le atribuyen unas funciones determinadas y se les destina a
temporalmente con esas funciones, no con el puesto
a ocupar otro puesto.
Por último, dentro de la provisión de los mecanismos
de provisión de puestos de trabajo,
nos vamos a encontrar con unos mecanismos
que articulan una cierta movilidad
de los funcionarios y también de los puestos.
Y en última instancia, también, evidentemente,
si se mueven los puestos, si hay un juego por parte de la
administración de los puestos, también de los funcionarios.
Son mecanismos de provisión, como digo, que articulan la potestad
de otra organización.
Por ejemplo, el cambio de destino de funcionarios, los traslados,
el cambio de los puestos, lo que se trasladan son los puestos
y arrastra el funcionario o que se modifican las estructuras,
las plantillas, la estructura organizativa
de un ministerio o de una consejería, de una concejalía.
Bueno, y eso también afecta a los funcionarios
que ocupan los puestos en cuestión.
También la movilidad funcionarial
puede articular derechos o intereses o bienes de los funcionarios.
Por ejemplo, se reconoce la movilidad por salud o rehabilitación,
o en el caso de, la funcionaria víctima de violencia de género,
movilidad forzosa de los funcionarios,
los célebres traslados, traslados forzosos de funcionarios
que el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce.
Esa posibilidad de traslado debe ser motivada por la Administración
fundamentada en las necesidades del servicio
o necesidades funcionales
y habla
el estatuto que debe respetarse, las retribuciones del funcionario
y con carácter un tanto abstracto, las condiciones esenciales
del trabajo.
Y dice que si es preciso implicará
la modificación de la descripción de los puestos.
Esta es otra modalidad.
Pero bueno, traslado forzoso sí implica cambio de residencia, dice.
Se aplicará con carácter voluntario, con carácter prioritario, la
voluntad del funcionario.
Bien.
En el caso de la administración General del Estado, a esta modalidad
se la denomina redistribución de efectivos
y se aplica a puestos no singularizado, es decir,
aquellos puestos que no se distinguen
de otros por sus características y sus contenidos.
Y supone que.
Que la administración puede trasladar a un funcionario
con carácter forzoso a otro puesto de la misma naturaleza, con idéntico
complemento de destino y con idéntico complemento específico.
Es decir.
Aquí hay unas garantías objetivas importantes para el funcionario
que ya sufre, como digo, ese traslado forzoso de puesto de trabajo.
Tengamos en cuenta que es. Un.
Es una provisión definitiva del puesto de trabajo, no es una
provisión temporal del puesto, es una provisión definitiva.
El funcionario que es trasladado
a otro puesto mediante una redistribución de efectivos
diferente es el supuesto de reasignación de efectivos.
En el caso de la administración General del Estado.
Porque todas estos mecanismos
extraordinarios de provisión de puestos de trabajo temporal
o excepcional con que articula movilidad funcionarial
son más singulares de cada administración.
Aquí el Estatuto básico ha dado mucho margen a las administraciones
para regular estos mecanismos
en el caso de la Administración
General del Estado, la reasignación de efectivos
se lleva a cabo
cuando se producen modificaciones de las estructuras organizativas.
En este caso, lo que hacen la administración,
por ejemplo, es suprimir o crear puestos de trabajo.
Y claro, eso supone que en unos lugares
se producen excedentes de funcionarios
porque se han suprimido los puestos y en otros
hay unas necesidades de personal porque se han creado puestos.
En este caso
hay una reasignación de personal, reasignación de funcionarios
y es un proceso organizativo que en el caso de la Administración
General del Estado se articula a través de planes de empleo
que no han sido muy aplicados porque es muy complejo y farragoso.
Y por ejemplo, la Administración General del Estado
supone la reasignación de los funcionarios afectados
con un procedi miento que se articula en tres fases
en una fase de reasignación ministerial.
Los seis meses desde que se suprima del puesto
el funcionario puede ser reasignado dentro del propio Ministerio
a otro puesto, siempre que esté
en el mismo municipio, y en ese caso será obligatorio
si es fuera del municipio no es obligatorio y los puestos
al que puede ser reasignado el funcionario
debe tener similares características, funciones o retribuciones.
Luego vendría una fase de reasignación,
ya toda la administración general del Estado.
Y entonces el funcionario, por decirlo de alguna manera,
está a expensas de lo que decida
el Ministerio de Administraciones Públicas
o el Ministerio que en cada caso asuma la competencia en
función pública.
Y una fase en la que el funcionario escrito
al Ministerio de Administraciones Públicas,
pero ya en una situación administrativa
diferente a la situación de expectativa de destino
que implica la reasignación obligatoria,
puestos en la misma adminis en la misma provincia.
Lo que en cambio.
Otra modalidad es el cambio por adscripción de puestos de trabajo.
Lo que mueve la administración son puestos de trabajo.
En el caso de la Administración General del Estado
se mueven los puestos y sus titulares.
Es el supuesto normal de adscripciones
orgánicas de reestructuraciones orgánicas.
Cuando toma posesión un nuevo gobierno y cambia
toda la estructura de ministerios, una Secretaría de Estado
pasa a depender de otro ministerio, etc
En estos casos, si se cambia el domicilio,
el funcionario tendría que prestar su consentimiento y evidentemente
debe estar motivada, y sobre todo cuando afecta a un funcionario,
debe especificarse
por qué se designa a ese puesto a efectos de reasignación
y porque ese funcionario es el afectado.
Por último, motivos dos motivos de movilidad
que son la salud o rehabilitación del funcionario que debe solicitarlo
el funcionario.
Y no solamente son motivos de salud del funcionario,
sino también de su cónyuge o de sus hijos a su cargo.
Evidentemente, si es por motivos de salud,
debe haber un informe previo del servicio médico oficial.
Y aquí, evidentemente, no es un derecho incondicional
del funcionario, sino que está condicionado
o supeditado a la existencia de vacante
con complemento de destino o específico, no
superior al del puesto de origen que ocupaba el funcionario
y, por supuesto, cumplir los requisitos de provisión
del puesto, titulación, etcétera
En estos casos también es una descripción
definitiva, es una provisión con carácter definitivo.
Por último, la normativa ha incluido recientemente,
tanto en el Estatuto Básico como en normativa anterior,
el derecho de la funcionaria víctima de violencia de género a movilidad.
Es un derecho de traslado de la funcionaria,
aunque se califique como traslado forzoso.
Bien, como digo, es de la mujer víctima de violencia de género,
no en el caso de los funcionarios,
siempre que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo
en la localidad donde venían prestando servicios
para garantizar o hacer efectiva su protección
o el derecho a la asistencia social integral.
Sí, para evitar esa situación de violencia que sufre
la funcionaria, es necesario, es necesario
o solamente se puede hacer mediante un cambio.
O una. Movilidad?
En ese caso sí que se puede recurrir a esta,
a este mecanismo de provisión.
Si no fuese necesario
ese ese derecho de traslado no se recurriría al mismo.
Bien.
El puesto de trabajo que ocuparía la funcionaria
sería propio de su cuerpo,
escala o categoría profesional de análogas características.
Y aquí como garantía y como para articular
y reforzar el derecho de la funcionaria,
no es necesario que sea vacante de necesaria cobertura.
Es decir, la Administración aquí ya no tiene tanta discrecionalidad
para decir ante una petición de una funcionaria
víctima de violencia de género.
No, no, no te puedo, no te puedo conceder el traslado
con este motivo porque no hay plaza que sea
necesaria cubrir, no hay vacante que sea necesaria cubrir.
Si hay vacante tendrá un derecho preferente para cubrirlo
y no queda a discreción de la administración.