Obligaciones de los funcionarios públicos
en relación con las obligaciones de los funcionarios públicos.
El Estatuto Básico del Empleado Público
habla en sus artículos 52 a 54.
En primer lugar. De una serie de deberes.
Un deber general de desempeño de las tareas que tiene
asignadas en su puesto de trabajo.
El funcionario y el respeto de legalidad.
Pero hay que tener en
cuenta que evidentemente, los deberes particulares no vienen.
Es imposible hacer un elenco de los deberes singulares
que cada funcionario o empleado público tiene que cumplir,
porque en gran medida van a depender de la organización
del servicio o de la organización administrativa en la que se inserta
el puesto de trabajo y el funcionario en cada momento.
Así que el Estatuto Básico del Empleado Público
habla de un código de conducta que nos remite a una cierta
ética profesional
de los funcionarios que estaría
integrado por unos principios éticos y principios de conducta
que enumera el propio Estatuto básico del empleado público
de una manera un tanto desordenada y heterogénea
y a veces incoherente, porque no se entiende
bien por qué unos principios son éticos y otros de conducta.
Pero en cualquier caso, todo ese conjunto, todo ese conjunto,
integran un código de conducta que hay que tener en cuenta,
que tiene una virtualidad y una eficacia jurídica
ambigua.
Porque si bien el Estatuto Básico del Empleado Público señala
que informará la aplicación del régimen de disciplina.
Este Código de conducta.
Los tribunales y la doctrina ha dudado mucho de cuál
sea efectivamente su naturaleza jurídica.
Es una moda importada
fundamentalmente de países anglosajones.
Por ejemplo, en Inglaterra es muy habitual
hablar de códigos de conducta o de códigos a la hora de
de regular los aspectos del Civil Service.
Pero hay que tener en cuenta que
son productos
normativos de la propia administración,
que hay algo el Seven Services, al no estar sometido a reserva de ley,
su regulación
hace que la propia administración, claro, pueda definir
derechos, obligaciones, incluso tipificar faltas a través
de estos códigos de conducta y por tanto
van a tener una virtualidad que aquí no pueden tener
y es van a ser una serie de principios de los cuales se pueden
deducir un atisbo de obligaciones concretas o más o menos generales,
cuyo incumplimiento, como digo,
va a determinar la aplicación del régimen disciplinario.
Fundamentalmente porque en el régimen disciplinario sí que
a través de la tipificación de las faltas que se hace
en el Estatuto Básico del Empleado Público
en su normativa de desarrollo, pues ahí sí que vamos a encontrar,
de una manera indirecta, sensu contrario,
obligaciones más concretas y específicas
que supone, cuyo incumplimiento
supone precisamente la tipificación de una falta.
Bien,
en primer lugar, el Estatuto básico del empleado público
habla de un deber
de respeto de la legalidad, y lo dice de una manera bastante ampulosa.
El funcionario deberá velar por los intereses generales
con sujeción y observancia de la Constitución
y del resto del ordenamiento jurídico.
Bien, esto está muy bien, es muy ampuloso,
pero supone, en última instancia, no tanto un compromiso personal,
digamos político, con las ideas políticas
o la filosofía política, o incluso la ideología
que subyace en un sistema estatal, autonómico, incluso local,
sino un respeto de la legalidad vigente.
Esto, evidentemente,
que el funcionario deba respetar la legalidad, el ordenamiento
jurídico, digamos la Constitución, por supuesto,
se concreta en el régimen disciplinario por una tipificación
de infracciones que tienen una consideración de
muy grave cuando causan perjuicio, un perjuicio grave al interés público
o o falta grave si supone o conductas de
las conductas implican un delito doloso.
Y es que puede llegar a darse que el incumplimiento de la legalidad
por parte de un funcionario de
también lugar a tipificación es de carácter penal.
Bien, bien.
Esto es lo que sería un poco
este esta obligación general de cumplimiento de la legalidad,
por supuesto, de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.
Importa también destacar la
obligación general que tiene el funcionario
de desempeñar con diligencia las tareas que tenga asignadas.
Bien vuelve a ser una formulación bastante abstracta
que el propio Estatuto Básico en estos artículos.
De una manera redundante.
Pero también desde perspectivas complementarias.
Define desde el punto de vista de este deber.
Como acabamos de ver.
Pero también como principio ético y de conducta.
A través de la especificación de una serie de elementos y de
y de aspectos que tienen en cuenta la eficacia, economía
y eficiencia del funcionario.
O sea que tiene que trabajar bien y mucho.
Tiene que procurar la consecución del interés general
y los objetivos institucionales de la Administración.
Por ejemplo.
Se concreta
que un desempeño diligente obliga al funcionario a resolver en plazo
la instrucción de procedimientos y de los expedientes de
los que sea competente.
Bien, evidentemente el deber de desempeño de las tareas
incluye con carácter amplio.
En primer lugar.
Si el funcionario desempeña la tarea, es decir, si trabaja,
si no trabaja, aquí hay una valoración disciplinaria,
es decir, habrá una infracción disciplinaria.
El funcionario directamente no trabaja.
Otra cosa es cómo desempeña sus tareas y aquí
la valoración vendrá vía evaluación del desempeño
o a través de otro, de otra serie de elementos que ya hemos estudiado.
Por ejemplo, el componente de productividad, etc.
Pero esta obligación de este deber de desempeño
de las tareas con diligencia tendría esta perspectiva
un elemento que se puede tener
en cuenta respecto al deber de desempeño de las tareas.
La obligación del trabajo sería un deber accesorio
que antiguamente se consideraba vinculado al deber de desempeño,
que era el deber de residencia.
Son los reglamentos antiguos con las leyes de función
pública del siglo 20,
pues se hablaba de residencia
en el mismo municipio donde tenía su trabajo.
Evidentemente eso ya se ha ido flexibilizando,
no solo por las características propias del trabajo, sino también
por la propia,
los medios de comunicación
o también la propia
organización de las ciudades, ciudades, dormitorio, etcétera
No tiene ningún sentido esa norma que ha desaparecido.
El deber de desempeño se concreta en última instancia
en el cumplimiento de la jornada de trabajo.
Jornada de trabajo en cómputo general, tal y como se establece
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Hoy en día, con carácter incluso básico para
todas las administraciones públicas, cuestión que ha sido
impugnada ante el Tribunal Constitucional
porque podría suponer una vulneración
de la potestad de organización de cada administración,
pero también cumplimiento de la jornada concreta y específica
que se señala para cada funcionario y en cada servicio administrativo.
Bien, otro de los deberes
que hay que mencionar es el deber de obediencia.
Bueno, era una consecuencia de la jerarquía de la estructura
jerárquica de la administración,
un deber de obediencia jerárquico al superior jerárquico
que hoy en día se formula como un principio de conducta.
Fijémonos obedecerán las instrucciones
y órdenes profesionales de los superiores.
Principio de conducta
en relación con el deber de obediencia.
Siempre se ha planteado un tema clásico
el deber de obediencia de órdenes o instrucciones
que el funcionario considera ilegales.
Bien.
En este caso el estatuto básico al formular ese principio de conducta
habla de que
está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones de los superiores,
salvo que constituyan
una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
Que siempre la situación del funcionario es muy desairada
porque él es el primero que tiene que considerar si es una infracción
manifiesta y corre el riesgo de incumplir
la orden del superior y a su vez entonces
ser expedientado por una sanción disciplinaria
de incumplimiento de las órdenes.
En este caso, el Estatuto ha intentado
darle una salida, un mecanismo al funcionario, dice
Si el funcionario considera ilegal o manifiestamente ilegal
una orden del superior, lo pondrá inmediatamente
en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
Bien, como digo, la normativa o la regulación jurídica nunca puede
responder ni garantizar
o cubrir todas las situaciones
fácticas y vitales que un funcionario experimenta
cuando recibe una orden que considera ilegal.
Y ni siquiera estos procedimientos o este expediente
de poner la situación o poner la orden en conocimiento
del órgano de inspección procedente, pone al funcionario
al abrigo de eventuales represalias por parte del superior jerárquico
en cuestión y, en última instancia, ante una situación indeseable.
Con lo cual, a veces esa espada de Damocles
que pende sobre el funcionario no sólo es una espada de Damocles
que pende sobre su cabeza, sino que también se tiene otra espada
entre él y la pared de la ilegalidad y el superior jerárquico.
Bien, este deber de obediencia.
Insisto, desde el punto de vista procedimental, supone
una situación y un
una obligación que los tribunales, según las circunstancias,
han tenido que considerar para responder a la situación
de justicia del caso concreto, que en muchas ocasiones
es complicado de prever o es prácticamente imposible
prever en una regulación general.
Otra de las obligaciones que pesan sobre los funcionarios
es el deber de discreción y secreto profesional.
Aquí hay dos vertientes.
En primer lugar, la obligación de secreto respecto a las materias
clasificadas o cuya difusión esté prohibida legalmente, es decir,
hay una clasificación de una información o de un documento
como clasificado o una información clasificada o reservada.
Ahí hay un deber de secreto y además de una manera
reforzado.
Otra cosa es lo que se conoce como debida discreción.
Lo que antes se conocía como sigilo sobre aquellos asuntos que conozcan
por razón de su cargo, prohibiéndole
el uso de la información obtenida
para beneficio propio de terceros y en perjuicio del interés público,
y evidentemente, también interés de los interesados.
Pensemos, por ejemplo,
en el conocimiento que uno pueda tener trabajando
en determinados sitios sobre información de terceros, expedientes
sancionadores
de tráfico de famosos, etc
Un funcionario siempre puede tener debe guardar la debida
discreción sobre conocimiento o documentos
de los que tiene conocimiento por el ejercicio de sus funciones.
Y de hecho aquí hoy se tipifican como faltas muy graves
la publicación o utilización indebida de información
o la negligencia en la que ustedes, secretos oficiales.
Entonces es una cuestión
que el ordenamiento
hace pesar mucho sobre los funcionarios que.
Que no difundan informaciones de las que tienen conocimiento
por el ejercicio de sus funciones,
lo cual también hay que conciliarlo con otra obligación
que pende sobre ellos,
que es el principio de transparencia y sobre todo, del deber de informar.
El deber de informar, o sea, el derecho de informar
a los ciudadanos cuando haya un interés legítimo.
Y esta conciliación entre el deber de discreción,
el secreto en caso más reforzado y el deber de información
también
la normativa lo tiene que articular de una manera
en cada legislación, en cada normativa particular.
Lo que hay que hablar también del deber de imparcialidad,
de imparcialidad
vinculado también al de objetividad en el ejercicio de sus funciones.
Y también podríamos decir, de neutralidad,
que sobre esto hablaremos
justo a continuación.
La imparcialidad
se formula en el Estatuto básico del empleado público
como un principio ético y además con diferentes manifestaciones.
Habla de que el funcionario deberá salvaguardar
o velar por los intereses generales de los ciudadanos.
Cumplir con objetividad orientada a la imparcialidad y el interés común
en el desempeño de sus funciones.
Y sobre todo habla claro
descartando factores familiares, corporativos, clientelares, etc.
Con principios general.
Todo ese tipo de consideraciones ajenas al interés público
que de alguna manera desvirtuaría el interés general
al que se debe el funcionario
en el ejercicio de sus funciones y se concretan cuestiones.
Por ejemplo, el deber de abstención.
Si hay un interés particular o un potencial conflicto de intereses.
Por ejemplo.
Concreta un principio de conducta habla de que se rechazará
cualquier regalo o favor o servicio en condiciones ventajosas
que vaya más allá de los usos habituales sociales y de cortesía,
sin perjuicio de la exaltación del Código Penal.
Los típicos regalitos, etc.
Pues.
Que dice que vaya más
allá de los usos habituales sociales y de cortesía.
Bueno, pues evidentemente este tipo de conductas.
Un funcionario que reciba una cesta de Navidad, pues a lo mejor eso no,
no afecta a su imparcialidad, pero si le regalan un coche,
pues a lo mejor eso ahí ya se puede, se puede.
Viajes, coches, se le pagan cosas, etcétera Pues se puede poner en duda,
evidentemente su imparcialidad se puede
y se debe poner en duda su imparcialidad.
Por último, el deber de neutralidad
política del funcionario, en el sentido de que, claro,
el funcionario se le reconoce un estatuto jurídico muy garantizado
para el ejercicio independiente de sus funciones.
Y desde ese ejercicio independiente y desde esa garantía jurídica
que tiene en el ejercicio de la misma y que se ve al abrigo de la medida
de lo posible, de,
por ejemplo, una inamovilidad en la condición de funcionario,
de una cierta garantía en el puesto de trabajo que ocupa, etc
Desde esas garantías, desde esa situación jurídica,
digamos un tanto privilegiada que le garantice esa inamovilidad.
En contrapartida, también se exige del funcionario
una neutralidad respecto a la política.
Así como se al político se le exige una
que respete la independencia y la imparcialidad
en el ejercicio de las funciones del funcionario.
Al funcionario se le exige también que respete
el campo político
que es ajeno a él y que es propio de la política.
Habla, por ejemplo, el Estatuto básico del empleado
público y tipifica como falta muy grave la violación.
Habla de la imparcialidad utilizando las facultades atribuidas
para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
Es una concreción
muy, muy, muy singular, pero en última instancia, es lo que
antiguamente la
neutralidad de los funcionarios exigía con muchísimo mayor rigor.
Hoy en día hasta esta neutralidad hay que conciliarlo
con la libertad de opinión
y de expresión que el funcionario, en cuanto ciudadano,
ostenta como derecho fundamental,
y aunque tiene unas matizaciones y limitaciones, su ejercicio,
especialmente para determinados colectivos,
es uno también de los grandes problemas
que presenta hoy en día nuestra función pública.
Y es una función
pública, o mejor dicho, funcionarios
cuya desde un punto de vista formal y material,
su neutralidad puede ser puesta en duda.
Esto a qué lleva?
Pues lleva a que
cuando llegan otros políticos y se hacen cargo de la administración,
en la medida que hay instrumentos jurídicos que pueden utilizar?
Pues claro que se van a encontrar con funcionarios que políticamente
sean significado en un sentido o en otro,
e incluso en ocasiones abiertamente en contra de esos políticos.
Y entonces nos encontramos que, o bien los políticos que pasan a
dirigir la administración
van a utilizar mecanismos legales, que es lo más grave,
que sean legales,
pero también ilegales, lo cual en principio
el funcionario se puede defender mejor,
pero no sólo mecanismos de represalia,
sino incluso qué han hecho los políticos y llevan haciendo
desde mediados del siglo 20 crear estructuras administrativas
o personal de carácter más político en la función pública.
Por qué?
Porque desconfían de un funcionariado
que en ocasiones se ha significado políticamente
y que no ha observado a lo mejor una neutralidad, incluso
desde un punto de vista personal como obligación personal
más exigente.
Se han ido rodeando los políticos de personal eventual, de confianza,
han ido ampliando los márgenes de la libre
designación para puestos en la administración pública, etc,
para ir rodeándose de personal de su confianza.
Por qué?
Porque desconfían de funcionarios que se han significado
políticamente o
cuya o de cuya neutralidad duda.
Insisto, que son aplicaciones patológicas.
Son situaciones patológicas
que, desde el punto de vista de la política,
desde el punto de vista del funcionariado profesional,
se han producido por una relajación en este deber
de neutralidad de los funcionarios y también por una relajación.
No hay que olvidarlo, del respeto
de los políticos hacia los funcionarios.