Este vídeo clase
pretende introducir a los alumnos en el tema del decreto legislativo.
El decreto legislativo es una de las formas
por las que produce derecho, produce un derecho
los órganos centrales del Estado,
pero es una fuente del derecho peculiar.
Como saben ustedes, el derecho es producido básicamente
por las cortes generales que aprueban las leyes y por el gobierno
que aprueba los reglamentos, pero este esquema bastante simple
se ve alterado sustancialmente por la posibilidad que tiene
el gobierno de producir normas con fuerza y rango de ley.
Son los decretos -leyes y los decretos legislativos
que tenga la misma fuerza que las leyes,
significa de un lado que pueden derogar leyes anteriores
fuerza activa y de otro lado que solo pueden
ser derogados por una norma con fuerza de ley,
fuerza pasiva y que tengan también el rango de las leyes implica
y que en principio en principio su validez solo
puede ser controlada por el Tribunal Constitucional
a través del recurso de la cuestión de inconstitucionalidad.
El decreto -ley y el decreto legislativo
como normas del gobierno con fuerza y rango de ley
se diferencian radicalmente por su origen
y por el contexto de su aprobación.
El primero, el decreto
-ley es aprobado por el Gobierno por iniciativa propia
y ante una situación de extraordinaria y urgente
necesidad.
El decreto legislativo, sin embargo,
es aprobado por el Gobierno por encargo expreso
de las cortes generales;
encargo formalizado a través de una ley
llamada de delegación.
Qué atribuye al gobierno la potestad necesaria
para dictar una norma con rango de ley?
En una materia determinada?
En esta clase introductoria,
pretendemos solo introducir valga la redundancia al alumno
en el estudio de una estas fuentes del derecho, el decreto legislativo,
y para ello nada mejor que realizar una lectura detallada
de la correspondiente regulación constitucional.
Podríamos decir que esta clase la seguirán los alumnos de manera óptima
si tienen delante de si los artículos 82 a 86
de la Constitución, conforme al artículo 82,
las cortes generales podrán delegar en el gobierno la potestad
de dictar normas con rango de ley y dice el artículo 85
que las disposiciones del Gobierno,
que contengan legislación delegada recibirán
el título de decretos que cifra y esto nos permite diferenciar
de un lado entre la delegación legislativa
que realizan las Cortes a favor del gobierno
y la legislación delegada,
que aprueba el Gobierno por delegación de las Cortes.
Distinguimos entre la ley de delegación,
qué es la que materializa la delegación legislativa
y el decreto legislativo, que es la norma del gobierno
que contiene la legislación delegada.
La potestad delegada es la capacidad que tiene el gobierno
para dictar un concreto, Decretolegislativo la norma,
como han visto ustedes, con un nombre especial
y con un régimen jurídico también particular,
y es una potestad la potestad delegada que atribuyen las Cortes,
al Gobierno mediante la delegación.
Es importante destacar aquí que no estamos ante la potestad
reglamentaria que el gobierno tiene de manera permanente conforme
al artículo 97 de la Constitución.
El Gobierno,
además esa potestad reglamentaria produce derecho
a través de otras potestades, por ejemplo, a dictar decretos-leyes
o cuando se la delegan las Cortes dictar un concreto
Decretolegislativo.
La ley de delegación es el acto formal
por el que las Cortes atribuyen al gobierno
la potestad delegada es, necesariamente una ley de Cortes,
como dice el artículo 82.
1, las cortes generales podrán delegar al gobierno,
no cabe una delegación legislativa, por ejemplo a través de un decreto
-ley o mediante otro decreto legislativo,
y esta ley de Cortes es siempre una ley ordinaria,
aunque pueda tener una forma específica, que es la ley de bases.
Luego hablaremos de ley ordinaria
en el sentido de que no es una ley orgánica,
pero hay dos tipos de delegación legislativa,
una que se otorga a través de una ley de bases
cuando se trata de refundir
-perdón, de formar un texto articulado,
y otra que se otorga a través de una ley ordinaria
que no es de bases.
Cuando se trata de refundir varios textos legales,
en los ambas son repito leyes ordinarias,
pero la ley de bases tiene unas características especiales,
adelantemos una;
luego nos detendremos en otros las leyes de bases;
han de ser aprobadas por el pleno de las cámaras,
por el Congreso y el Senado no pueden limitarse a pasar
por las correspondientes comisiones legislativas.
Así lo dispone el artículo 75 de la Constitución Española.
Aunque las cámaras pueden delegar en comisiones legislativas
permanentes la aprobación de proyectos y proposiciones de ley
quedan exceptuadas de esto,
entre otros las leyes bases del mismo modo
que el órgano delegante son necesariamente las cortes generales;
el órgano delegado es necesariamente el gobierno de la nación y no
cualquier otro órgano diferente.
Así lo especifica el artículo 82, uno de la Constitución
y lo repite el apartado tres del mismo artículo.
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno,
precisando además que la ley de delegación tampoco
podrá permitir la subdelegación autoridades distintas
del propio gobierno.
Esto es la ley de delegación que no puede delegar
en un órgano distinto del Gobierno.
Tampoco puede permitir que el Gobierno
se desentienda de su tarea atribuyéndoselas
a otro órgano distinto, por ejemplo, a un ministro concreto
o a una de las comisiones delegadas formadas
por un grupo concreto de ministros.
Porque esas otras precisión importante el Gobierno
al que alude el precepto constitucional
es el gobierno en pleno el Gobierno del artículo 98 de la Constitución,
compuesto por el presidente, los vicepresidentes, en su caso,
los ministros y los demás miembros que establezcan.
El gobierno no tiene la potestad de aprobar decretos legislativos
en general, sino que les atribuye en cada caso,
por la ley de delegación,
la potestad de atribuir de aprobar un concreto decreto legislativo
para evitar equívocos y malentendidos,
la atribución de competencias de ser siempre expresa,
lo dice de dos modos diferentes por dos veces,
el artículo 82.
3, la delegación legislativa para de otorgarse al Gobierno
de forma expresa no podrá entenderse concedida de modo implícito
esta atribución de potestad.
Está además ceñida a una materia concreta
y determinada.
También esto lo repite la Constitución
en el apartado uno en el apartado tres del artículo 82,
habla de normas con rango de ley sobre materias determinadas,
y dice también la delegación legislativa
agradece otorgarse al Gobierno para materia concreta.
La insistencia tiene que ver con algunas experiencias pasadas
en las que se producían las llamadas delegaciones en blanco.
Las Cortes permitieron al Gobierno aprobar normas con rango de ley.
Decretolegislativo se en cualesquiera materias,
con lo cual investigando una potestad legislativa plenaria.
Por lo demás, no cualquier materia puede ser objeto de delegación.
El artículo 82.
1.
Excluye de la delegación las materias reservadas a ley orgánica,
porque dice que será la delegación sobre materias determinadas
no incluidas en el artículo anterior,
artículo anterior.
Recuerdan ustedes?
Es el 81,
que en su apartado primero enumera las materias propias
de leyes orgánicas.
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo
de los derechos fundamentales, etc.
Etc. Pero además de las materias propias de ley orgánica
hay otras materias que no son susceptibles de delegación.
Entre ellas están los supuestos en los que la Constitución
ha previsto que la correspondiente regulación
se adopte por un procedimiento específico,
diseñado al procedimientos especiales, que, por tanto las Cortes
no pueden subvertir atribuyendo al Gobierno.
La aprobación de la regulación correspondiente
están contemplados, por ejemplo,
para los presupuestos generales del Estado,
o ocurre esto también cuando una materia está reservada
al pleno de las cámaras?
Tampoco puede delegarse en el gobierno
la adopción de actos que no son propiamente legislativos
sino actos.
Se control, por ejemplo, la autorización para rectificar
tratados internacionales.
La potestad delegada,
que surge de una concreta delegación legislativa, tampoco es permanente;
tiene que tener un plazo específico de vigencia delimitado
lo dice de nuevo por dos veces el artículo 82.
3.
La delegación legislativa para otorgarse con fijación del plazo
para su ejercicio no podrá entenderse concedida por tiempo indeterminado,
y dentro de ese plazo, la delegación solo
puede usarse una vez el gobierno.
No puede enmendar un decreto legislativo
que ya ha aprobado haciendo uso de la misma delegación,
aunque lo pretende hacer dentro del plazo inicialmente concedido.
También lo dice el artículo 82.
3, la delegación se agota por el uso que de ella haga
el gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente.
Una vez que ha aprobado el decreto legislativo correspondiente,
el Gobierno pierde la potestad delegada,
no puede volver a ejercerla,
a no ser que haya una nueva delegación, transportes.
Por lo demás, las Cortes pueden en cualquier momento
derogar la delegación y de ese modo privar al Gobierno de la posibilidad
de aprobar el correspondiente decreto legislativo
lo pueden hacer de modo expreso,
incluyendo en una ley una disposición derogatoria
que deje al Gobierno sin la potestad.
Pero también de modo tácito,
simplemente aprobando una ley que regule la misma materia delegada
y con eso dejan claro que ya no quieren que sea el gobierno
que una regule, sino que quieren apropiarse de nuevo
de esa regulación.
Ahora bien, en este último caso siempre podrían quedar dudas
acerca de si las Cortes querían realmente privar al Gobierno
de esa potestad delegada o, por ejemplo,
solo regular un aspecto de la materia,
dejando en vigor la delegación para el resto de la misma.
Por eso dice el artículo 84 que cuando una proposición de ley
una enmienda fueran contrarias a una delegación legislativa
en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación
y en tal supuesto dice el artículo podrá presentarse
una proposición de ley para la derogación total o parcial
de la ley de delegación.
Esto significa, en resumen, que el gobierno,
para evitar dudas sobre la pervivencia
o no de la propia potestad, puede exigir a las Cortes
que la derogación de la delegación sea expresa.
Ya hemos dicho antes que hay dos tipos de delegación legislativa
y lo dice el artículo 82.
2, que leo.
La delegación legislativa
de otorgarse deberá otorgarse mediante una ley de bases,
cuando su objeto sea la formación de textos articulados
o por una ley ordinaria,
cuando se trata de refundir varios textos legales
en unos dos tipos de delegación y por tanto, también dos tipos
de decreto legislativo.
El texto articulado
y el texto refundido el el texto articulado supone que las Cortes
han aprobado previamente una ley de bases;
tales bases dice el artículo 82,
cuatro delimitaran con precisión el objeto y el alcance
de la delegación legislativa y los principios y criterios
que han de regirse que han de seguirse en su ejercicio.
De este modo, las cortes generales adoptan, digamos,
las grandes líneas de la regulación,
y encargan al Gobierno la redacción de la norma definitiva,
en la cual se aborden los aspectos técnicos
y las cuestiones de detalle.
El artículo 83 contiene dos precisiones adicionales.
De un lado, las leyes de bases no podrán en ningún caso
autorizar la modificación de la propia ley de bases.
No puede permitir la ley de bases,
ni siquiera delimitándolos, para supuestos específicos etc,
que se alteren por parte del gobierno,
las líneas maestras que ella misma fijar y la ley de bases dice.
El artículo 83 tampoco puede facultar para dictar normas
con carácter retroactivo.
Esto es la posible retroactividad del texto articulado debe
ser fijado por la propia ley de bases no atribuirle al Gobierno
el arbitrio para determinar en cuanto al texto refundido.
Dice la Constitución que pretende refundir varios textos legales.
En uno solo se trata por tanto de reunir en una sola norma
en una sola ley las disposiciones legislativas
que afectan a una materia y que con frecuencia están dispersas
en leyes diferentes épocas distintas
es una práctica relativamente habitual
cuando se regula parcialmente una materia
y de paso se encarga al Gobierno
que reúne esa nueva que reúna esa nueva regulación
con las regulaciones contenidas en normas anteriores.
Dice el artículo 82 en su apartado quinto,
que la autorización para refundir textos legales
determinará el ámbito normativo
a que se refiere el contenido de la delegación.
Especificando si se circunscribe a la mera formulación
de un texto único o si se incluye la de regularizar,
aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
Determinar el ámbito normativo es simplemente especificar de manera
más o menos precisa las leyes las normas que han de ser objeto
de refundición.
En cuanto a esta tarea de regularizar,
aclarar y armonizar las disposiciones refundidas en realidad
se produce siempre de alguna manera, porque al formular un texto único
siempre se ordenan los preceptos existentes,
y esa ordenación siempre supone alguna regularización, por ejemplo,
de la terminología que podía
ser discordante alguna aclaración de preceptos confusos
o alguna armonización de preceptos, quizá parcialmente discordantes
y de esa tarea armonizadora.
Ni siquiera se libra la propia ley
en la que se encuentra la disposición delegante,
porque el artículo 83,
que se refería a las leyes de bases, interpretado sensu contrario,
esto es al entender que no se refiere al texto refundido,
supone que este texto refundido puede modificar
la propia ley en la que se contiene la delegación.
Ya hemos dicho que normalmente es una ley de reforma parcial
de una materia
y que quizá haya que armonizarla con las demás que rigen
en esa materia.
La cuestión más complicada de esta lección es seguramente,
la del control judicial de los decretos legislativos.
Como sabemos, o normas con rango de ley moderno,
de acuerdo con el artículo 163 de la Constitución,
la invalidez de las normas con rango de ley solo
puede ser determinada por el Tribunal Constitucional
y los jueces ordinarios no pueden inaplicar una norma con rango de ley
que consideren inválida,
sino que deben remitir la cuestión al Tribunal Constitucional,
pero el apartado seis del artículo 80 tros 82
dice.
Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales,
las leyes de delegación
podrán establecer fórmulas adicionales de control,
y eso hace pensar que en los tribunales en plural
no solo el Tribunal Constitucional tienen algunas competencias
de control que van más allá de la posibilidad
de plantear la cuestión de inconstitucionalidad.
Esto ha dado lugar a infinidad de debates doctrinales,
yo mismo hice mi tesis doctoral sobre este apartado.
En la práctica,
sin embargo se ha impuesto la tesis del llamado doble control.
Si el decreto legislativo es contrario a la ley de delegación,
estamos ante una norma con rango de ley que es inválida
y, por tanto, puede ser sometida al control
del Tribunal Constitucional,
pero a la vez es una norma que no es propiamente inconstitucional
sino ilegal,
porque se opone a una ley.
La delegación y, por tanto,
puede ser controladas por los tribunales ordinarios,
que controlan la ilegalidad de los reglamentos
y, en este caso también de una norma con rango de ley
es la tesis que a la postre ha consagrado la ley reguladora
de la jurisdicción contencioso
-administrativa cuando dice que los juzgados
y tribunales del orden contencioso
-administrativo conocerán de las pretensiones
que se deduzcan en relación con los decretos legislativos
cuando excedan los límites de la delegación,
sin el decreto legislativo,
sin embargo, no se opone a la ley de delegación,
sino que es directamente contrario a la Constitución,
el único control posibles,
naturalmente el del Tribunal Constitucional.
Por último, habría que recordar que, junto con los controles judiciales,
la Constitución prevé la posibilidad de unos controles adicionales.
Las leyes de delegación dice.
Podrán establecer en su caso fórmulas adicionales
de control bajo control adicional.
Puede entenderse, pueden entenderse
los trámites de elaboración del decreto legislativo
que en cierto modo son un control de la acción del gobierno,
por ejemplo, el dictamen preceptivo del consejo de Estado
también son imaginables controles posteriores
a la acción del gobierno.
Sin embargo, tales controles sobre el decreto legislativo
ya formulado por el gobierno se han reducido en la práctica
a la posibilidad posibilidad de un debate parlamentario
sobre el ejercicio de la potestad delegada por parte del Gobierno,
debate que en la práctica además ha carecido de consecuencias jurídicas,
y con todo esto terminamos la lectura comentada
de los preceptos constitucionales referidos al decreto legislativo.
Una norma, como han visto ustedes,
que aprueba el Gobierno pero que tiene fuerza y rango de ley
y que, pese a tener rango de ley, en la práctica,
no es inmune o no es siempre inmune al control
de la jurisdicción ordinaria.
Esta cuestión y algunas otras hubieran,
merece merecido un análisis más detenido,
pero aquí nos limitamos a lo básico, que es conocer
con detalle y con precisión la regulación constitucional.
Un conocimiento que es imprescindible para entender
que se domina la materia.
Muchas gracias.