Esta lección nos habla de las competencias
del Tribunal Constitucional.
Se puede dividir la elección en cuatro grandes apartados,
que son el recurso de constitucionalidad,
la cuestión previa de inconstitucionalidad,
el control previo de constitucionalidad,
de los tratados internacionales
y, por último, el recurso de amparo constitucional.
Vamos a hacer un breve guion, una breve introducción
de cada uno de los apartados en el recurso de constitucionalidad.
Vamos a fijarnos en la función del recurso,
en el objeto de control,
en el parámetro de constitución de constitucionalidad
y en el curso del proceso.
La función primordial de todo Tribunal Constitucional
es la supervisión de la actividad legislativa
a través del recurso de constitucionalidad.
El Tribunal Constitucional vela porque el legislador constituido
no contravenga los mandatos constitucionales
y define la potestad legislativa ordinaria,
de modo que ni sustituya la función del poder constituyente ni invada
la que es propia del Tribunal Constitucional.
La función principal del Tribunal Constitucional
es la defensa objetiva de la Constitución,
afirmar su primacía y privar de todo efecto
a las leyes contrarias a la misma excluyendo del ordenamiento
a las leyes disconformes con la Constitución.
El objeto de control viene establecido en el artículo 161.
1.
A de la Constitución.
Este se refiere al recurso de inconstitucionalidad contra leyes
y disposiciones normativas con fuerza de ley.
El desarrollo normativo de la previsión constitucional
se encuentra en el artículo 27 dos de la ley orgánica
del Tribunal Constitucional.
Cuál es el parámetro de constitucionalidad bien
para apreciar la la conformidad o disconformidad con la Constitución
de una ley del Estado o de las comunidades autónomas.
El tribunal considera, además de los preceptos constitucionales,
las leyes queden dentro del marco constitucional,
se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado
y de las diferentes comunidades autónomas o para regular
o armonizar el ejercicio de las competencias de estas
es el denominado bloque de constitucionalidad
el curso del proceso.
En el curso del proceso distinguimos la legitimación,
están legitimados activamente.
El presidente del Gobierno, el defensor del pueblo,
50 diputados, 50 senadores y en su caso los órganos colegiados,
ejecutivos y las asambleas de las comunidades autónomas.
El fundamento de esta legitimación activa
reside en la alta cualificación política de estos sujetos,
legitimados que se infiere de su cometido constitucional.
En el iter procesal podemos distinguir varios hitos,
plazo de interposición, contenido de la demanda
a mis admisión a trámite, de la demanda,
sujetos llamados a personación y sentencia.
Estos son los hitos de este iter procesal.
La sentencia tiene los siguientes efectos.
Primero vamos a recordar que la admisión del recurso
no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la ley,
y la sentencia tendrá valor de cosa juzgada,
es decir, no puede interponerse recurso,
contra ellas tiene además efecto erga omnes,
es decir, plenos efectos frente a todos.
La sentencia igualmente declarara la nulidad
de los preceptos impugnados, así como en su caso
la de aquellos otros de la misma ley,
disposición o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse
por conexión o consecuencia la declaración de inconstitucionalidad.
Expulsa la norma afectada del ordenamiento jurídico.
Aparte del recurso de constitucionalidad.
Hay otras modalidades del recurso para dilucidar
la posible inconstitucionalidad de las normas.
La primera que vamos a estudiar es la cuestión.
Prevé previa de inconstitucionalidad promovida por los órganos
de la jurisdicción ordinaria.
Es esta una manifestación de la jurisdicción difusa
en un sistema de jurisdicción concentrada como es el español
cuando un órgano jurisdiccional considere en algún proceso
una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validez
depende del fallo pueda ser contraria a la Constitución.
Planteara la cuestión ante el Tribunal Constitucional
también la persona física o jurídica entiende
que una norma con fuerza de ley es nula por inconstitucional
en el caso de que la norma desea de aplicación determinante
en un proceso en el que es parte podrá solicitar del juez o tribunal
que entiende que entiende de su caso
que él mismo interponga cuestión de inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional.
Es decir,
la cuestión de inconstitucionalidad se puede suscitar por el órgano
de la jurisdicción ordinaria ante el Tribunal Constitucional,
bien de oficio, bien a instancia,
eso sí a instancia no vinculante de parte.
La sentencia que recaiga en la cuestión
de inconstitucionalidad tiene también el valor de cosa juzgada,
vincula a todos los poderes públicos y produce efectos generales
desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Otra, la tercera parte.
El tercer apartado del tema tiene una pequeña referencia al control
previo de constitucionalidad de los tratados internacionales.
Mediante esta modalidad de control de constitucionalidad,
el Gobierno o cualquiera de las cámaras
podrán requerir al Tribunal Constitucional
para que se pronuncie sobre la existencia
o en o inexistencia de contradicción entre la Constitución
y las estipulaciones de un tratado internacional
cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado,
pero al que no se hubiera prestado a un consentimiento del Estado.
Por último, vamos a dedicar nuestra atención
al recurso de amparo constitucional.
La razón de ser de este recurso
es la protección de los derechos de los ciudadanos, al mismo tiempo
que sirve de protección objetiva de la Constitución
y sirve a la conveniencia de formular una doctrina constitucional
sobre el alcance y contenido de los derechos
y libertades consagrados por la Constitución española.
Es un recurso este carácter extraordinario.
Ya un subsidiario de la jurisdicción ordinaria.
El restablecimiento del derecho debe primariamente
tratar de conseguirse ante los tribunales ordinarios,
empleando todos los medios de impugnación normal existente
en las normas procesales y solo
cuando fracasen abrir el proceso de amparo.
El recurrente debe alegar y acreditar
que el contenido del recurso justifica una decisión
sobre sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional,
en razón a su especial trascendencia constitucional, dada su importancia
para la interpretación, aplicación o general eficacia
de la Constitución.
Los derechos protegibles enviar amparo son solo
y exclusivamente la igualdad ante la ley,
las libertades y derechos reconocidos en los artículos 15 a 29
de la Constitución y la objeción de conciencia,
sin que quepa extender el amparo a otros,
a otros por vías indirectas.
Estamos ante una garantía de las personas
frente a los poderes públicos.
La ley orgánica del Tribunal Constitucional
reduce el objeto de la impugnación en amparo,
a los actos u omisiones de los poderes públicos.
Considerando a estos como los que disponen de imperio
y están sometidos a la Constitución española,
el recurso de amparo se iniciará por demanda;
habrá de agotarse previamente la vía administrativa
y la judicial.
El tribunal habrá de pronunciarse sobre la suspensión de la resolución
recurrida viendo oficio bien a instancia de parte.
El ministerio fiscal interviene en todos los procesos de amparo,
en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos
y del interés público tutelado por la ley.
La sentencia que recaiga sabrá de pronunciar necesariamente
en uno de estos dos fallos, otorgamiento de amparo
o denegación de amparo, la sentencia que otorgue el amparo
contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes.
Declaración de nulidad, desde decisión,
acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio
de los derechos y libertades protegidos,
con determinación, en su caso de la extensión
de sus efectos reconocimiento del derecho o libertad pública,
de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado
y restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho
o libertad con la adopción de las medidas
apropiadas en su caso para su conservación en el supuesto
de que se estime el recurso de amparo,
porque la ley aplicable lesiona derechos fundamentales
o libertades públicas.
La sala elevará la cuestión al pleno,
que podrá declarar la inconstitucionalidad de dicha ley
en nuevas sentencia.
Las sentencias dictadas en amparo no extienden sus efectos
más allá de la órbita de las relaciones entre las partes.
Es decir, no surten efectos erga omnes
y tienen efectos de cosa juzgada y no pueden ser objeto de recurso
alguno.