El objeto de esta lección es conocer el tratamiento que reciben
los tratados internacionales en nuestra Constitución de 1978.
El tema se compone de tres grandes apartados.
1.
La conexión entre derecho internacional y derecho interno;
2, los tratados internacionales en la Constitución
de 1978 tres la competencia para la celebración de tratados,
la conexión derecho internacional y derecho interno.
La eficacia del derecho internacional depende en amplia medida
de que los ordenamientos jurídicos estatales se conformen
a las normas internacionales.
Las apliquen y les den efectos desde antiguo.
Los constitucionalistas han deseado clarificar la índole
de la relación que existe entre el derecho internacional
y el derecho interno.
Hay dos posiciones
confrontadas la dualista para la cual derecho internacional
y derecho interno son dos sistemas plenamente separados
y, por lo tanto las normas de derecho internacional son irrelevantes;
en la órbita del derecho interno
necesitando de un acto especial de recepción para ser aplicables
en el seno de los ordenamientos jurídicos internos
y la monista, que considera que el derecho internacional
debe prevalecer sobre el derecho nacional.
Una tercera posición son las de los sincretismo,
estás o moderados.
Dentro de las que se puede incluir la solución adoptada
por nuestra Constitución de 1978,
el segundo apartado son los tratados internacionales
en la Constitución de 1978.
La Constitución española carece de un precepto
que establezca de modo directo la vigencia de las normas de derecho
internacional de alcance general en nuestro ordenamiento jurídico,
pero se puede llegar por vía reductiva a la conclusión
de que la Constitución española acepta la vigencia directa
del derecho internacional en nuestro ordenamiento,
partiendo de los artículos 10, dos 90.096.
Uno de la Constitución se pueden desarrollar las notas
de los tratados internacionales en nuestro sistema de fuentes.
El artículo 10.
Dos reconoce que al interpretar los preceptos
de la Constitución española sobre derechos y libertades
hay que aceptar la lectura que mejor se acomode a los convenios
internacionales que sobre la materia haya ratificado nuestro país.
Ello es tanto como acatar la superioridad de las declaraciones
tratados y acuerdos internacionales acerca de los derechos fundamentales
sobre cualquier norma de nuestro derecho interno
que pretendiese con contravenir estos,
pues no solo estaría incurriendo en un incumplimiento
por nuestro estado de obligaciones internacionales
que tiene contraídas,
sino que la norma en cuestión sería sin duda inconstitucional
y también significa sostener la aplicabilidad directa
de un amplio sector del derecho internacional general
en el seno de nuestro ordenamiento jurídico.
El artículo 96.
Uno reconoce la primacía del tratado del tratado internacional
sobre las leyes de nuestro ordenamiento interno,
pues incluso cuando estas fuesen de fecha ulterior
no pueden afectar al contenido dispositivo
de un tratado.
Partiendo,
pues, de estos artículos 10, dos 96 uno de la Constitución Española
se desarrollan las notas de los tratados internacionales
en nuestro sistema de fuentes.
Entre dichas notas se destacan las siguientes.
1.
La Constitución española concibe a los tratados internacionales
como fuente autónoma del derecho.
2.
La Constitución prevalece sobre los tratados internacionales.
Consecuentemente, el artículo 95.
Punto uno dispone que la celebración de un tratado internacional
que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución
exigirá la previa revisión constitucional.
3.
El artículo 93
de la Constitución Española establece que mediante ley orgánica
se podrá autorizar la celebración de tratados
por los que se atribuya a una organización internacional
el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución precepto
este introducido en nuestra Constitución,
con la vista puesta en la adhesión a la Unión Europea,
pudiendo resultar que el tratado pase a ser fuente de fuentes del derecho.
4.
Los tratados internacionales están en principio situados
en un plano de superioridad jerárquica sobre la ley.
El tercer apartado del tema habla de la competencia
para la celebración de tratados.
La celebración de los tratados internacionales
se efectúa a través de un proceso complejo,
sometido a reglas internacionales internacionales e internas,
como constitucionalistas.
Centraremos la atención en las reglas internas
y, especialmente, en las más esenciales
que se encuentran definidas en el propio texto constitucional.
Podemos distinguir varias fases.
Fase inicial
o de gestión que corresponde al gobierno la fase intermedia
o de control que corresponde a las cortes generales,
y la fase final o representación
que corresponde al rey.
Se deduce del artículo 97 de la Constitución española
que el Gobierno dirige la política interior y exterior
y por tanto se encuentra incluida la facultad de adoptar la iniciativa
para negociar un tratado, desarrollar la negociación
y aun y autentificación de textos, lo que incluye toda la fase inicial
de la elaboración de un tratado internacional,
de forma que todo ello es competencia del gobierno de la nación,
de ordinario.
Será precisa la autorización de las cortes generales
para que nuestro estado preste su consentimiento
a un tratado internacional.
Así se deduce de los artículos 63, 3, 93 94
de la Constitución española.
El procedimiento para la autorización previa
de un tratado por las cortes generales
difiere.
Si se trata de los tratados a los que se refiere el artículo 93
de la construcción española,
es decir, aquellos tratados que comportan la atribución
a una organización o institución o institución internacional
del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución,
cuya autorización se hace por ley orgánica
y los tratados relacionados en los artículos 94.
Uno 63.
Tres de la construcción, que son autorizados por las Cortes
mediante un acto denominado decisión o concesión de autorización,
que no reviste forma de ley,
y que precisa del respaldo de la mayoría simple
de ambas cámaras.
La intervención del rey, artículo 63, dos de la Constitución,
dispone que al rey corresponde manifestar
el consentimiento del estado para obligarse internacionalmente
por medio de tratados, de conformidad con la Constitución
y las leyes.
Por último, la publicación de un tratado
en el Boletín Oficial del Estado
es el mecanismo que produce su incorporación automática
a nuestro ordenamiento jurídico.