En esta vídeo clase vamos a hablar del decreto
-ley.
El decreto
-ley es una fuente del derecho, en concreto,
una de las formas por las que producen derecho
los órganos centrales del Estado,
como son lado, el derecho producido en las comunidades autónomas,
como saben ustedes, el derecho del Estado
es producido básicamente por las cortes generales
a través de leyes y por el gobierno a través de reglamento,
pero este esquema se altera por la posibilidad que tiene
el gobierno de producir normas con fuerza y rango de ley,
los decretos -leyes y los decretos legislativos.
La fuerza de ley
porque pueden derogar normas con rango de ley solo
pueden ser derogados por otras normas con rango de ley
rango de ley porque en principio solo
pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional.
Decreto
-ley Decretolegislativo se diferencian radicalmente
por su origen y su contexto de aprobación
del decreto legislativos aprobado por el Gobierno,
previa delegación de las cortes generales,
digamos, por encargo expreso de las cortes generales,
mientras que el decreto
-ley es aprobado por el Gobierno por iniciativa
y potestad propia ante una situación de extraordinaria y urgente necesidad
y tiene una vigencia temporal.
En principio limitada
se dice que es una disposición legislativa provisional
porque ha de ser ratificado, derogada por el Congreso de los Diputados
en el plazo máximo de 30 días en esta digamos clase introductoria.
Se trata solo
de que el alumno conozca un poco una de estas fuentes,
un decreto ley,
y para ello nada mejor que realizar una lectura detallada y detenidas
de la correspondiente regulación constitucional.
En este caso del artículo 86 de la Constitución
un precepto les anticipo que ustedes deben conocer
con toda precisión para acreditar un conocimiento suficiente
de la materia.
Comencemos por el principio del artículo,
que habla de los casos de extraordinaria y urgente
necesidad.
Esta situación es lo que se considera el supuesto de hecho
el presupuesto de hecho,
imprescindible para que pueda ser adoptada las normal decretoley.
Tenemos que estar en primer lugar, ante una necesidad,
la apreciación de que es necesario adoptar una norma;
es en principio una potestad del propio gobierno,
pero eso no quiere decir que cualquier situación
pueda ser entendidas como generadora de esa necesidad.
No hay necesidad, por ejemplo, de adoptar un decreto
-ley.
Si las medidas contenidas en ese decreto ley
hubieran sido adoptadas, hubieran podido ser adoptadas
mediante un reglamento mediante un simple acto administrativo.
Solo hay necesidad de dictar un decreto
-ley.
Si el gobierno pretende innovar el ordenamiento jurídico
y necesita hacerlo a tales efectos,
a través de una norma con rango de ley.
La necesidad además ha de ser dice.
La Constitución extraordinaria esto es escaparse
a las previsiones ordinarias que pudiera haber hecho el gobierno,
tiene que tratarse un acontecimiento relativamente inesperado,
porque en otro caso el Gobierno hubiera debido anticiparse,
aprobando el correspondiente proyecto de ley hábil remitiéndolo
a las Cortes,
para que estas lo hubieran tramitado por la vía ordinaria,
incluso por la vía de urgencia, y además es extraordinaria.
La necesidad ha de ser urgente.
Esto es, debe requerir respuesta inmediata,
y en ese sentido se entiende que necesidad urgente,
cuando la adopción de las medidas normativas,
a través del procedimiento legislativo parlamentario
hubiera ocasionado un retraso en su entrada en vigor,
incompatible con su eficacia,
la capacidad de adoptar decretos leyes, la tiene el gobierno.
Esto es el órgano plenario compuesto por el presidente,
los vicepresidentes, en su caso,
los ministros y los demás miembros que establezcan la ley.
Los decretos-leyes, por tanto no pueden ser adoptados
por el presidente del Gobierno
al margen de las reuniones del Consejo de Ministros
y tampoco por un ministro particular
o por una comisión delegada del gobierno,
y contienen dice el artículo 86 disposiciones legislativas.
Hay que recordar que esto supone que tales disposiciones
están sometidas al control exclusivo del Tribunal Constitucional,
disposiciones legislativas que sin embargo
no son propiamente leyes sino decretos del gobierno,
pero tampoco son decretos que contengan reglamentos,
si no, que contienen disposiciones legislativas.
Por eso tienen un nombre particular decretos
-leyes.
En cuanto al procedimiento
y dada la extraordinaria urgencia y urgente necesidad,
no hay requisitos especiales que cubrir,
aparte de que se formalice el acuerdo.
En Consejo de Ministros,
la forma del decreto cordado en Consejo de Ministros
va ligada a la expedición del mismo por parte del rey,
no a la sanción y promulgación que corresponde
a las leyes parlamentarias, y por último, el decreto
-ley naturalmente ha de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Publicación que, naturalmente, tendrá lugar con la prontitud
exigida por las circunstancias extraordinarias.
La entrada en vigor del decreto ley
se produce conforme al régimen ordinario,
que establece un periodo de vacatio legis de 20 días,
salvo que la propia norma establezca otra cosa,
pero precisamente porque estamos en una situación de extraordinaria
y urgente necesidad, lo normal es que la propia norma
establezca otra cosa.
Respetar la vacatio legis sería casi un indicio
de que no concurre el supuesto de extraordinaria y urgente
necesidad.
Uno de los rasgos más importantes del decreto
-ley, tal y como lo regula nuestra Constitución,
es la existencia de materias en las que no puede entrar
ni siquiera en casos extraordinaria y urgente necesidad.
Puede el gobierno dice el artículo 86.
Adoptar disposiciones que afecten al ordenamiento
de las instituciones básicas del Estado,
a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el título primero, al régimen
de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general.
Todas y cada una de estas expresiones tiene un significado preciso,
por lo que no cabe sustituirlas por otras más o menos equivalentes.
Para empezar, el decreto
-ley no puede afectar a tales materias, por tanto,
no se prohíbe solo la regulación directa, frontal y completa
de esas materias mediante decreto -ley, sino también piense,
prohíbe la incidencia, la afectación a través de regulaciones más
o menos parciales o tangenciales,
y entre las materias que no pueden ser afectadas está en primer lugar
el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado,
entendiendo por tales en términos generales
los órganos constitucionales.
En segundo lugar, los derechos, deberes y libertades
de los ciudadanos regulados en el título
primero de la Constitución.
Esta expresión no limita el espacio excluido del decreto
-ley, a los derechos fundamentales y las libertades públicas
reconocidos en la sección primera del capítulo
segundo del título primero de la Constitución;
ni siquiera limita el espacio excluido del decreto
-ley a este capítulo segundo, sino que se extiende
lo dice expresamente la Constitución
a todo el título primero, incluido el capítulo tercero
de los principios rectores de la política económica y social.
Con ello podría entenderse que el decreto
-ley se convierte en un instrumento casi inútil,
porque casi cualquier regulación que se adopte afectará de un modo
u otro a algunos de los asuntos mencionados en estos preceptos,
y esto se ha salvado, restringiendo en este caso
el significado del verbo afectar, no cualquier norma,
que de algún modo incida en los derechos de deberes
y libertades reconocidos en el título primero de la Constitución.
Se entiende que los afecta en este sentido,
sino solo las normas que establece una regulación más o menos directa
y general de los mismos.
Tampoco puede afectar el decreto -ley.
Tercera exclusión al régimen de las comunidades autónomas.
Por supuesto, el decreto -ley ha de moverse,
como todas las normas producidas por el Estado,
dentro de las competencias del Estado.
Sin infringir el principio de competencia,
sin inmiscuirse en las competencias propias
de las comunidades autónomas, pero además el decreto
-ley tampoco podrá contener ciertas regulaciones que,
si pueden contener las leyes estatales
y que inciden en el régimen de las comunidades autónomas.
Por ejemplo, hay casos en los cuales la delimitación
de una competencia autonómica se encomendada por la Constitución
o por el estatuto a una ley estatal.
Pues bien, esas legislaciones estatales que delimitan competencias
de las comunidades autónomas no podrán ser abordadas por decreto
-ley y, por último, el decreto -ley última exclusión
no puede afectar al derecho electoral general, que es el conjunto de normas
que regulan con carácter general
los procesos de elección de cargos representativos.
La importancia de entender individualizadamente
cada una de estas cuatro expresiones se refuerza cuando se comparan,
por ejemplo, con las del artículo 81.
Uno de la Constitución
que regula las materias propias de ley orgánica.
Son dos preceptos diferentes, con objetivos distintos,
y no puede confundirse una enumeración con otra.
No se puede considerar que estudiando solo una de esas dos enumeraciones
ya sabemos los dos preceptos,
salvo en el caso del derecho electoral general
y el régimen electoral general
que se entienden como expresiones equivalentes.
Es evidente que no es lo mismo afectar a los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el título primero de la Constitución,
que desarrollar los derechos fundamentales
y las libertades públicas,
que se ha entendido como expresión reservada
a la sección primera del capítulo
segundo del título primero.
Tampoco es lo mismo aprobar los estatutos de autonomía
que afectar al régimen de las comunidades autónomas.
Es evidente que un decreto
-ley no puede aprobar un estatuto de autonomía,
pero además hay otras tareas que no pueden ser asumidas por decreto
-ley y, por último, es cierto que la regulación
de muchas instituciones básicas del Estado
está reservada por la Constitución a ley orgánica,
pero puede haber susceptibles,
puede haber instituciones susceptibles
de regulación por ley ordinaria
y cuyo ordenamiento, sin embargo,
esté excluido del decreto -ley.
Las disposiciones legislativas dictadas por el Gobierno
a través de un decreto ley tienen,
dice el artículo 86 uno carácter provisional es, digamos,
la otra cara de la potestad extraordinaria
que se confiere al gobierno pueda aprobar normas con rango de ley,
sin gozar al efecto de ninguna delegación legislativa previa,
pero a cambio tales disposiciones están sometidas a un plazo breve
de caducidad,
caducidad que se produce si entre tanto,
no tiene lugar una intervención parlamentaria determinada.
Es la intervención que regula el artículo 86,
puntos dos de la Constitución,
intervención parlamentaria que corresponde
al Congreso de los Diputados en el control parlamentario.
El decreto -ley no interviene el Senado.
Por eso también es incorrecto decir
que es una intervención de las cortes generales,
que en España es la denominación que corresponde al conjunto
de los dos órganos parlamentarios.
Congreso y senado
y dice la Constitución.
Que el Congreso de los Diputados será convocado al efecto.
Si no estuviera reunido, porque el artículo 73.
Uno dice que hay periodos ordinarios o sesiones de septiembre a diciembre
y de febrero a junio
y dice que pueden convocarse sesiones extraordinarias.
La votación de un decreto
-ley en este sentido es motivo suficiente
para convocar una de estas sesiones extraordinarias.
Por lo demás, en el artículo 78 de la Constitución
se dice que en cada cámara hay una diputación,
permanente, diputación, permanente, que sigue ejerciendo sus funciones,
cuando ya expirado el mandato de las cámaras
o, en caso de disolución de las mismas.
Pues bien, entre las funciones de la diputación permanente
del Congreso, qué tiene que asumir esta diputación permanente?
Cuando el Congreso haya sido disuelto
hubiera expirado su mandato,
están las de asumir las facultades que corresponden al congreso
de acuerdo, entre otros, con el artículo 86,
de modo que si el Congreso está reunido el decreto
-ley lo vota el Congreso,
si el consigno estuviéramos en periodo de sesiones,
habría que convocar una sesión extraordinaria,
y si el Congreso hubiera sido disuelto,
hubiera expirado su mandato de cuatro años.
La votación correspondiente
corresponde a la diputación permanente del Congreso.
Tal debate y votación dice.
El artículo 86 dos será de totalidad,
sobre la convalidación o derogación.
Convalidación que se produce por mayoría simple supino.
Supone superar la provisionalidad que afecta al decreto
-ley originario no se trata de convalidar un decreto
-ley, en principio, nulo defectuoso,
sino solo de darle una firmeza temporal,
que en principio no tenía tal acto de control,
naturalmente también ha de ser publicado en el boe porque
tiene efectos sobre el ordenamiento jurídico.
La derogación supone la pérdida de vigencia del decreto
-ley desde el momento en que ese acuerdo de derogación
se publica en el boe,
también se produce el efecto derogatorio
si el congreso contraviniendo el mandato expreso del artículo
82 seis 86 dos perdón no se pronuncie en el plazo de 30 días.
La ausencia de votación sobre el decreto
-ley equivale a la votación desfavorable,
no a una convalidación, por tanto, el transcurso de los 30 días
sin la publicación en el boe del acuerdo de convalidación
equivale a la derogación del decreto
-ley, efecto derogatorio es que en cualquier caso
se producen desde el día trigesimo o desde el momento de publicación
del acuerdo derogatorio
no se retrotraen al momento de entrada en vigor del decreto
-ley.
Son efectos, por tanto, es nunca.
Sobre el procedimiento parlamentario por el que se realiza tal control,
no nos vamos a detener, simplemente recordaremos el plazo
de 30 días desde la aprobación del decreto
-ley y si hay que insistir en el hecho
de que la decisión parlamentaria verse sobre la totalidad del decreto
-ley, no estamos ante un acto propiamente legislativo
que pueda introducir ir variaciones en normas concretas,
sino ante el control parlamentario de una actividad del Gobierno
entendida como un todo la aprobación del decreto
-ley.
Si el Congreso desea introducir enmiendas,
entonces ha de proceder conforme al artículo 86, punto 3, que dice
que el Congreso de los Diputados puede promover dentro del plazo
de 30 días que las Cortes tramiten como proyecto de ley
por el procedimiento de urgencia el decreto ley convalidado.
En esa tramitación ya interviene el Senado,
porque ya es un proyecto de ley
y ahí ya cabe introducir modificaciones singulares.
El resultado de esa tramitación.
Por tanto, ya no es un decreto
-ley sin una ley de cortes en sentido plena
y como es una ley de cortes ya no está sujeta
a las condiciones de necesidad,
de extraordinaria y urgente necesidad extraordinario y urgente
ni tampoco está sometido a las restricciones materiales
que afectan al decreto.
Para terminar con esta explicación introductoria,
hay que hacer una referencia al control
de constitucionalidad del decreto
-ley en común en cuanto norma con rango de ley,
es susceptible de ser sometida a los procedimientos de control
de la constitucionalidad que afectan a tales normas.
Esto es el recurso y el control de el recurso,
y la cuestión de inconstitucionalidad y tal control puede versar en general
sobre la infracción de cualesquiera disposiciones constitucionales,
pero específicamente sobre la infracción
de las disposiciones constitucionales referidas al decreto ley.
Esto significa, en primer lugar, que el Tribunal Constitucional
puede controlar si concurre el presupuesto habilitante.
Esto es si el decreto -ley ha sido aprobado de verdad
en una situación de extraordinaria y urgente necesidad.
Se reconoce en este ámbito
un cierto margen de apreciación al Gobierno,
pero no faltan resoluciones en las que, por ejemplo,
el Tribunal Constitucional entiende que no se justifica
por razones extraordinaria
y urgente necesidad la aprobación de una norma mediante decreto
-ley, cuya entrada en vigor se dilata varios meses que no se justifica
por razones de extraordinaria y urgente necesidad,
una norma que se limita, deslegalizar una materia
y a encomendar al gobierno que la regule en un tiempo
indeterminado y también control el Tribunal Constitucional;
que el decreto -ley haya respetado sus límites
materiales específicos.
Esto es, que no haya afectado a las materias,
que tiene vetadas control este que se desarrolla naturalmente
sobre el decreto ley, convalidado, pero también puede ser sometido
a control un decreto-ley que haya sido derogado
porque entre la aprobación y la derogación del decreto
-ley del decreto -ley estado en vigor,
y como estuvo en vigor puede ser aplicable a supuestos
de hecho correspondientes a ese periodo,
y lo mismo ocurre con un decreto
-ley que haya sido convertido en ley a partir de la conversión en ley.
Quién rige la ley?
No el decreto
-ley, pero entre tanto el decreto rey ha regido y puede ser aplicable
y por tanto puede ser objeto de control.
Se ha discutido si la ley posterior tiene pleno alcance retroactivo
y, por tanto, cubre con su aplicación
en el período entre la entrada en vigencia del decreto ley
y su propia entrada en vigor.
En este caso el decreto
-ley hubiera tenido una aplicación solo provisional.
La regulación de los supuestos de hecho,
correspondería en realidad a la ley posterior,
y por eso el decreto -ley sería incontrolable
en cuanto al presupuesto habilitante y a los excesos materiales,
dado que la ley posterior no está sometida
a esas restricciones.
Eso podría ser así en la medida
en que la ley tenga de verdad eficacia retroactiva,
pero de un lado la ley puede tener un contenido diferente
al decretoley de otro.
No toda retroactividad es admisible en nuestro ordenamiento.
Por eso las disposiciones, un decreto
-ley sancionadoras o restrictivas de derechos individuales
que no queden cubiertas por la ley no quedan cubiertas
por la ley posterior.
Pueden seguir siendo sometidas a control autónomo
por parte del Tribunal Constitucional acerca de la necesidad
o acerca de las restricciones materiales.
Con esto terminamos la lectura comentada del artículo 86
de la Constitución.
Nos hemos limitado a lo más básico,
pero lo cierto es que el conocimiento detallado y preciso
de esta regulación constitucional es imprescindible
como introducción a la materia.
Muchas gracias.